La triste razón por la cual Venezuela está a punto de perder Citgo, su mayor empresa
Estos son los principales protagonistas de una compleja trama que ha puesto a la petrolera venezolana Citgo al borde del abismo, para mal de todos los venezolanos.
Si a Gabriel García Márquez y sus herederos les hubieran pagado derechos de autor por la frase «crónica de una muerte anunciada», hubieran ganado más dinero que por las ventas de «Cien años de soledad». Pero, lugares comunes aparte, en efecto hoy parece cantado el destino de Citgo, el principal bien de propiedad del Estado venezolano que hasta ahora pertenece a todos los venezolanos, chavistas, opositores activos o de ningún bando.
Pero la empresa parece tener sus días contados, está en jaque doble y podría ir a un remate para pagar con sus huesos a los acreedores de la República.
En realidad no hay una sola razón, sino una cadena de hechos que han llevado a este final que hoy parece inevitable y que se explica por la imposición de un régimen autoritario por encima de los intereses de toda una nación.
Una sucesión de eventos, rumbo a un precipicio, ha determinado que hoy esta empresa filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que hoy vale más que su quebrada casa matriz, esté a punto de entrar en un proceso de remate para pagar deudas contraídas de manera irresponsable por los «gerentes» de la cosa pública que tomaron decisiones terriblemente equivocadas y que además se volvieron a equivocar en la manera de abordar todo este desastre.
Para la gran mayoría de los venezolanos, Citgo es solo un nombre que aparece más allá de las tribunas detrás de los jardines en los lustrosos estadios de la Grandes Ligas.
Pero la protagonista de esta historia es el último vestigio honroso de la época de oro de Pdvsa, cuando la estatal era la tercera compañía petrolera más importante del mundo, de acuerdo al índice compuesto de firmas como PIW, que toma en cuenta cada año los resultados operacional de las compañías y datos como reservas petroleras, producción, reservas naturales de gas y ventas, así como capacidad de refinación y volúmenes de ventas.
Los prota de la novela Citgo
Citgo, la chica de la película: Basada en Houston, Texas, CITGO Petroleum Corporation es una de las más importantes corporaciones petroleras de Estados Unidos y una de las marcas más reconocidas en el mercado combustibles y lubricantes. Opera tres refinerías: Corpus Christi, estado de Texas; Lake Charles, en Luisiana; y Lemont, en Illinois. También posee o es socia en 42 terminales de embarque, seis gasoductos y tres plantas de mezclado y envase de lubricantes. Tiene unos 3.400 empleados y una capacidad combinada de refino de 769.000 barriles por día.
Citgo es el sexto mayor complejo refinador de hidrocarburos en Estados Unidos (que es el principal consumidor, productor e importador de hidrocarburos del mundo), es también el sistema de refino y comercialización más complejo e integrado de ese país.
Produce y comercializa combustibles, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales principalmente a través de su propia red de 4.500 estaciones de servicio y tiendas de conveniencia con su marca propia, al este de las Montañas Rocosas.
Sus lubricantes son vendidos en Estados Unidos y en otros 41 países.
Las plantas de refino de Citgo son propicias para el petróleo venezolano, que es pesado y de difícil comercialización en el mercado internacional. Por eso, la empresa siempre fue estratégica para Venezuela, porque le daba acceso directo a la Costa Este del enorme mercado estadounidense. Es fama que enviar cargamentos de petróleo desde Venezuela hacia esa zona era más rapido y cercano que hacerlo por ejemplo desde campos petroleros del Golfo de México.
Hugo Chávez, el enemigo íntimo
El militar que dio un vuelco determinante a la historia política, económica y social de Venezuela fue un enemigo jurado de Citgo desde sus tiempos de candidato a la presidencia. Una vez en el poder y motivado por su determinación de sacar a Venezuela de la órbita de Estados Unidos (principal socio económico, petrolero y comercial del país) se dedicó a desmontar la internacionalización de Pdvsa y a reducir gradualmente el tamaño de Citgo, vendiendo sus activos con el argumento de que representaban pérdidas para la nación.
En agosto de 2006 Chávez aprobó la venta de la refinería Lyondell, ubicada en Huston, Texas, por $1.314 millones, «los cuales serán destinados en su totalidad a promover el avance integral del país a través del Fondo Nacional de Desarrollo Económico (Fonden)».
