"Los medios de comunicación no pueden convertirse en policías"

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, señaló que en el debate sobre este marco legal -aprobado en primera discusión hace un año- participó la Fiscalía General, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y otros organismos gubernamentales, y se concluyó que para los medios y páginas web era «imposible controlar» irregularidades cometidas por terceros -clientes y anunciantes-, por lo cual el artículo sobre la corresponsabilidad no tiene sustentabilidad jurídica.

«Es como ir en contra del dueño de un centro comercial por irregularidades en alguna de las tiendas», ejemplificó.

Se determinó que el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, engavetado en el Parlamento desde que su sanción fue diferida en diciembre, debía eliminar la disposición que contenía al respecto.

Pero el artículo 44 de la recién reformada Ley Orgánica de Precios Justos, publicada este martes, la retoma y establece: «Los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídicas, así como los medios de comunicación social, páginas web y otros medios publicitarios serán personalmente y solidariamente responsables por ante la justicia venezolana de los delitos cometidos por las empresas que representan, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubieren lugar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano vigente».

El texto legal también impone mayores sanciones a los 16 delitos estipulados en la normativa.

Al respecto, Ujueta explicó que los medios no tienen la capacidad para investigar a cada cliente o anunciante y verificar que cumpla con las disposiciones establecidas en la ley. «La responsabilidad de los medios es determinar quiénes son los anunciantes para que los cuerpos de seguridad tengan acceso a la información y puedan identificar al infractor», dijo.

En este sentido, estas plataformas llevan un registro de la identidad de quiénes las utilizan para comercializar bienes y servicios: el RIF, los nombres de los responsables e, incluso, medios de contacto.

«El dueño del medio no puede convertirse en policía», expresó.

Destacó que lo que sí puede ser es preventivo, mas no predictivo del comportamiento de la empresa o persona en el cumplimiento de la actividad anunciada. Agregó que incluso plataformas como Mercado Libre, que actúan meramente como mecanismo de divulgación de servicios prestados por terceros, pone a disposición el nombre del anunciante, correo, teléfonos y fotos del producto comercializado con su precio, de forma que los cuerpos de seguridad cuenten con información inicial para emprender una investigación, en caso de alguna denuncia.

Para el directivo, lo que se planteó durante la discusión del Proyecto de Ley de Comercio Electrónico fue el control de la venta de productos básicos y medicinas en línea, lo cual sí es factible. De hecho, el artículo 55 de nueva Ley Orgánica de Precios Justos establece que los medios electrónicos serán sancionados si a través de ellos se comercializan productos por encima del precio regulado.

Sobre la inminente aplicación del principio de corresponsabilidad en las infracciones establecido en la Ley, el gremio optó por esperar y buscar un «acercamiento amistoso» a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para aclarar lo relativo al artículo 44. «Vamos a redactar una aclaratoria porque para nosotros esto es preocupante», dijo Ujueta.