Expertos reaccionaron al anuncio de Maduro de incrementar en 50% el salario mínimo y llevarlo de Bs 65.021,04 a Bs 97.531,56 (Bs 32.510,52), así como la base del cálculo del bono de alimentación de 13,3% y elevarlo de Bs 135.000 a Bs 153.000 (Bs 18.000) y colocar el salario mínimo integral del trabajador venezolano en Bs 250.531,56 desde los Bs 200.021,04.
Nominalmente se trata de un ajuste de 25%, en su conjunto, que entrará en vigencia a partir del 1º de julio, pero el mismo quedará anulado por la galopante inflación que devora el poder de compra del bolívar.
Tamara Herrera, directora de la firma Síntesis Financiera calcula que en junio los precios sufrieron una variación entre 23% y 26%, lo que indica que más dinero en la calle en el mes julio persiguiendo los mismos o menos bienes, seguirá disparando los niveles de inflación.
La Asamblea Nacional calcula que hasta mayo, los precios acumulan un alza de 127,8% en el año, pero el promedio previsto por el Fondo Monetario Internacional para todo 2017 se ubica en 720%.
En un año, la liquidez monetaria -cantidad de billetes y monedas, depósitos a la vista, ahorro y plazo en la economía- se ha multiplicado por cuatro para colocarse en Bs 20,53 billones al cierre de la semana del 23 de junio.
Sube el costo de la vida y se erosiona aún más el poder adquisitivo de los venezolanos, quienes ante la convicción de que el bolívar cada día vale menos, salen a hacerse de cualquier bien (incluyendo el dólar) para tratar de ganarle a la inflación y la escasez futura.
Pero además, los empleados de empresas pequeñas que no pueden con las enormes cargas que les impone el gobierno, corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo en un entorno recesivo y de caída de ventas de al menos 50%, según reportan fuentes del sector privado.
Conindustria reportó que durante el primer trimestre del año sus más de 2.200 empresas afiliadas funcionaron en promedio a 32,4% de su capacidad, lo que compromete la velocidad de respuesta a una demanda cada vez mayor.
Peor aún es que de mantenerse las condiciones económicas actuales, 44% del parque industrial más grande del país desaparecerá en un plazo máximo de dos años.
Con medidas como estas el Ejecutivo Nacional añade más elementos a la destrucción de la economía, afectada también más recientemente por una ola de violencia en varias estados del país que ha dejado cientos de negocios saqueados con pérdidas millonarias y de empleos.
Los trabajadores, en lugar de celebrar el aumento salarial y del bono de alimentación, reciben la noticia con resignación ante la certeza de lo que vendrá.
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