Fonden, como se sabe, manejó más de $300.000 millones y nunca dejó una evidencia física de su existencia. Pero esa es otra historia censurada.
El ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, anunció en ese entonces la venta de la refinería de Citgo a su socio Lyondell, «en virtud de las pérdidas que representa esta infraestructura para el país, con capacidad de procesamiento de 265 mil barriles por día».
El ejecutor de las políticas petroleras de Chávez argumentaba que con un contrato de suministro de crudo a 25 años para esta refinería, «en total, Venezuela dejó de percibir alrededor de 2.838 millones de dólares».
No fue la única venta, Citgo fue reducida poco a poco y nadie sabe a dónde fue a parar el producto de esas ventas de activos mientras crecía la deuda de la filial y de toda Pdvsa.
«Citgo es un mal negocio. No hemos podido salir de eso, estamos sujetos a las leyes de Estados Unidos. La compañía tiene ocho refinerías, yo no sé cuantos tanques y distribuye combustible a través de 8.000 bombas en Estados Unidos y no nos da ganancias», afirmaba Chávez al anunciar la venta de esos activos.
A partir de allí, el chavismo fue reduciendo el tamaño de Citgo, hasta hipotecarla a los rusos y ponerla como garantía colateral de unos inauditos bonos Venezuela 2020.
Otro de los pecados históricos de Chávez (y de los venezolanos por permitírselo) fue la de mandar como si hubiera sido el dueño de este reino. Cual monarca supremo confundía sus roles y apetencias personales con los de su investidura, su gobierno, el Estado y los intereses de todos los venezolanos.
Fue así como decretaba confiscaciones (mal llamadas expropiaciones) sin fórmula de juicio, sin atender los principios constitucionales de valoración, justiprecio y compensaciones para la estatización de empresas y propiedades privadas o concesiones.
De esta forma Hugo Chávez, con su inapelable «¡Exprópiese!» se apoderó de centenares de empresas privadas nacionales y extranjeras y generó en instancias internacionales decenas de demandas contra la República por parte de firmas que hoy reclaman compensaciones. Varias han conseguido sentencias favorables a sus demandas.
Una de estas empresa es la minera canadiense Crystallex, a la cual le fueron confiscadas sus inversiones y activos en la mina de oro más importante de Venezuela. Demandó al país, y ganó.
Nicolás Maduro, el heredero
El presidente Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez por obra y gracia de los designios del creador de la llamada revolución bolivariana, siguió la política de su predecesor.
Con una notable diferencia: al contrario del militar y de todos los presidentes anteriores, Maduro dejó de pagar la deuda externa, decretó un default (impagos) de manera unilateral a finales de 2017 y eso convirtió a Venezuela en un moroso de marca mayor.
Pero antes de esa cesación de pagos de intereses y capital, sin rendir cuentas a las demás instituciones, sin atender lo que dicta la Constitución Nacional en materia de endeudamiento externo, Maduro cometió otro error garrafal:
El 28 de octubre de 2016 Petróleos de Venezuela «principal empresa de petróleo y gas de la República Bolivariana de Venezuela», cuyo «capital social es propiedad en un 100% de la República Bolivariana de Venezuela, quien ejerce su titularidad a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo» anuncia el canje de «Bonos Senior» con rendimiento del 5,250% y de 8,50% con vencimiento en el abril y noviembre de 2017, por «Nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el 2020».
De esa forma Pdvsa emitió esos nuevos Bonos 2020 por $3.367 millones en esta operación que se rige bajo las leyes del estado de Nueva York, EEUU.
«Los Nuevos Bonos estarán garantizados por una garantía prendaria con prioridad sobre el 50,1% de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding, Inc. y estarán garantizados incondicional e irrevocablemente por PDVSA Petróleo, S.A. Los pagos de capital de los Nuevos Bonos serán pagaderos anualmente, en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la Fecha de Liquidación de los Nuevos Bonos», dice el prospecto.
En ese entonces, al 30 de junio de 2016 la deuda total del Emisor y Garante (PDVSA) era U.S.$37.345 millones (de los cuales U.S.$2,583 millones era deuda garantizada).
