Las opciones para salvar la compañía más importante que Venezuela tiene en el exterior son cada vez más limitadas. En el marco de las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender la licencia que impide actuar contra de Citgo
La Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y permite a los acreedores de la República cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.
En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo.
El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó.
En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.
Pdvsa y Citgo nunca tuvieron negocios con Crystallex. El litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela, pero el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso.
En EEUU no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño, toda vez que legalmente son dos entidades distintas y separadas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones ni los laudos contra la República deberían cobrarse con cargo a Citgo porque son figuras jurídicas distintas. Citgo formalmente es propiedad de Pdvsa y no de la República.
Sin embargo, la República de Venezuela cuando estuvo representada en EEUU por el interinato utilizó fondos de Citgo y dio base para que el juez sentenciara que República y Pdvsa-Citgo son un mismo patrimonio contra el cual se podían cobrar las indemnizaciones y deudas que reclama Cristallex, los tenedores del Bono 2020 y otros acreedores cuyos reclamos al Estado venezolano superan ampliamente el valor de Citgo.
La sentencia firmada por el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware dice que: «Los actos del Gobierno de Guaidó son los actos pertinentes para el análisis del alter ego porque el Gobierno de Guaidó es reconocido por Estados Unidos como el gobierno legítimo de Venezuela.»
La apelación fue presentada por la directiva ad hoc de Pdvsa designada por el gobierno interino de Juan Guaidó porque es la que representa a Citgo ante los tribunales estadounidenses. Pero la Corte Suprema acaba de rechazar esta apelación y así el remate de Citgo se llevará a cabo una vez que a mitad de año se venza la prohibición de rematar Citgo dictada por la OFAC.
Las demandas contra la República tienen su origen en las de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo, mientras que el remate de sus acciones para pagar esas deudas fue facilitado por el mal manejo de los recursos de Citgo para financiar el interinato.
La Corte estadounidense encontró evidencias para determinar la aplicación del alter ego, según el cual se identifica como un solo patrimonio, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como el patrimonio de Pdvsa-Citgo y sentenció el remate de las acciones para pagar las indemnizaciones y deudas que tiene el Estado venezolano con sus acreedores, a los cuales Citgo no debe nada.
Las opciones para salvar la compañía más importante que Venezuela tiene en el exterior son cada vez más limitadas. En el marco de las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender la licencia que impide actuar contra de Citgo y prohibir el remate de sus acciones a cambio de destinar las ganancias de Citgo a financiar la repatriación de migrantes venezolanos en EEUU que quieren regresar para reconstruir su vida en el país que los vio nacer.
El costo social del conflicto venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos.
En Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los más de 7 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida, debido a los errores de la política económica que causaron la contracción de la economía, la destrucción de empleos y una persistente inflación que disolvió el poder adquisitivo de los hogares. Esta problemática fue agravada por la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas.
La ruta violenta e insurreccional para forzar un cambio en el mando político y las sanciones agravaron la crisis que tiene entre sus principales víctimas a la incesante migración de venezolanos azotados por el desempleo, los bajos salarios, la pobreza y la exclusión social.
La mayoría de los migrantes venezolanos está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia por la competencia laboral que representan para los trabajadores locales, y por la presión que ejercen sobre los servicios públicos y sociales. Esto genera creciente tensiones con los países en los que se concentra la migración venezolana. Donald Trump promete una deportación masiva de inmigrantes sin papeles si es reelegido presidente, los acusa de “envenenar la sangre de EEUU”.
Una solución digna para los migrantes venezolanos debe ocupar un lugar prioritario en las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores. En el marco de las Presidenciales de 2024 en EEUU, a la Administración Biden le conviene abrir una válvula de escape para aliviar la presión de los migrantes, y el gobierno de Nicolás Maduro está obligado a ofrecer incentivos para la repatriación de migrantes venezolanos de diferente calificación técnica y profesional que apenas sobreviven desempeñando otros oficios, pero el país los necesita para su reconstrucción.
Los millones de migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva. Muchos de ellos estarían dispuestos a regresar si encuentran incentivos para trabajar, reconstruir sus condiciones de vida y sostener sus familias. La reparación de daños a los migrantes es clave para el reencuentro y la reconciliación nacional.
En 2022 Citgo generó ganancias por $ 2.800 millones y en 2023 reportará ganancias semejantes. Actualmente tiene en caja más de $1.400 millones. Las negociaciones entre Washington y Caracas pueden acordar que la OFAC proteja a CITGO del remate siempre y cuando sus ganancias se destinen a la repatriación de migrantes venezolanos en EEUU, financiando los siguientes incentivos:
El problema de la migración venezolana tiene solución. Lo que hace falta es voluntad política.
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