El mecanismo, conocido como expedited removal o expulsión acelerada, permite a un agente migratorio deportar a una persona sin audiencia y sin intervención de un juez. Antes estaba limitado a migrantes que cruzaban la frontera sur; ahora podrá aplicarse en todo el territorio nacional
El 23 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos permitió que la administración de Donald Trump reactive las deportaciones aceleradas de migrantes y amplíe su rango, el mecanismo anteriormente se utilizaba principalmente para deportar a quienes cruzaban la frontera sur.
La medida reactiva un plan del gobierno que había estado suspendido desde que un tribunal de primera instancia determinara que se estaban realizando deportaciones masivas sin el debido proceso.
El procedimiento, conocido como expedited removal o expulsión acelerada, faculta a un agente migratorio para deportar a una persona sin audiencia y sin intervención de un juez.
La votación fue realizada por tres jueces del tribunal: Justin Walker y Neomi Rao, ambos con afinidad al gobierno de Trump, votaron a favor de reanudar el procedimiento. El juez Robert Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama y reconocido por casos relacionados con prácticas policiales en Maryland, emitió un voto disidente.
El fallo permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportar a un migrante indocumentado que no pueda demostrar haber residido de forma continua en Estados Unidos durante dos años o más, en un rango geográfico mucho más amplio. Según el asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, el DHS había estado «limitado arbitrariamente a la expulsión acelerada a 14 días, a pesar de que aplica a inmigrantes ilegales que ingresaron al país en los últimos dos años».
Los jueces también señalaron que no existe ningún requisito que obligue al DHS a informar al migrante que podría permanecer en el país si demuestra más de dos años de residencia continua.
Tanto organizaciones de defensa de los inmigrantes como algunos jueces han rechazado la medida, argumentando que deja en situación de vulnerabilidad a quienes no puedan ejercer su derecho a impugnar la decisión ante un tribunal. Además, su aplicación en todo el territorio nacional abriría la puerta a potenciales abusos de poder de difícil control.
Durante una audiencia celebrada en diciembre de 2025, antes de que la medida fuera bloqueada, se cuestionó el procedimiento que utilizan los agentes del ICE al detener a un migrante. Según los testimonios, los agentes deben presentar la documentación correspondiente y dar al migrante una oportunidad breve y razonable antes de aplicar la expulsión acelerada.
El juez Walker indicó este martes que dicha oportunidad era suficiente y que, mientras se cumpliera ese requisito, la ley habría sido respetada. El juez Wilkins, en cambio, señaló que era «lamentablemente inadecuado» que los agentes no preguntaran a los detenidos cuánto tiempo llevaban en el país, y cuestionó que el DHS no hubiera explicado los casos de migrantes deportados que sí cumplían el requisito de los dos años.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que el fallo amplía el poder del gobierno y podría generar un clima de miedo entre las comunidades migrantes. También señalaron que no existe claridad sobre qué tipo de documentación deben llevar consigo los migrantes para demostrar, en el momento de una posible detención, que llevan más de dos años residiendo en el país.
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