«Al 30 de junio de 2016, la deuda total de CITGO Holding y CITGO, era de U.S.$4.082 millones y U.S.$1.927 millones respectivamente. A la misma fecha, sobre una base consolidada, CITGO tiene capacidad disponible de U.S.$817 millones en una línea de crédito revolvente senior garantizada y tiene capacidad disponible de U.S.$67 millones en cuentas valuadas por cobrar».
Es decir, además de pagar un inigualable rendimiento de 8,5% y de tener un insólito respaldo con más de la mitad de Citgo, esa emisión se hizo poniendo en jaque a una empresa ya muy endeudada y con muy poco flujo de caja.
Pero en el reporte del cierre de 2016 (último dato oficial reconocido por Maduro) la deuda financiera total consolidada de Pdvsa era de $41.076 millones.
Rosneft, o los rusos también juegan
El 30 de noviembre de 2016 el gobierno de Maduro a través de PDVSA contrajo un crédito por $1.500 millones de la petrolera estatal rusa Rosneft y puso como garantía el otro 49,9% de las acciones de CITGO.
Rusia ya enfrentaba sanciones internacionales por haberse anexado la península de Crimea, Ucrania, en 2014, en una jugada que precedió a la actual invasión y guerra contra esa nación europea.
Dada la importancia estratégica de Citgo y la inminente posibilidad de un default de Pdvsa frente a todos sus acreedores, políticos de Estados Unidos, especialmente senadores republicanos y demócratas, levantaron banderas de alerta.
«Algunos legisladores están preocupados porque Rosneft puede ganar control de crítica infraestructura energética de Estados Unidos y ponga en serios riesgos la seguridad energética de Estados Unidos», señalaba un informe del Congreso.
Paralelamente, la petrolera estadounidense ConocoPhillips además de la minera canadiense Crystallex, ya reclamaba los pagos de sus activos expropiados en Venezuela por Chávez. Ambas advertían que la operación con los rusos pretendía poner a Citgo fuera del alcance de un embargo de activos derivados de esas demandas.
Tanto Rosneft como su director ejecutivo, Igor Sechin, un multimillonario muy allegado a Vladimir Putin, enfrentaban sanciones. El entonces ministro de Petróleo de Maduro, Eulogio Del Pino confirmaba en octubre de 2017 que Pdvsa estaba negociando con Rosneft un canje de las garantías sobre Citrgo a cambio de campos petroleros en territorio venezolano, para evitar complicaciones y los problemas legales derivados de las sanciones.
No se sabe si eso se llegó a completar ni si se le pagó a los rusos.
Donald Trump, arrecian las sanciones
La era Trump comenzó en enero de 2017, para escándalo del mundo que vio cómo el cuestionado magnate inmobiliario y de los medios se convertía en presidente de los Estados Unidos, impulsado por un lenguaje incendiario y fanfarrón que prometía arrasar con los enemigos de la menguada primera potencia mundial.
Trump, mesías de los halcones republicanos, escalaría las sanciones individuales que contra los personeros del régimen chavista había emprendido el demócrata Barack Obama desde 2015.
La llegada de Trump coincidió con un año 2017 que en Venezuela fue particularmente turbulento: cinco meses de constantes protestas callejeras de ciudadanos comunes y dirigentes políticos pedían la salida de Maduro. Una ola represiva dejó unos 130 manifestantes asesinados con disparos certeros, hubo centenares de heridos, presos y exiliados.
Paralelamente, el régimen chavista detonó la Asamblea Nacional (Congreso) electo en diciembre de 2015 y la despojó de sus funciones y poderes reales, para otorgárselos al oficialista Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió en el brazo legislativo del chavismo en minoría parlamentaria.
El TSJ declaró al parlamento en desacato, para justificar la eliminación de sus funciones, pues en ese ese parlamento la oposición tenía mayoría calificada, lo que podía haber llevado a un mayor equilibrio de poderes.
El colofón de esta serie de violaciones a la constitución ocurrió el 30 de julio de 2017, con la elección de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente que en realidad nunca llegaría a escribir ni un artículo de una Constitución y que solo sirvió para terminar de abrogarse las funciones del poder legislativo y permitirle a Maduro gobernar por decreto.
Esa «constituyente» conformada exclusivamente por funcionarios chavistas fue elegida sin que antes mediara un referendo en el que se le consultara a los electores si aceptaban el llamado a formar una constituyente y cambiar la Constitución, paso previo contemplado en la propia Carta Magna.
