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Gobierno interviene empresas de alimentos en medio de la cuarentena

La vicepresidente Delcy Rodríguez anunció la ocupación de la empresa de alimentos Coposa y la supervisión de las ventas de Empresas Polar, Plumrose y el matadero de Turmero

Gobierno interviene empresas de alimentos en medio de la cuarentena

El gobierno de Nicolás Maduro desempolvó hoy la Ley de Precios Justos y ordenó la ocupación por 180 días de la empresa de alimentos Coposa, ubicada en el estado Portuguesa.

Coposa es una empresa agroindustrial dedicada a la producción, distribución y comercialización de productos oleaginosos, dirigidos al consumo masivo de aceites líquidos envasados y margarinas, con marcas reconocidas en el mercado venezolano como Coposa, Naturoil, Mirasol, Bonna y Bonarina.

La ocupación de Coposa fue anunciada por la vicepresidente Delcy Rodríguez, quien aseguró que esta medida será prorrogable en caso de considerarse necesario y forma parte de un «plan para la contención de la especulación».

También serán supervisadas las ventas de Empresas Polar, Plumrose y el matadero de Turmero.

La medida llega en medio de un repunte en los precios de los alimentos, registrado durante la cuarentena impuesta por el régimen de Maduro como medida de  prevención por la pandemia del Covid-19.

Supermercados  también en la mira

El sector industrial de alimentos no son los únicos en la mira del gobierno. La vicepresidenta señaló que ya existe un pacto en los precios de una cesta de 27 productos básicos con la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA).

Sin embargo, la lista y los precios aún no se conocen, y según Rodríguez se revelarán la próxima semana.

Todas estas medidas llegan en un momento de profundo en el que se han registrado focos de saqueos y protestas en algunas de las regiones del país, motivado por la cuarentena que no permite al sector informal salir a trabajar y el repunte en los precios de los alimentos.

Un viaje al pasado

Las declaraciones de Rodríguez sobre un «despliegue cívico militar» con la finalidad de «proteger los derechos» y corregir «las distorsiones» en la estructura y cadena de costos forman parte de un discurso que muchos empresarios habían pensado ya había quedado en el pasado.

Las fiscalizaciones de las empresas de alimentos habían cesado en el último año en lo que parecía ser una flexibilización de los precios por parte del régimen, con el fin de abastecer a un mercado que vivió una gran escasez de productos durante 2018.

Sin embargo, el repunte que ha registrado el precio del dólar desde el inicio de la cuarentena (+153%) ha disparado los precios de los productos y condujo a que el gobierno tomara de nuevo la carta de la Ley de Precios Justos para intentar controlar una economía que, según el FMI, cerrará el 2020 con una hiperinflación de 15.000%.

Las medidas de fiscalización del gobierno ocurren en medio de una paralización de la economía que mantiene a la mayor parte de la población en casa y que perjudica a más de la mitad de los venezolanos que viven de ingresos provenientes del sector informal.

Escasez a la vista

El recuerdo de la escasez de los productos aún está muy presente en los venezolanos. Largas colas para comprar a precios regulados y venta de revendedores en mercados negros parecían ser algo del pasado. Sin embargo, esto puede volver a ocurrir si el gobierno decide controlar nuevamente los precios, asegura el economista Asdrúbal Oliveros.

El director de Ecoanalítica explica que el abastecimiento mejoró en los últimos meses porque las empresas privadas importaban o producían y podían garantizar la reposición de inventarios vía ajuste de precios.

«Si usted no puede recuperar inversión, simplemente no va a producir o importar», señala Oliveros.

La destrucción del sector productivo que queda, tras siete años de recesión económica, es también, para Oliveros, una consecuencia de la medida de intervención anunciada desde la vicepresidencia.

El Estado no da dólares preferenciales

La época en la que las empresas recibían dólares preferenciales a un tipo de cambio por debajo del valor del mercado ya pasó. Las industrias que sobrevivieron al debacle económico del país empezaron a autofinanciarse.

Oliveros señala que al importar con sus propios dólares, si las empresas privadas «no pueden garantizar la reposición por controles absurdos, se para la importación. Al acabarse el inventario, no hay producto. El proceso se para».