Mientras miles de personas se manifestaban fuera de la corte, en el interior, el Gobierno defendió las medidas proclamas por Obama en noviembre de 2014 para evitar la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente.
Estas medidas fueron bloqueadas por iniciativa de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
«No estamos tratando de cambiar el estatus legal de nadie en Estados Unidos», argumentó en la audiencia Donald Verrilli, el abogado del Estado.
El juez conservador Anthony Kennedy, que en muchos casos es el voto clave en una votación ajustada, cuestionó que Obama pueda suspender las deportaciones de millones de personas sin el visto bueno del Congreso, al considerar que esa «es una tarea legislativa».
«Parece que el presidente está definiendo la política y el Congreso la está ejecutando. Esto está al revés», dijo Kennedy sobre las medidas de Obama, que son temporales y permitirían a los beneficiados tener un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
En cambio, la jueza de inclinación progresista Ruth Bader Ginsburg opinó que «inevitablemente hay que plantear prioridades» a la hora de deportar o no a los indocumentados del país, algo con lo que coincidió la magistrada hispana Sonia Sotomayor.
Impacto económico
El presidente de la máxima instancia judicial, John Roberts, abarcó uno de los argumentos principales que emplea Texas en su demanda: los daños económicos que provocaría emitir de manera masiva las licencias de conducir a las que tendrían derecho los indocumentados beneficiados por las medidas de Obama.
Roberts opinó que es «perfectamente legal» que Texas quiera emitir permisos de conducir solo a los residentes legales.
Precisamente, Roberts ha acaparado mucha atención en este caso, pues ya salvó en el Supremo la reforma sanitaria de Obama y ahora podría dar el voto decisivo al argumentar que los asuntos políticos deben de resolverse fuera de la corte, como ha hecho en el pasado.
Ante el argumento de Texas sobre daños económicos, el Gobierno alegó que los estados no tienen ninguna autoridad para desafiar las acciones ejecutivas porque, al no haber entrado en vigor, todavía no han causado ningún daño concreto y tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis y no hechos.
Disputa política
Las medidas migratorias de Obama han recibido el apoyo de 16 estados y del Distrito de Columbia, así como de tres mujeres indocumentadas que viven en Texas y cuya voz estuvo representada en la audiencia por un letrado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), Thomas Sáenz.
«Esto es una disputa política», sostuvo Sáenz en la sesión.
La audiencia contó con la inusual participación de la Cámara de Representantes, que por iniciativa de la mayoría republicana defendió que el presidente «no tiene el poder» para escribir las leyes y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según sostuvo la abogada Erin E. Murphy.
No obstante, esa letrada no representa a todos los legisladores, pues las medidas migratorias han recibido el apoyo de 225 miembros demócratas de la Cámara baja y el Senado, así como de un grupo bipartidista de antiguos legisladores.
La inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia dejó vacante un asiento en el Supremo y abre la posibilidad de un empate entre los ocho magistrados restantes, que deben decidir sobre el caso antes del final de junio.
Si empatan, los jueces tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo magistrado se incorpore a la corte.
Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama ha prometido que si la corte falla a su favor implementará de inmediato las medidas migratorias para que estén en vigor antes de que el mandatario deje el poder en enero.
Mientras que los dos aspirantes demócratas a la Presidencia, Hillary Clinton y Bernie Sanders, aseguran que dejarían en pie esas medidas; sus rivales republicanos, Donald Trump y Ted Cruz, han prometido revocarlas si lleguen al poder.
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