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Empresas compiten por campos petroleros mexicanos en zonas violentas

Un gran número de variopintas empresas participarán el martes en la primera licitación del gobierno mexicano para extracción de hidrocarburos en 25 campos terrestres de zonas violentadas por el narcotráfico y plagadas por tomas clandestinas de ductos de combustibles.

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Ochenta empresas, la mayoría mexicanas, competirán con bases flexibilizadas tras las decepcionantes dos primeras licitaciones de yacimientos en aguas someras recientemente abiertos a la inversión privada.

Los campos terrestres tienen reservas de aproximadamente 109 millones de barriles, y están en Nuevo León, Tamaulipas (noreste) y Veracruz (este) -escenarios de constantes choques carteles de México-, y en Tabasco y Chiapas (sureste).

En todo el país se descubrieron en 2014 más de cuatro mil tomas clandestinas de ductos de combustible, casi el doble que en 2013, señala el gubernamental Informe de Sustentabilidad 2014 difundido en noviembre pasado.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró a Radio Fórmula el lunes que el Congreso analiza una legislación «estricta» con la que se espera abatir este delito que «ha golpeado muy duro» a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pero los campos son atractivos porque ya han producido hidrocarburos, y los contratos oscilan entre apenas 50 y 100 millones de dólares.

– Violencia no afecta interés –

La inversión «sigue siendo más atractiva que el riesgo por inseguridad; si en el sur de Yemen hay inversionistas en petróleo…», expuso Raymundo Tenorio, experto en energía de la universidad privada Tec de Monterrey, en referencia al conflicto en el país árabe.

La violencia rodea a los campos por estar en la ruta de trasiego de drogas a Estados Unidos. Empero «muchas compañías estarán minimizando ese aspecto», cree David Shields, director de Energía a Debate, revista especializada escrita por expertos del sector.

Entre los participantes están la australiana Armour Energy Limited, la inglesa Armour Energy Limited y la mexicana Carso Oil and Gas del magnate Carlos Slim.

Las licitaciones son el resultado de la polémica reforma energética que abrió el sector luego de casi 80 años del monopolio de Pemex, impulsada con la intención de incrementar la decaída producción de petróleo.

En las dos licitaciones previas de la llamada Ronda Uno se subastaron 19 campos, de los cuales sólo se adjudicaron cinco, a pesar de la flexibilización de las bases de competencia ante la caída de los precios del petróleo.

Para esas licitaciones el gobierno estableció contratos de producción compartida que establece la recuperación de costos bajo la aprobación de la secretaría de Hacienda, lo que implica una «sofisticada estructura administrativa» que difícilmente tienen pequeños operadores, comentó David Enríquez, de la consultora Goodrich, Riquelme y Asociados que lleva cuentas de firmas que han ganado contratos y otras que compiten el martes.

En esta subasta, las empresas juegan por contratos de licencia, que Enríquez define como «más amigables con el sector» porque sus ingresos se planifican sin pasar por la burocracia.

Entre los cambios que hizo el gobierno a la subasta está la posibilidad de que los operadores realicen actividades exploratorias y no sólo de extracción.

– «Fiesta petrolera de la democracia» –

Con los contratos de licencia, añade Shields, el Estado atrae a más inversionistas, porque «en lugar de compartir producción y ganancias, se conforma con un ingreso que suele ser menor».

Shields, integrante de un grupo de expertos independientes que vigila licitaciones del sector energético, considera que la participación de más compañías mexicanas en la subasta se debe a la oportunidad que ven en «tener proyectos en tierra, donde sus especialistas tienen algo de experiencia, y que les resultan accesibles».

Coldwell ha dicho que la subasta «se planificó para buscar la participación de empresas medianas y pequeñas».

Pero Enríquez, advierte que tantos licitantes «variopintos» harán de la licitación del martes una riesgosa «fiesta petrolera de la democracia» porque por un lado hay operadores con experiencia internacional sólida y por el otro «una multitud» de «grupos de ingenieros que encontraron algún inversionista, pero que es probable que tengan problemas para ejecutar los proyectos».

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