El jefe del Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, restringe desde hace seis semanas la venta de productos subsidiados en los 17 establecimientos que la cadena Practimercados DíaDía tiene en Caracas, informaron a El Estímulo fuentes vinculadas al sector comercio.
«DíaDía mantiene una ocupación temporal que el gobierno de manera ilegal ha extendido en el tiempo», dijo una fuente del sector comercio, al precisar que los lapsos de ley se cumplieron y las autoridades no levantaron la medida.
Desde febrero de 2015, Pdval está a cargo de la ocupación de la empresa, luego que el gobierno ordenara la detención de uno de sus directivos y el abogado externo, por presunto boicot cometido por la cadena en el suministro de alimentos.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos, la ocupación debió concluir en agosto, incluida una prórroga de 90 días, sin embargo Pdval sigue al frente de la ocupación.
«Esa es una realidad. Se trata de una ocupación de facto», indicó una de las fuentes. No obstante, la gerencia de DíaDía sigue en funciones. El personal de Pdval no maneja inventarios, cuentas ni sistemas de la empresa.
Pero desde hace mes y medio una persona de Pdval se mantiene en el centro de distribución de la cadena ubicado en La Yaguara, al oeste de la capital, cumpliendo órdenes del jefe del gobierno del Distrito Capital, que es quien decide qué se vende y qué no en DíaDía.
Desde entonces, los ocho rubros subsidiados que llegan a esa instalación no pueden ser distribuidos entre las distintas sucursales de la cadena. «No están dando la guía de movilización», dijo una persona vinculada a la cadena de comercialización. «El jefe del gobierno de Caracas, Daniel Aponte, destina los productos a los mecanismos oficiales de distribución de alimentos.
«No existe alianza entre el gobierno y DíaDía», afirmó un empresario del sector comercio a manera de desmentir las declaraciones ofrecidas este miércoles por el jefe del centro de control y mando de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, según las cuales en Caracas arrancó un plan piloto en el que cadenas de comercialización, como DíaDía, distribuyan 50% de productos a la red privada y 50% a los comités.
El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, había asegurado el 3 de junio que tanto empresas privadas como los CLAP venderían los bienes subsidiados, luego que una cadena de supermercado colocara un aviso informando a la clientela que a partir de esa fecha no ofrecería este tipo de productos por órdenes oficiales.
Distintos representantes del sector privado, entre ellos el director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, ha advertido la incapacidad del gobierno para llevar las bolsas de alimentos, a través de los CLAP, a la población de zonas populares.
El Estado no tiene la logística para hacer llegar las bolsas a diario, han reiterado, por lo que consideran improbable que este nuevo sistema de distribución tenga éxito.
Son las gobernaciones, mediante empresas autorizadas para ello, las entidades responsables de adquirir los alimentos básicos para que los CLAP lo distribuyan.
«No habrá resultados», señaló un gerente del sector comercio y servicios, porque el gobierno insiste en atender las consecuencias y no atacar las causas de la escasez.
Con los distintos métodos aplicados, el gobierno busca administrar la escasez convencido de la existencia de una supuesta guerra económica que persigue desestabilizar su gestión. Pero empresarios de distintas ramas comerciales han manifestado que el problema no será resuelto mientras el gobierno se empeñe en atender las consecuencias y no atacar las causas.
El año pasado el Ejecutivo nacional importó un millón de toneladas de alimentos mensuales y hasta mayo de 2016, las compras externas promedian 165 mil toneladas al mes, dijo El Estímulo un representante vinculado a las transacciones.
«Las enormes colas se forman no porque la actitud del empresario privado sea la de mantenerlas, sino porque existe un problema real de escasez que no será resuelto hasta que se incremente la producción de bienes y servicios», dijo un empresario.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) decomisó en un local de La Carlota (Caracas), dos toneladas de productos de la cesta básica, de aseo e higiene personal y rubros distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y que eran vendidos con sobreprecio.
La Gaceta Oficial número 40.978 contiene 8 resoluciones del Ministerio de Hábitat y Vivienda que ordenan la ocupación de igual número de terrenos e inmuebles ubicados en tres entidades del país y la ciudad capital.
La Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.234 contiene 59 resoluciones del Ministerio de Hábitat y Vivienda que ordenan la ocupación de igual número de terrenos e inmuebles ubicados en distintas regiones del territorio nacional.
