El Poder Legislativo rechazó en la sesión de este jueves el numeral 5 del artículo 2 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que faculta al Ejecutivo para firmar contratos de interés público sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
El documento aprobado por mayoría opositora establece que «toda actividad realizada por un órgano que usurpe las funciones constitucionales de otra autoridad pública es nula y se tendrá por inexistente».
Por lo tanto, resultan nulos todos aquellos contratos de interés público nacional, estadal y municipal que celebre el Ejecutivo con otros países, entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela celebrados sin la aprobación del Parlamento.
“Cualquier funcionario que, basado en el decreto ilegal, firme algo, recuerden que esos contratos son nulos y además, véanse en el espejo de Brasil cuando la justicia llegue”, expresó el diputado José Guerra durante el debate.
Los diputados del oficialismo consideran que el Estado de Emergencia Económica justifica el hecho de que el Ejecutivo pueda saltarse la norma y suscribir acuerdos con otros gobiernos o empresas extranjeras. Así lo hizo con Rosneft, cuando el gobierno amplió su participación a 40% en el proyecto Petromonagas, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Las condiciones de ese acuerdo no se han hecho públicas, lo cual reclama la AN, porque se trata de un tema de soberanía, argumentó este jueves el diputado Simón Calzadilla.
«Nos toca a los miembros del Parlamento, revisar los domicilios, cantidades monetarias involucradas y el tiempo que ese contrato tendrá vigencia y, que afecta intereses del presente y del futuro de los venezolanos», sentenció.
De igual modo se hizo con la concesión de minas auríferas a la empresa canadiense Gold Reserve, que decidió volver a invertir en Venezuela a pesar haber sido expulsados por el fallecido Hugo Chávez en 2009 de los proyectos de explotación que llevaban en el estado Bolívar.
Ambos acuerdos se hicieron en el marco de la primera Emergencia Económica.
«Habría que ser loco para no admitir que el país necesita tomar medidas inmediatas. Yo creo que la cuestión viene por el tema del Arco Minero, y (los diputados opositores) quieren antes cobrar vacunas a ministros y empresarios para luego aprobar los contratos», denunció Edwin Rojas, diputado por el Gran Polo Patriótico.
El argumento fue refutado por el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, quien explicó que según la Carta Magna la declaración del Estado de Excepción no interrumpe de ninguna manera las facultades y funcionamiento de los órganos del Poder Público.
El acuerdo aprobado este jueves será remitido a todas las embajadas con presencia en Venezuela para que «informen a los Gobiernos de los Estados que representan y a las empresas correspondientes sobre la nulidad de los contratos que se celebren contraviniendo el artículo 150 de la Constitución y sobre las responsabilidades que de allí se desprenden».
Con información de prensa AN.
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