En una entrevista realizada por la periodista Sebastiana Barráez, para Quinto Día, el mayor general Hebert García Plaza, ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ex ministro de Alimentación, ahora con orden de captura bajo la acusación de peculado y concierto con contratista, afirma haber tocado intereses contra algunas empresas de maletín.
El militar no duda que la causa de la investigación es haber denunciado a empresas de maletín que recibieron dólares y no importaban la mercancía, particularmente quienes gestionaban la compra de carne. Asegura que tocaba a personeros del gobierno.
García Plaza señala que el presidente Nicolás Maduro quería que se tomaran acciones contra Makro y Empresas Polar.
Niega ser responsable de los presuntos hechos de corrupción de los que se le acusa y cree que lo quieren como el chino de Recadi en la lucha contra la corrupción.
Sus abogados evalúan las audiencias para tomar la decisión de presentarse en los tribunales, aunque dijo desconfiar de la justicia venezolana y «menos cuando hay una orden superior».
La investigación penal se inició en enero de 2015, cuando salió del país.
A García Plaza se le acusa de haber adquirido tres buques españoles usados para la Nueva Conferry en precarias condiciones, cuyo mantenimiento representó una importante suma de dinero Por Cencoex se gestionaron repuestos por $10 millones, pero nunca llegaron, aseguró.
La entrevista completa puede leerla aquí.
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Esta investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción de España ha revelado también que esta familia tiene en ese país un cuantioso patrimonio inmobiliario adquirido con dinero de las mafias que se formaron a través de Pdvsa
Dos senadores de Estados Unidos pidieron el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump investigar los vínculos entre el gigante estatal chino de telecomunicaciones ZTE y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La oficialista Asamblea Constituyente, que rige Venezuela con plenos poderes, anunció este miércoles que investigará a opositores que considera impulsaron el veto de Estados Unidos a la criptomoneda lanzada por el mandatario Nicolás Maduro.
