Yumildre Castillo, profesora de la Especialización en derecho de familia y del niño de la UCAB, expuso cinco obligaciones que el Estado debe cumplir para garantizar para resguardar a los niños y adolescentes en los planteles, luego de la emergencia sísmica
Tras el doblete sísmico de junio y con el año escolar 2026-2027 en puertas, la abogada Yumildre Castillo, profesora de la Especialización en derecho de familia y del niño de la UCAB, sostiene que el Estado venezolano tiene el deber de «asegurar que las escuelas no se conviertan en escenarios de riesgo».
Por ello, la docente, con experiencia en el sistema de justicia de niños, niñas y adolescentes, y vinculada a la Clínica Jurídica de la UCAB, expuso cinco aspectos que, a su juicio, son prioritarios para un retorno seguro a las aulas de clase.
Las recomendaciones de Castillo consideran dos temas fundamentales que preocupan a familias y docentes: la seguridad estructural y desvinculación de planteles como refugios temporales; y la salud mental y gestión de riesgo en los planteles. Aquí las enumeramos.
«Ningún plantel debe abrir sus puertas sin un dictamen técnico de ingeniería civil que certifique que la estructura es sismorresistente y segura».
La profesora Castillo explica que la certificación estructural de escuelas y liceos es la prioridad número uno porque los sismos dejan daños que no se ven a simple vista: «no basta con una ‘revisión visual rápida’; se requiere un aval formal que evite colapsos ante réplicas o nuevas emergencias».
La abogada explicó que es fundamental que los planteles dejen de funcionar como refugios temporales para los damnificados por los terremotos antes de reabrir sus puertas. En este sentido, llamó a «garantizar espacios habitacionales alternativos y dignos para las familias antes de reactivar la dinámica escolar».
«Si una escuela sigue cumpliendo funciones de refugio, no puede iniciar clases de forma simultánea sin poner en riesgo la protección integral de ambas poblaciones».
La profesora también habló de la necesidad de garantizar los servicios públicos básicos en los centros educativos. Advirtió que un colegio sin baños o electricidad puede convertirse en un problema para la salud de la población estudiantil y el profesorado.
«Se debe garantizar es agua potable continua, saneamiento ambiental adecuado y servicios básicos funcionales que eviten brotes epidemiológicos o condiciones indignas de permanencia durante la jornada escolar«, dijo.
Yumildre Castillo indicó que las comunidades educativas venezolanas deben trabajar en la estabilidad emocional de profesores y alumnos. Recordó que los terremotos dejaron huellas en la salud mental de muchos niños, adolescentes y adultos, por lo que el personal docente y administrativo debe recibir capacitación en primeros auxilios físicos y psicológicos.
«Se deben instrumentar programas de apoyo emocional y salud mental en las escuelas, dotando a los maestros de herramientas pedagógicas para identificar cuadros de ansiedad, estrés postraumático y acompañar el duelo infantil de forma adecuada«
La profesora planteó la necesidad de actualizar los protocolos de gestión de riesgo en las unidades escolares. Recordó que la prevención de desastres debe convertirse en la norma.
«Cada institución debe contar con un plan de evacuación institucional validado, rutas de salida despejadas, puntos de encuentro externos seguros y simulacros obligatorios incorporados desde el primer día«.
Yumildre Castillo recalcó que «forzar un inicio de clases sin estas garantías mínimas constituye una acción con daño (…) La escuela debe ser el lugar más seguro después del hogar; si el espacio físico o emocional está comprometido, el retorno a las aulas en lugar de proteger, revictimiza».
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