El procedimiento, reabierto en una nueva pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya no está en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid —como ocurrió en la fase inicial—, sino de Anticorrupción, un departamento con mayor autonomía funcional y menor dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado
La investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro relevante con la entrada en escena de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que dirige Alejandro Luzón, según informó The Objective.
El procedimiento, reabierto en una nueva pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya no está en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid —como ocurrió en la fase inicial—, sino de Anticorrupción, un departamento con mayor autonomía funcional y menor dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado. El foco de las pesquisas vuelve a situarse sobre el destino de los 53 millones de euros concedidos por la SEPI a la compañía aérea en marzo de 2021.
La causa que ahora se instruye en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, a cargo de la magistrada Esperanza Collazos, guarda relación directa con el procedimiento que se abrió en abril de 2021 y que terminó archivado en enero de 2023 por un error procesal en la prórroga de la instrucción. En aquella primera fase, la actuación del Ministerio Público fue determinante para el desenlace del caso. La Fiscalía adscrita al juzgado —con una dependencia más directa de la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Álvaro García Ortiz— solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa al considerar que no existían indicios de delito en la aerolínea, pese a que Plus Ultra presentaba una situación económica delicada antes de la pandemia y acumulaba pérdidas millonarias.
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