Delcygate: España no investigará a Delcy Rodríguez por su visita en enero

En un nuevo episodio de lo que los medios españoles llamaron el «Delcygate», el juzgado madrileño decidió no seguir investigando la estancia de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez el 20 de enero de este año.

La agencia Efe informó que los jueces decidieron archivar la causa al considerar que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid dictó el sobreseimiento de la causa, como solicitó recientemente la Fiscalía.

Esta decisión judicial podría abrir la puerta a que funcionarios del gobierno de Maduro, sancionados por la Unión Europea, se reúnan libremente con personas del gobierno español en zona de tránsito, sin obstáculos legales.

Eurodiputados en desacuerdo

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una carta a la Comisión Europea para reclamarle que indague sobre la estancia de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas el pasado 20 de enero, pese a estar sujeta a sanciones europeas.

«Enviaremos una carta a la CE que, como guardiana de los tratados, es competente para asegurar por tanto el cumplimiento del Derecho de la Unión», dijo ayer 10 de noviembre sobre el Delcygate, la presidenta de ese comité parlamentario, Dolors Montserrat, del conservador Partido Popular.

Además, la Comisión de Peticiones solicitará información a la Presidencia alemana del Consejo para que haga lo propio y al Gobierno español sobre qué medidas se tomaron «para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas», precisó Montserrat.

Pese a estar incluida en la lista de 36 personas relacionadas con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y sujetas a restricciones, como la prohibición de ingresar en territorio europeo o la congelación activos, Rodríguez pasó por el aeropuerto de Barajas, donde se encontró con el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos.

Aquel episodio generó una fuerte polémica política en España, que llegó al pleno de la Eurocámara el pasado 11 de febrero, donde el alto representante para la Política Exterior de la UE, el socialista español Josep Borrell, dijo que la Comisión no puede iniciar un procedimiento de infracción contra España, pues los países son «los encargados de aplicar y verificar las sanciones en sus jurisdicciones».

Apoyaron mantener abierta la petición los eurodiputados del Partido Popular Francisco Millán Mon, Isabel Benjumea y Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López.

«El hecho de que el Gobierno de España no haya adoptado las medidas necesarias (…) es grave. Pero que dicha actuación no haya tenido respuesta alguna por parte de la Unión Europea, lo es más», consideró López sobre el llamado Delcygate.