Acuerdo petrolero con Estados Unidos: las cifras detrás del negocio

Donald Trump lo llamó «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial». Delcy Rodríguez habló de 17 yacimientos, 65.000 millones de barriles y 209.000 millones de dólares en tributos. Este es en volumen un acuerdo descomunal, y sobre una industria que llega prácticamente quebrada tras dos décadas de desinversión, sanciones y fuga de talento.

Que exista capital dispuesto a entrar a esa escala ya es un dato relevante. Pero el tamaño del acuerdo no es la única pregunta. Las dudas están en cuánto de eso entra realmente a Venezuela, bajo qué condiciones, y quién puede verificarlo.

¿En qué consiste, según lo que se ha dicho hasta ahora?

Lo que se conoce, a partir de los anuncios de Trump y de Rodríguez, es esto. El acuerdo cubre 17 yacimientos estratégicos, ocho de ellos bloques nuevos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, cerca del 21,5% de las reservas totales de Venezuela (303.000 millones, las mayores del mundo).

Se anuncia una inversión superior a 100.000 millones de dólares, un objetivo de producción de 1,5 millones de barriles diarios y la participación de petroleras como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP. Rodríguez fijó la vigencia en 25 años. Trump, en cambio, ha hablado de un horizonte de 100 años. Esa discrepancia entre los dos dice mucho sobre la precisión con la que se está informando algo que comprometerá varias generaciones.

Lo que no se conoce es casi todo lo demás. El texto del contrato no ha sido publicado, no hay claridad sobre el mecanismo de adjudicación de los bloques ni sobre las garantías de arbitraje internacional, y no se sabe si los 100.000 millones de inversión serán reembolsados a las empresas antes de que el Estado perciba regalías. Rodríguez mencionó una regalía mínima de 16% y un impuesto sobre la renta de 34%, pero sin el documento en mano esas cifras son, por ahora, un anuncio verbal, no una obligación verificable.

¿Cuánto recibiría realmente Venezuela?

El problema no es solo qué porción de las reservas del país queda comprometida, que ya se calcula en una quinta parte de todo el crudo probado de Venezuela. El problema es cuánto recibe el Estado por cada barril que sale.

Cuando se conoció el acuerdo, el cálculo que circuló entre economistas fue que los 209.000 millones anunciados equivalían a apenas 3,22 dólares por barril, menos del 5% del precio de referencia.

El investigador Francisco Rodríguez señaló que esa cifra representa «menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez» hace más de cien años. El economista Francisco Monaldi calificó el monto de «insólitamente bajo» y advirtió que, traído a valor presente, la cifra real es todavía más pequeña.

El sábado, Delcy Rodríguez salió a corregir esa lectura. Según explicó, «por cada barril producido y vendido cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país», casi seis veces más que lo calculado inicialmente.

Ese salto, de una cifra a otra en 48 horas, sin que medie el contrato, es exactamente el problema. No hay manera de saber cuál de las dos cifras es la correcta, o si ninguna lo es, porque no existe un documento público contra el cual contrastarlas. Se está discutiendo el acuerdo petrolero más grande de la historia de Venezuela con calculadora y comunicados de prensa, no con el papel sobre la mesa.

El periodista Ignacio Montes de Oca explica por qué esa diferencia importa tanto.

El crudo venezolano no se vende como Brent ni como WTI, sino como Merey, un barril pesado que cotiza entre 67 y 71 dólares y que, tras descontar extracción, mejora y transporte, deja una ganancia neta de 25 a 35 dólares por barril. Si el Estado recibe 19 dólares, se estaría quedando con más de la mitad de esa ganancia; si recibe 3, con apenas una décima parte. Son dos países fiscales completamente distintos.

¿Qué gana Estados Unidos?

Esta parte es la menos ambigua. Washington obtiene control sobre reservas que más que duplican las suyas propias, asegura suministro de crudo pesado para sus refinerías por décadas y le abre a Chevron un espacio de operación que llevaba años reclamando. Trump fue directo, la transacción «reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo».

La politóloga Marisela Betancourt añade una lectura política. Para el trumpismo, el acuerdo cierra el segundo gran relato de cara a las elecciones de noviembre, después de la migración, presentando la operación sobre Venezuela como un éxito con beneficio tangible para el votante estadounidense. «Venezuela terminó sosteniendo el proyecto MAGA», resume.

¿Transición o alineamiento con Washington?

El acuerdo no puede leerse aislado del proceso político que lo hizo posible, el acercamiento entre Washington y Caracas que arrancó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y que supuestamente conducía hacia algún tipo de transición. Lo que muestra este acuerdo, según voces expertas, es que esa transición está siendo definida casi por completo por los intereses de Estados Unidos, con un gobierno interino que firma compromisos de décadas.

Betancourt lo plantea sin rodeos, «toda la dinámica de la transición pasa por los intereses de EE.UU., que es el único actor con poder de decisión». Ricardo Hausmann va más allá y cuestiona la legitimidad misma del acto. Delcy Rodríguez, dice, «no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela a ningún acuerdo de ese tipo». Oscar Murillo, de Provea, lo enmarca como un problema institucional de fondo, se ha impuesto un esquema en el que decisiones esenciales del Estado dependen de directrices externas, sin que avance a la par la recuperación de legitimidad democrática de las autoridades interinas.

La pregunta que dejan abierta es incómoda. Si un gobierno que se presentaba como de transición firma, sin consulta pública ni marco constitucional claro, un compromiso de 25 o 100 años sobre una quinta parte de las reservas del país, ¿qué tan de transición es realmente ese gobierno, y hacia qué transita?

¿Y el venezolano de a pie?

Con los datos disponibles, la respuesta honesta es que todavía no se puede saber, y el estado actual de la economía invita a la cautela más que al entusiasmo.

El país llega a este anuncio con una producción que ronda 1,2 millones de barriles diarios, una fracción de los más de 3 millones que producía hace un cuarto de siglo. El salario mínimo cubre apenas una fracción mínima de la canasta básica familiar, que ronda los 728 dólares, y distintos estudios sitúan entre 68% y 70% los hogares venezolanos en pobreza de ingresos. El propio Encovi 2025 describe una reducción de la pobreza extrema impulsada más por remesas y dolarización informal que por recuperación productiva. El barril ya venía subiendo antes de este acuerdo, y esa mejora no llegó a la mesa de la mayoría.

Según lo que plantea el economista Asdrúbal Oliveros, para que el acuerdo tenga futuro (empleo real, inversión visible, ingresos que se sientan en la calle) es importante contar con seguridad jurídica e instituciones que no dependan de quién gobierne.