Esa imposición le acarreó al régimen de Maduro nuevas sanciones por parte de la Unión y Europea y de Estados Unidos, que lo siguen acusando de atentados contra la democracia y los Derechos Humanos.
El Consejo de la Unión Europeapuso en marcha unas sanciones selectivas aVenezuelael 13 de noviembre de 2017 que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para«la represión interna».
También incluía a los jerarcas chavistas la prohibición de viajar a laUEy la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales a las que laUEconsidera «responsables de violaciones de los derechos humanos»y de«haber socavado la democracia y el Estado de derecho»en Venezuela.
Esa misma constituyente que terminó de convertir al parlamento en un cascarón, una especie de foro de debates cuyas decisiones no eran acatadas, terminó convocando una elección presidencial anticipada, para el 20 de mayo de 2018.
En esos comicios estaban proscritos los principales partidos de oposición y sus líderes históricos que potencialmente estaban en condiciones derrotar a Maduro. El chavismo además abusó de manera abierta de los recursos del Estado en la campaña electoral y de todos los medios de comunicación, públicos y privados para divulgar su propaganda electoral.
Maduro fue reelegido con 6,1 millones de los votos, aunque con una abstención de 54%, la más alta de la historia del país para unas presidenciales.
Tras esas elecciones, no reconocidas por parte de la comunidad internacional (principalmente por democracias de corte occidental de Europa, América y Asia y Oceanía) vino otra andanada de sanciones de Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva para prohibir «todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento en lacompra de cualquier deuda del gobierno de Venezuela y de Pdvsa, incluidascuentas por cobrar (pagarés); así como cualquier deuda con el gobierno de Nicolás Maduro en elque se comprometa como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden».
Esa orden ejecutiva de Trump del 21 de mayo de 2018 (cuando era inminente la elección de Maduro) también hasta hoy impide la liquidación de saldos de cuentas por cobrar relacionadas con petróleo.
«Se prohíbe la venta, transferencia, asignación o adjudicación como garantía por el gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el gobierno de Venezuela tenga 50% o más de participación (en Estados Unidos)», señala la orden ejecutiva.
Ese párrafo contenía la protección de Citgo frente a sus acreedores.
El portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmaba que las nueva sanciones contra PDVSA y el sector petrolero venezolano buscaban impedir que «el anterior régimen ilegítimo de Maduro continúe saqueando los activos y los recursos naturales de Venezuela» y preservar recursos para un futuro gobierno libre. La ayuda humanitaria está fuera se las sanciones».
Algunos tipos específicos de bonos quedaron fuera de la prohibición y sí se pudieron seguir negociando. Algunos inclusive de contrabando.
El efecto Guaidó
En enero de 2019 hubo un notable y pirotécnico giro en la situación política de Venezuela. La menguada oposición, lo que incluía a ciudadanos comunes y líderes políticos, ya había sido derrotada en todos los frentes internos por la aplanadora de la fuerza bruta chavista y sus cuerpos represivos.
Pero en un golpe de efecto el nuevo presidente de turno anual de la Asamblea Nacional (Congreso opositor) Juan Guaidó se proclamó como «presidente interino» de Venezuela alegando una vacío de poder puesto que la reelección de Maduro casi un año antes había sido considerada ilegítima porque había sido convocada por una constituyente también ilegítima y no por el Consejo Nacional Electoral, entre otras razones probadas.
Ese movimiento, apoyado por el gobierno de Trump y por la Unión Europea dio paso a la creación de un «gobierno interino», que nunca fue tal porque no tenía poder real, ni económico, ni territorial, mucho menos de las armas ni el favor de los militares.
Pero esa fórmula reconocida por unos 60 países (los mismo que no reconocían a Maduro) hizo que Citgo y otros activos venezolanos en el exterior -como las reserva de oro del Banco Central depositadas en Londres- quedaran fuera del control chavista y además fueran preservados del embargo de los acreedores.
Pero después de estos cuatro años la presidencia interina de Guaidó llegó a su fin en enero de 2023, cuando sus propios aliados del llamado G4 (grupo de cuatro partido opositores de mayor fuerza relativa: Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) decidieron «derrocarlo».
