Llamada formalmente Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, impide que un presidente estadounidense cambie las normas del embargo o lo elimine por decreto, siendo facultad exclusiva del Congreso.
Conocida popularmente por el nombre de sus promotores republicanos Jesse Helms y Dan Burton, la ley ordena a la Casa Blanca votar contra el ingreso de Cuba a los organismos financieros multilaterales, lo que priva al régimen comunista de la isla de estas importantes fuentes de crédito.
Asimismo, condiciona la ayuda a los expaíses socialistas a que sus tratos con la isla sean estrictamente a precios de mercado, sin subsidios, y retiene asistencia a toda nación que coopere con La Habana para terminar la construcción de la central nuclear de Cienfuegos (centro-sur).
La ley instruye al presidente estadounidense a desarrollar un plan para asistir al pueblo cubano y a un gobierno «elegido democráticamente» durante una transición a la democracia en la isla.
Además, prohíbe a terceros países la venta a Estados Unidos de productos con componentes cubanos, lo que afecta sobre todo al níquel, principal producto de exportación de la isla; así como la venta a Cuba de productos con componentes estadounidenses, lo que dificulta la actividad industrial y petrolera en Cuba.
También sanciones con 180 días de prohibición de ingreso a puertos estadounidenses, a barcos de terceros países que hayan atracado en Cuba.
El Título III, cuya ejecución es pospuesta cada seis meses por los presidentes debido al fuerte rechazo internacional, prevé sanciones a las personas o compañías de terceros países que «trafiquen» con propiedades norteamericanas que hayan sido confiscadas en Cuba. A ello se añade la denegación de visas de ingreso a Estados Unidos a esas personas.
La aplicación de la Ley Helms-Burton está a cargo de los Departamentos del Tesoro, Comercio y Estado, e incluye disposiciones de la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1963.
En los últimos años, 38 compañías y bancos extranjeros fueron multados en Estados Unidos por realizar operaciones con Cuba, por un total que supera los 11.000 millones de dólares.
Nuevas restricciones ya habían sido añadidas con la Ley Torricelli en 1992, que prohibió las transacciones de Cuba con empresas subsidiarias de consorcios estadounidenses en terceros países.
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