Gobierno mantiene aún más de 300.000 "esclavos" laborales

El 30 de abril de 2012, cuando el presidente Hugo Chávez firmó la legislación aseguró que había que luchar para que se cumplieran los nuevos reglamentos y se eliminaran los mecanismos del capitalismo “que terminaban convirtiendo a los trabajadores en esclavos”. En reiteradas oportunidades Chávez insistió en que la tercerización era un fraude laboral que cometían los patronos para no darle a los trabajadores los beneficios que les corresponden.
Pero la meta que fijó el fallecido presidente no se ha alcanzado y dirigentes desconfían de que se concrete, al menos en corto plazo. “No hemos visto suficientes señales positivas en estos tres años que dieron para adaptarse y los que menos han hecho son los representantes del sector público, donde se concentra el grueso de trabajadores bajo esta figura”, afirmó Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores.
Detalló que aunque son cifras extraoficiales, los reportes que maneja Unete indican que en las distintas dependencias del sector público aún hay más de 300.000 tercerizados, mientras que en el sector privado el número es 150.000.
Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista e integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato aseguró que en la industria petrolera, en las empresas básicas de Guayana y en el sector educación y salud es donde hay más trabajadores tercerizados. “Únicamente en Pdvsa se cuentan más de 20.000. En Corpoelec hay 1.500, en Educación se habla de más de 100.000 interinos y en Sidor ya quedan alrededor de 5.000 tercerizados, por citar algunos ejemplos”, precisó.

Los dirigentes afirman que el Consejo Superior de Trabajo, creado para hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones transitorias de la LOT (la reducción de la jornada laboral y la eliminación de la tercerización), se ha enfocado más en la discusión del horario de trabajo. “Luego de la promulgación de la ley no ha habido una preparación por parte de la instancia que le corresponde para lograr que se asuman a los tercerizados”, dijo Barrios.

Además, el diputado Oswaldo Vera, miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y del Consejo Superior de Trabajo, ha insistido en que están trabajando para que el 1° de Mayo no haya ningún tercerizado. En la rendición de cuentas como parlamentario, en febrero, dijo que espera con “muchas expectativas” los anuncios que pudiera hacer el presidente Nicolás Maduro en ese sentido el Día del Trabajador e insistió en que las empresas que no cumplan la ley serán sancionadas.
– Difícil absorción –
El abogado laboral Gabriel Calleja también es incrédulo sobre los cálculos del gobierno. Criticó que las empresas hayan distorsionado las razones que dieron pie a la contratación del tercero, pero cree que todavía falta precisar muchas cosas antes de poder eliminar el fraude.
“Esta figura tiene muchos años en el país, se hizo por un tema de operatividad y para ahorrar costos. Si una empresa necesita un servicio puntual (que no es inherente a su actividad productiva) no contrata directamente a un trabajador para eso, sino que acude a otra empresa que cuente con personal capacitado para cumplir con el requerimiento. Así la empresa matriz no tiene que asumir los gastos laborales. Pero se distorsionó y las empresas empezaron a contratar a terceros para hacer funciones como cualquier trabajador, pero pagándoles menos”.
A su juicio, en este momento la recesión por la que atraviesa la economía venezolana hará mucho más difícil que se concrete la incorporación de los tercerizados a las nóminas fijas.
“Si bien se dio un plazo de tres años, hemos visto que los avances fueron pocos. El gobierno nunca previó el impacto que iba a tener la reforma de la LOT en los costos laborales de las compañías. Nunca previó que se iban a ver agravados con la situación que vive el país. Y tampoco previó la caída en el precio del petróleo y los retrasos en la entrega de divisas para importar materia prima que han dificultado la producción”, afirmó Calleja.
Agregó que además de lo que representará para las empresas asumir a los trabajadores y otorgarles todos los beneficios que por ley les corresponden, el alza en los cotos se trasladará a los bienes y servicios que pagan los consumidores.
“Se pasa a tener un número de trabajadores que no estaban en el presupuesto. Eso genera un incremento del costo laboral que a su vez impacta la utilidad y rentabilidad de la empresa. El impacto es inmediato y eso a su vez genera un efecto en el índice de inflación. El empresario va a necesitar subir sus precios para cubrir el incremento laboral”, explicó.
– A la expectativa –
Aurelio Concheso, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras, aseguró que a pesar de la situación por la que atraviesan las empresas, en el sector privado se ha asumido en más de 90% a los tercerizados.
“Hubo personas que pretendieron utilizar un criterio equivocado para decir que eran tercerizados para que las empresas los absorbieran. Pero se ha definido mejor las relaciones con los contratistas, para que no se cayera en supuestos errados. La mayoría está en el sector público”, dijo.
Agregó que esperan que en corto tiempo se incorporen a las nóminas fijas los trabajadores que quedan tercerizados y aseguró que no descartan que desde el gobierno se “usen las leyes de forma voluntariosa” y les aumenten las responsabilidades como empresarios.
Calleja, también cree que el Ejecutivo ejercerá presión solo sobre los patronos privados. “Lo que nos dice la experiencia es que esta figura se va a comenzar a imponer en un solo lado, como ocurre con las contrataciones colectivas. A los privados se les exige sentarse a negociar, mientras el sector público lo posterga”, dijo.]]>