Pero no nombraron sustituto, ni está claro qué pasará con esa figura de presidente interino, de modo que Estados Unidos no tiene interlocutor en esta historia porque sigue sin reconocer a Maduro.
Uno de los errores de ese interinato, según fuentes internas, fue no intentar renegociar antes de que vencieran esos bonos Pdvsa 2020, con el argumento de que eran ilegales porque en efecto no tuvieron nunca la aprobación de la Asamblea Nacional (el poder Legislativo).
«En realidad, desde febrero de 2019 comenzaron las negociaciones con los tenedores de los Bonos 2020. Y nunca se detuvieron, ni siquiera luego de la demanda de nulidad, que no cuestionó a los bonos sino al colateral», apuntó otra fuente consultada por El Estímulo.
La Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA (la nombrada por el gobierno interino), emitió un comunicado el 28 de octubre de 2019, en el cual señalaba que ha entablado negociaciones con los titulares de los Bonos Senior PDVSA 2020 «para intentar encontrar una solución razonable a las obligaciones restantes».
«Estas negociaciones de buena fe continuaron hasta el 24 de octubre, incluida una solicitud de que los titulares de los bonos 2020 acuerden abstenerse temporalmente de ejercer cualquier remedio para que las partes puedan continuar discutiendo una posible resolución consensuada», señalaba el comunicado oficial de la Junta Administradora.
Pero no logró un «arreglo razonable» con los tenedores de los bonos.
Así las cosas, la oposición sigue hoy más dividida, incoherente, con una supuesta Asamblea Nacional de 2015 que en realidad es un fantasma, desaparecida por el chavismo y por el tiempo; nadie sabe dónde queda, ni cómo sesiona, además de sus sesiones «espiritistas» por Zoom. Sus integrantes han sido perseguidos y reprimidos por el aparato policial del estado chavista, están en el exilio, como su presidenta Dinorah Figuera, cuya casa en Caracas fue allanada.
Se acaba la taima
El 19 de julio de 2018 la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU) emitió una Licencia General (LG) que eliminó el obstáculo impuesto por la Orden Ejecutiva «para que los tenedores del bono del 8,5 por ciento de PDVSA 2020 tuvieran acceso a su garantía».
Después la Licencia General 5 fue reemplazada y sustituida por la Licencia General 5A el 24 de octubre de 2019 con un retraso en la entrada en efecto de la autorización en la licencia general.
Desde esa fecha, la OFAC ha prorrogado varias veces la entrada en vigencia de esa licencia, hasta que este 19 de abril de 2023 la prorrogó por tres meses hasta el 20 de julio, que es cuando podrán hacerse operaciones con el bono PDVSA 2020 y eventualmente los acreedores podrán hacerse de la propiedad de Citgo...a menos que haya algún tipo de negociación política o financiera para frenar lo que parece inevitable: la pérdida de la joya de la corona de la industria petrolera y del Estado empresarial venezolano.
En esencia, el gobierno de Joe Biden ha mantenido respecto a Citgo y Venezuela la misma política de Trump, aunque ha buscado algún acercamiento, lo que incluye intercambio de prisioneros, como los ejecutivos de Citgo encarcelados en Venezuela bajo señalamientos de presunta corrupción.
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética agudizada por las sanciones contra Rusia por su agresión no provocada, se supone que Venezuela, esta ex potencia petrolera, cobraría relevancia internacional y tendría más peso para negociar. Pero hasta ahora las evidencias indican que más bien está trancado el juego de las negociaciones políticas.
Hoy el destino de Citgo está en manos de un supuesto Consejo de Administración y Protección de Activos (CAPA), que coordina un exalcalde del municipio turístico de Lechería (estado Anzoátegui), llamado Gustavo Marcano.
El chavismo considera esta instancia «una banda criminal» que se apropia de los activos de Venezuela en el exterior.
Lo cierto es que nadie sabe bien donde contactar a ese Consejo. No se han pronunciado públicamente sobre la nueva situación en torno a Citgo, ni sobre las acciones que tienen pensadas para evitar ese destino del remate.
La supuesta Asamblea Nacional de 2015 tampoco ha decidido si nombra otro «presidente interino» que vaya a negociar con los gringos. Mientras tanto la incertidumbre se cierne sobre la última joya de la corona de la alguna vez poderosa industria petrolera venezolana.
