El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió el pasado 17 de marzo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el proyecto de reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela para que el máximo tribunal del país evalúe la constitucionalidad del texto, sancionado el 3 de marzo por la Asamblea Nacional.
La propuesta del Parlamento se plantea tres meses después de que el Jefe de Estado promulgara, vía habilitante, la reforma de la ley del ente emisor.
El artículo 214 de la Constitución nacional establece que cuando el Presidente de la República «considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma».
La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela fue el primer proyecto sancionado por el Parlamento electo el 6 de diciembre, con mayoría opositora. Los diputados del oficialismo mantienen que las modificaciones aprobadas buscan incrementar la influencia del sector financiero privado en la política monetaria.
No obstante, según el proyecto de Ley obtenido por El Estímulo, los cambios se limitaron a revertir las reformas ejecutadas por Maduro en diciembre del año pasado, a través de la Ley Habilitante; es decir, solo se modificaron las disposiciones en las que se eliminó la participación de la AN en el nombramiento de la directiva del Banco y en las que se otorgaba justificación a la no publicación de cifras económicas oficiales, entre otros cambios.
Como consecuencia, el texto legal resultante de la reforma es casi idéntico al que estuvo vigente hasta el año pasado y que había sido aprobado por el chavismo en 2014, por lo cual promotores de la Ley, como el diputado José Guerra, consideran que la reforma no puede ser considerado inconstitucional por el máximo tribunal.
El TSJ tiene 15 días, a partir del momento de recibir la comunicación del Ejecutivo, para que se pronuncie.
Con información de AVN.
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