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ONU insta a garantizar reunificación familiar de colombianos deportados

"Estoy perturbado por las recientes deportaciones colectivas de más de mil colombianos desde Venezuela", indicó Zeid Ra'ad al Hussein.

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Foto: EFE

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, «urgió» este lunes a Caracas y Bogotá a garantizar que los colombianos deportados de Venezuela que se han separado de sus familias puedan reunificarse.

«Estoy perturbado por las recientes deportaciones colectivas de más de mil colombianos desde Venezuela», indicó Zeid a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunidos en la ceremonia inaugural de su trigésima sesión.

Zeid recordó que entre los expulsados hay personas que necesitan protección internacional y lamentó que los derechos fundamentales de muchos de ellos hayan sido violados, incluyendo el que no se haya llevado a cabo el debido proceso, la destrucción de la propiedad o las separación familiar.

«Urjo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar la reunificación familiar y evitar más abusos de ciudadanos colombianos», agregó.

Al menos 1.355 colombianos han sido deportados de Venezuela y cerca de 15.000 han decidido regresar a su tierra desde que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, cerró parte de la frontera común como parte de una guerra contra el contrabando y presuntos paramilitares.

Ambos países se han declarado abiertos al diálogo pero por ahora no han logrado establecer las bases para negociar.

En su discurso, el alto comisionado también se refirió a otras situaciones en América Latina, entre ellas la de República Dominicana.

Zeid dijo que su oficina «sigue de cerca» el proceso de deportaciones de personas de origen haitiano.

«Las autoridades deben asegurar que a aquellos con una solicitud válida para poder permanecer (en territorio dominicano) se les permita hacerlo, y que cualquier deportación se lleve a cabo cumpliendo con los estándares internacionales».

En 2013, la Corte Constitucional decidió revocar la ley que concedía la nacionalidad a miles de haitianos indocumentados residentes en la República Dominicana y a sus hijos nacidos en el país, que habían obtenido la nacionalidad.

A pesar de que el Gobierno ha establecido un proceso de registro para poder regularizar a los indocumentados, el sistema es muy restrictivo y ha obligado a miles de ellos a huir y otros miles corren el riesgo de ser deportados.

Zeid también se refirió al hecho de que las masivas protestas sociales contra la corrupción en Guatemala tuvieron como consecuencia la renuncia del presidente y la vicepresidenta.

El alto comisionado se congratuló de que las recientes elecciones se llevaran a cabo de forma pacífica y ordenada y se mostró dispuesto a ayudar al país en todo lo que sea necesario.

Con respecto a las protestas anti-corrupción en Honduras, Zeid aplaudió que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, haya anunciado mantener un «diálogo incondicional» con los manifestantes y tomar medidas enérgicas contra la corrupción.

Sin embargo, Zeid lamentó que la respuesta a las manifestaciones recientes en Ecuador no haya sido del mismo orden, y que se hayan denunciado represión, excesivo uso de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.

«Recuerdo al Gobierno que la gente tiene el derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación».

Con respecto a Brasil, el alto comisionado lamentó que disputas sobre tierras ancestrales indígenas sigan acabando con la pérdida de vidas humanas, y especialmente se refirió al asesinato del líder de la comunidad Guaraní-Kaiowa.

«Urjo a las autoridades no sólo a investigar esta muerte, sino también a actuar de manera amplia para evitar nuevos desalojos y delimitar correctamente las tierras ancestrales».

Finalmente, Zeid se refirió a México y al caso de los 43 estudiantes asesinados en Iguala «por criminales asociados a funcionarios corruptos».

El alto comisionado alabó que el gobierno haya pedido la ayuda de la Comisión Interamericana y espera que los resultados de su informe sirvan para «reorientar las investigaciones, delimitar las responsabilidades de las autoridades en todos los niveles, y establecer la verdad».

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