¿Y Petro se pasó de la raya?

La figura del hoy expresidente de Colombia ha estado, habitualmente, en el foco de la polémica pública. Pero esta vez, Gustavo Petro parece haber cruzado una delgada línea sobre lo que es o no permitido desde el poder público. El detonante del nuevo escándalo fue la entrevista publicada por la revista Semana a finales de octubre, en la que Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, de 26 años, relató ante la periodista y ex candidata presidencial, Vicky Dávila, detalles de su relación con Petro.

La versión que hizo pública esta joven mujer es la de una relación con el hombre de poder político que comenzó en 2019 —cuando Petro era senador y ella trabajaba haciendo contenidos para adultos— y se prolongó con encuentros íntimos y favores sexuales a cambio de contratos públicos, incluso mientras ejercía la jefatura del Estado.

Jiménez describió una red de entre 30 y 40 mujeres, en su mayoría jóvenes, con formación básica (bachilleres) y antecedentes en el trabajo sexual o de webcam, que habrían sido “instrumentalizadas” mediante órdenes de prestación de servicios o vinculaciones en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia. 

La revista Semana difundió fragmentos de chats, fotografías de prendas, dinero y sustancias que la denunciante presentó como evidencia, además de copias de contratos. Días después, Jiménez publicó un video de aproximadamente 50 segundos en el que se observa un beso con el entonces presidente, y posteriormente ratificó su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia y entregó material a la Fiscalía.

Lo que eleva el caso más allá de la esfera privada es la existencia de registros públicos verificables. Según revisiones reportadas por la propia Semana, así como los periódicos El Colombiano y El País de Cali, Jiménez suscribió alrededor de diez contratos de prestación de servicios entre 2021 y 2026, por un valor total cercano a los 126-135 millones de pesos (unos 38.000 dólares de la época). Varios corresponden al período presidencial de Petro.

La denuncia no se limita a Jiménez. Otras menciones periodísticas han aludido a mujeres como Vanessa Cortés, cuyo patrimonio creció de forma notable en el entorno del poder. Pero el núcleo del escándalo sigue siendo el testimonio de una sola fuente principal sobre la existencia de una red organizada.

Hasta el momento no se han conocido públicamente declaraciones independientes de otras mujeres que confirmen el esquema completo. Sin embargo, el núcleo crítico persiste: si se confirma que un presidente utilizó su influencia para facilitar contrataciones pagadas con dinero público a cambio de favores sexuales con mujeres jóvenes y vulnerables, se habría sobrepasado un límite claro de lo aceptable, prudente y permitido en el ejercicio del cargo.

Petro ha rechazado de manera reiterada las acusaciones. En un comunicado difundido el mismo día de la entrevista de Semana afirmó: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”. Distinguió entre ayudar a mujeres pobres o que ejercen trabajo sexual mediante programas públicos y condicionar contratos a favores íntimos.

Posteriormente, sostuvo que nunca vio a Jiménez mientras era presidente y ha calificado el caso como un intento coordinado de intromisión en su vida íntima, financiado o impulsado por sectores afines al nuevo gobierno. La Silla Vacía y otros medios han registrado estas declaraciones y han señalado que Petro no negó conocer a la denunciante, pero sí rechazó el intercambio de poder por sexo.

Las instituciones han abierto investigaciones. La Fiscalía adelanta una indagación por posible abuso de función pública. La Procuraduría inició una indagación disciplinaria preliminar. Mientras que la Corte Suprema de Justicia admitió denuncias que involucran hechos ocurridos cuando Petro era congresista (y en algunos tramos de la transición), por posibles delitos como tráfico de influencias o interés indebido en la contratación, y Jiménez ratificó su versión ante esa instancia.

El Colombiano ha resumido con claridad lo que se sabe y lo que falta: los contratos existen en los registros; la red de 30-40 o 48 mujeres, el uso sistemático de perfiles falsos, el consumo y transporte de drogas y la existencia de un esquema organizado no están aun plenamente acreditados más allá del testimonio principal y de coincidencias parciales.

El caso adquiere su gravedad particular porque las conductas denunciadas se habrían desarrollado mientras Petro ocupaba la presidencia, el cargo de mayor responsabilidad y poder del Estado. La asimetría es evidente: un hombre de más de 60 años, con control sobre designaciones y contrataciones en múltiples entidades, frente a mujeres jóvenes, de escasos recursos formativos y económicos, cuya vinculación dependía de recomendaciones o gestiones desde el entorno presidencial.

Aun si se aceptara la versión de que se trataba de relaciones consensuadas, el uso del aparato estatal para sostener o recompensar esos vínculos personales constituye un abuso del cargo. La presidencia (o la senaduría) no es un espacio privado: los recursos son públicos, las designaciones tienen efectos institucionales y la confianza ciudadana exige que el poder no se instrumentalice para satisfacer deseos personales.

El debate no gira únicamente en torno a la moral sexual privada, sino a si el ejercicio de la presidencia se utilizó para convertir contratos públicos en moneda de cambio de favores íntimos. Mientras las investigaciones avanzan y se esclarecen los hechos, el escándalo deja una interrogante clara sobre los estándares de conducta exigibles a quien ocupe el cargo más alto del Estado. Y esto es válido no sólo para Colombia.