La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está dispuesta a ofrecer asesoría técnica y financiera a Venezuela para orientar en la recuperación de activos que se han obtenido por corrupción.
Desde hace algunos meses un grupo de abogados venezolanos y diputados de oposición de la Asamblea Nacional, han trabajado en una serie de iniciativas para devolver al país y al Fisco, aquellos recursos públicos obtenidos de manera ilícita y que han sido utilizados para el lavado de dinero.
Alfonso Trilleras, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito, capítulo Colombia, indicó que “es un gran reto” para cualquier país utilizar los mecanismos existentes en las normas internacionales para recuperar activos, pero que las Naciones Unidas puede asesorarlo para indicarle “la senda a seguir cuando existe la voluntad política e institucional de llevar adelante esta lucha¨.
Resaltó que en los dos años que lleva en la ONU no ha recibido solicitud por parte de Venezuela para ofrecerle esta asistencia.
«Cualquier institución del Estado, ya sea la Procuraduría, la Contraloría y hasta la Asamblea Nacional puede solicitarlo, estamos en disposición de ofrecer asistencia técnica y legal».
Trilleras explicó que la asesoría incluye un análisis y revisión del ordenamiento jurídico interno, para luego ofrecer las recomendaciones pertinentes. Igualmente se prevé la ejecución de “juicios simulados” orientados a fiscales, investigadores y administradores de los activos y recursos recuperados y, por último se acompaña en un plan de investigación.
– Los paraísos fiscales –
Recientemente se originó una polémica por la existencia de los llamados “paraísos fiscales” a raíz de la investigación de Panama Papers, luego de una filtración de datos del bufete de abogados Mossack Fonseca. Las discusiones surgieron nuevamente sobre si estos sistemas financieros “flexibles” son un caldo para el lavado de dinero o para esconder los recursos obtenidos por corrupción y narcotráfico.
El experto de la ONU sostiene que estos “paraísos fiscales” determinados ya en un listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “están siendo aislados, con lo que se ha logrado disminuir su accionar económico. La comunidad internacional los trata de aislar cada vez más y cada vez más su accionar es más estrecho”.
Dijo que estos sistemas financieros se han visto obligados a su vez a establecer parámetros más idóneos y adecuados a los estándares internacionales para evitar el blanqueo de dinero.
A juicio de Trilleras, investigaciones como Panama Papers contribuyen y obligan a las autoridades a investigar los casos que salen a la luz pública.
– Corrupción, un delito contra los DDHH –
El abogado recalcó que los ciudadanos pueden acudir a las instancias internacionales en caso de que las instituciones locales no reaccionen para llevar adelante una investigación.
“La presión de la sociedad es muy importante (…) en países donde la corrupción y el narcotráfico se infiltraron en las instituciones, los políticos se dieron cuenta de la necesidad de tomar acciones para evitar y sancionar estos delitos. Igualmente, la sociedad se sensibilizó en torno a este tema, ya que comprendió cómo los afecta la delincuencia organizada en su calidad de vida y el daño que hacen en un país”.
Trilleras recordó que Venezuela, por ejemplo, ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de Viena de 1988, en la que se establecen estándares internacionales para que pueda ser aplicable el decomiso y la extinción de dominio. También ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional que establece procedimientos generales y garantías para poder adelantar la recuperación de activos, aunque en el país aún no se cuente con una norma legal específica para ello.
Destacó además que actualmente la ONU y otras instancias internacionales evalúan la pertinencia de calificar los actos de corrupción como un delito contra los derechos humanos. “Cualquier ciudadano puede emprender una acción contra un delito de corrupción, ya que esos recursos obtenidos de esta manera, pudieron ser utilizados para financiar planes sociales, de infraestructura, entre otros”.
– Foro antilavado –
El coordinador de la ONU, Alfonso Trilleras, participará este jueves en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el fraude, organizado por el Instituto de Altos Estudios de Profesionales (Idaep). El experto expondrá las recomendaciones de las Naciones Unidas para la recuperación de activos a través de una herramienta jurídica denominada “extinción de dominio”, la cual establece la posibilidad de un decomiso sin condena.
“La extinción de dominio es una figura eficaz para recuperar activos, hay experiencias muy positivas en Colombia, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú. Podemos mencionar el caso (Vladimiro) Montesinos en Perú que llegó a tener cuentas en Suiza, Pablo Escobar en Colombia y Arnulfo Valle en Honduras”.
Recalcó que la Constitución venezolana permite adoptar la figura de extinción de dominio, mecanismo que a su vez debe adecuarse al país a través de reformas o nuevas normas legales.