Citgo se salva por un pelo: juez de EEUU suspende intento de embargo de acreedores

La petrolera Citgo consiguió este viernes 5 de mayo una botella de oxígeno frente a acreedores del gobierno de Venezuela que intentan embargarla, pues que el juez federal Paul B. Matey, del Tercer Circuito acató favorablemente una moción interpuesta por la Junta Directiva Had Hoc de Petróleos de Venezuela, que es reconocida por el gobierno y el sistema de justicia de Estados Unidos.

«La moción de suspensión precedente se remite al panel de este Tribunal que decidirá sobre el fondo de estos recursos. Mientras tanto, se ordena una suspensión administrativa temporal: se SUSPENDEN los procedimientos adicionales en los seis recursos de apelación SUSPENDIDOS hasta nueva orden de este Tribunal», según el fallo del juez Matey, difundido por las partes y al que tuvo acceso El Estímulo.

Esta suspensión se refiere a los casos 23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652, y 23-1781, incoados por un grupo de empresas extranjeras contra la República Bolivariana de Venezuela, en reclamo de dineros pendientes de pago tras expropiaciones ordenadas por el régimen chavista o incumplimiento de contratos comerciales.

Teóricamente también la decisión del juez da más tiempo a Citgo y a Venezuela para evitar su muerte por desguace, pues habría más tiempo para que se busque una solución negociada que incluya al gobierno de Nicolás Maduro, a los representantes de la oposición -cuya autoridad solo es reconocida por Estados Unidos y un puñado de países- y a los propios acreedores interesados en recupera su dinero y sus inversiones.

Estas empresas involucradas en este caso son: OI European Group B.V; Northrop Grumman Ship Systems, Inc, antes conocida como Ingalls Shipbuilding, Inc (en este caso contra el ministerio de la Defensa de Venezuela), ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd., y LDO (Cayman) XVIII Ltd, además de la minera canadiense Rusoro Mining Limited y Koch Minerals Sàrl y su filial Koch Nitrogen International Sàrl y la minera Gold Reserve Inc.

La revisión de estos recursos seguirá su curso en un «calendario perentorio» según el cual los apelantes deberán presentar sus escritos el 19 de mayo de 2023 o antes; los escritos de respuesta de los apelados deben ser presentados antes del 2 de junio de 2023 y los escritos de réplica deberán presentarse antes del 9 de junio de 2023.

Entre los apelantes está la Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa, que fue nombrada por el llamado gobierno interino que encabezó Juan Guaidó y que en honor a la verdad ha venido luchando en tribunales para detener estos procesos contra Citgo.

El presidente de esta junta, Horacio Medina, dijo en breves declaraciones a El Estímulo poco después del fallo del juez Matey, señaló que cuando el juez Leonard Stark dictaminó en 2018 en su sentencia de embargo a favor de Crystallex dejó claro que la figura del «alter ego» debía ser demostrado al momento de  dictar la sentencia de embargo.

«En ese momento, para 2018, para él no era nada difícil darle crédito al argumento de Crystallex sobre el alter ego que ejercía Maduro en ese momento sobre Pdvsa y que obviamente tiene un histórico desde la época de Chávez», dijo Medina.

«Esa es la razón por la cual decidimos pedir esta suspensión de emergencia que ha servido de manera  importante luego del dictamen absolutamente  inconveniente y contradictorio del Departamento del Tesoro que induce, permite o le dice al juez Stark que puede ir al proceso de subasta, cuando nosotros estamos diciendo desde el principio que vamos a ejercer el derecho de apelación el 19 de mayo», explicó Medina.

«Hasta tanto el tribunal del tercer circuito no se pronuncie, esas empresas no pueden entrar en este proceso», agregó.

Los acreedores van contra Citgo por la misma razón de fondo que lo hace la minera canadiense Crystallex: se considera a Pdvsa y sus filiales «alter ego» de la República de Venezuela.

«Incapaz de identificar activos comerciales venezolanos en Estados Unidos que pudiera incautar legalmente, Crystallex fue
contra los activos de PDVSA en Estados Unidos. En concreto, trató de embargar las acciones de PDVSA en Petróleos de Venezuela Holding, Inc. («PDVH»), su filial estadounidense. PDVH es la sociedad de cartera de CITGO Holding, Inc. que a su vez posee CITGO Petroleum Corp. («CITGO»), una sociedad de Delaware Corporation con sede en Texas (aunque más conocida por el cartel de CITGO en el Fenway Park de Boston», señala otro escrito diferente.

En sus demandas, este grupo de acreedores también argumentan que Pdvsa y la República de Venezuela son la misma cosa, pues el tribunal de Delawere (presidido por Stark) determinó que «a partir de agosto de 2018 PDVSA era el alter ego de Venezuela, y emitió y notificó una orden de embargo sobre las acciones de PDVH».

«Después de esa fecha, los acontecimientos en Venezuela y Estados Unidos complicaron la situación. En particular, se ampliaron las sanciones de EEUU a las transacciones relacionadas con bienes venezolanos y el gobierno de EEUU impuso sanciones a PDVSA y el gobierno estadounidense reconoció a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional de la República, como jefe legítimo del gobierno , en lugar de Nicolás Maduro, que ostenta el título de Presidente de la República», recoge uno de los escritos en este complejo proceso.

Citgo también es blando de las demandas de inversionistas financieros, como los tenedores del famoso bono PDVSA 2020, emitido por el gobierno de Maduro de manera ilegal, según sus críticos, pues no se solicitó autorización del poder Legislativo (al contrario de la que manda la Constitución Nacional). Esos papeles con interés del 8,5% tiene como garantía el 51% de las acciones de Citgo.