Economía

Anauco presentará proyecto de ley para la protección del consumidor

El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, informó que la organización entregará este miércoles un proyecto de ley de protección al consumidor a la Asamblea Nacional, con el que se pretende hacer cumplir los derechos establecidos en la Constitución.

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Durante un foro de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Parilli resaltó que el proyecto de ley no busca restarle facultades al Estado aunque resaltó que su participación en el mercado debe respetar los márgenes de libre competencia, de desarrollo y a su vez debe generar un marco de seguridad jurídica que permita la inversión.

Apuntó que con la promulgación de la Ley de Precios Justos se derogó el ordenamiento jurídico que tenían los consumidores de manera especial y que regulaba los derechos que el consumidor había conquistado.

«Hoy no tenemos procedimientos claros, la conciliación, el contrato de adhesión, el etiquetado, la seguridad de los productos, todo eso se ha venido perdiendo por un tema económico, más de precio justo que de derechos y que están establecidos en la Constitución de manera muy precisa», agregó.

Resaltó que la lista de derechos enmarcados en la Carta Magna no se pueden negociar, al tiempo que criticó que con la economía actual los venezolanos deben renunciar a ciertas cosas para satisfacer sus necesidades.

Recordó que la seguridad alimentaria, establecida en el artículo 305 de la Constitución, debe ser permanente y oportuna, no cuando indique el terminal del número de cédula o cuando el sistema de captahuellas lo permita.

«Si es permanente y oportuno cualquier alcabala o mecanismo que límite este derecho es inconstitucional», añadió.

Puntualizó que de no llegarse a un consenso en el Parlamento, Anauco irá a la calle a buscar las firmas de los ciudadanos.

Con respecto al nuevo método de distribución de alimentos casa por casa implementado por el gobierno desde hace un mes, opinó que es un sistema que discrimina a quienes no siguen al PSUV. «Aquí nadie tiene que profesar por un partido político para tener derecho al alimento. Todas las medidas que se han venido implementando no van a la causa sino a la consecuencia. Hay que ir al fondo, a la producción nacional», enfatizó.

Dijo además que la organización ha visitado numerosos centros de producción públicos, donde ha constatado que la producción no se corresponde con la capacidad instalada, a pesar de que por ser empresas del Estado cuentan con acceso a dólares.

Por su parte, el director del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), Óscar Meza, afirmó que con la economía actual la familia venezolana está próxima a destinar dos tercios de sus ingresos solo para la compra de alimentos.

Precisó que en 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, una familia necesitaba 2,2 salarios mínimos para obtener la canasta alimentaria. Mientras que hoy un grupo familiar conformado por cinco personas requiere 7,8 salarios mínimos para cubrir sus gastos básicos de alimentación.

Meza indicó que en los últimos 8 años la inflación ha pasado de 31,9% a 180,9% y estimó que para el cierre de 2016 supere 500%.

Considera que la crisis ha trastocado los hábitos, gustos y preferencias, además del tiempo de las personas. Además, aseguró que ha ocasionado un daño moral irreversible.

El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, subrayó que la circunstancia operativa de las empresas nacionales es dramática y que los empresarios consideran que en el corto plazo eso pueda cambiar positivamente.

Estimó que en nueve años los puestos de trabajo directos e indirectos han caído de 2.400.000 a 1.200.000. Calculó también que cerca de 65% de la población formalmente empleada gana sueldo mínimo.

«Mientras que países como Colombia tienen una empresa privada por cada 1.000 habitantes en Venezuela tenemos una empresa por cada 10.000 habitantes. El país con 30 millones de personas debería tener 30.000 empresas y no 4.000», dijo.

Explicó que si Venezuela pasase a tener estándares internacionales, como los de Colombia por ejemplo, el país podría sacar de la pobreza a la mayoría de los empleados pues ganarían más de sueldo mínimo.

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