En un año electoral determinante para definir la historia inmediata de Venezuela el chavismo se atrinchera en el Tribunal Supremo Electoral (TSJ) con los nombramientos y ratificaciones de magistrados de pública y notoria militancia política.
Comienza el 2024, año en el que deberían realizarse elecciones presidenciales y hay movimientos en las esferas del poder en Venezuela. Antes de que se iniciara el año judicial, se conoció la nueva junta directiva que dirigirá las decisiones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Precisamente la presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, es ahora la presidenta designada por la Sala Plena del máximo juzgado. El Primer Vicepresidente es Edgar Gavidia Rodríguez, quien encabeza la Sala de Casación Social, y la Segunda Vicepresidencia recayó en la Sala Constitucional, pero, en alguien que viene del Consejo Nacional Electoral, Tania Damelio Cardiet.
Ha un año y dos meses, cuando ocurrió el anterior nombramiento de magistrados, en círculos jurídicos se discutió acerca de las condiciones académicas y profesionales y las capacidades de cada uno de esos abogados para ocupar una silla en el TSJ.
Es que según la Constitución Nacional, en su artículo 263, los aspirantes a ocupar estos cargos deben ser venezolanos por nacimiento y no poseer otra nacionalidad; ser ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, y tener un título universitario de postgrado en materia jurídica, o haber sido profesor universitario en materia jurídica por un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular; o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en la carrera judicial y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
La página web del TSJ indica que la nueva presidenta se graduó de abogada en la Universidad Central de Venezuela y tiene una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación, una maestría en Derecho Penal Militar y está cursando un doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público.
La mayor parte de su vida profesional, según el sitio digital del tribunal, la compartió entre asesorías en materia jurídica y cargos políticos en el Cabildo Metropolitano, donde fue concejal entre 2004-2008. También fue presidenta de la cámara del Municipio Libertador de Caracas 2021-2022. Sólo dio clase en el Ministerio de la Familia y en un programa del Banco Interamericano de Desarrollo un año, entre 1998-1999. También trabajó en el viejo Congreso de la República antes de su extinción en 1999.
La magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez ya ha dejado saber cómo juzga desde su asiento en la esquina de Dos Pilitas, centro de Caracas. Rodríguez es quien firma la sentencia 123 que contiene la suspensión de las elecciones en la Universidad de Carabobo en noviembre de 2023.
Asimismo, es parte de la sentencia 124 con ponencia conjunta, con la que se suspendió los efectos de las elecciones del Colegio de Abogados también del estado Carabobo, y designó una junta Ad Hoc. El abogado Julio Castillo dijo en su oportunidad que la decisión llegó 24 horas después que se anunciara un acto de María Corina Machado en el recinto de los juristas en esta entidad.
Su firma también aparece en la ponencia conjunta de la sentencia 122, con la cual ordenaron a la Comisión Nacional de Primaria entregar al TSJ el acta de aceptación de la postulación de María Corina Machado, a quien señalan como inhabilitada por 15 años, y las renuncias de Henrique Capriles y Freddy Superlano, las actas de constitución de las mesas, los cuadernos y papeletas de votación, las actas de totalización y de proclamación.
De igual manera, la sala ordenó al Fiscal Tarek William Saab investigar presuntos hechos ilícitos denunciados por el político pro chavista José Brito y otros actores políticos.
En definitiva, como lo reseña Transparencia Venezuela, durante su gestión como alcaldesa encargada del municipio Libertador dio unaentrevista al portal Ciudad Ccs, en la cual se le describió como“una mujer profundamente comprometida con las tareas que delega la Revolución. Leal al comandante Hugo Chávez, al presidente Obrero Nicolás Maduro y a los proyectos para la construcción del socialismo”.
El Primer Vicepresidente del TSJ, y presidente de la Sala de Casación Social, Edgar Gavidia, nació en Caracas y es abogado egresado de la Universidad Santa María, en donde también cursó una especialización en Derecho Penal. El sitio digital del alto tribunal indica que Gavidia ejerció la profesión en materia penal por dos décadas. También fue miembro del Cabildo Metropolitano. Además, hizo nueve cursos y talleres.
Por su parte, la magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio Cardiet, es la segunda vicepresidenta del TSJ. Nació en Avelino, Italia.
Muchos la recuerdan por haber sido rectora principal del Consejo Nacional Electoral desde 2009 y hasta 2022, ratificada por la sala que hoy dirige en 2016 y 2020 y en el año 2021 por la Asamblea Nacional. Estas ratificaciones fueron hechas a pesar de que el artículo 296 constitucional dice que el período de cada rector será de siete años.
La única manera constitucional de que D’Amelio pueda ser magistrada del TSJ aunque no es venezolana por nacimiento, es si cumple con el artículo 40 de la constitución que reza: “Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta constitución. Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, los venezolanos y las venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido permanentemente en él hasta alcanzar la mayoridad”. De lo contrario su nombramiento es ilegal.
Respecto a estos recientes nombramientos y enroques en el TSj, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, manifestó que es visible el control sobre el tribunal por parte de quienes llevan las riendas del país.
“Yo no sé si el control será mayor o si será más evidente, yo creo que más bien es evidente, porque hasta ahora nosotros sabemos que en Venezuela el Poder Judicial no tiene autonomía y eso lo vemos siempre en las decisiones que de algún modo tienen un cariz político. Por ejemplo, no puede uno dejar de enlazarlo con esta acción que interpuso María Corina Machado en el TSJ y lo que hemos visto con la secuencia de negativas al abogado Perkins Rocha para que vea el expediente. Cabe la pregunta, y por qué estaban esperando este cambio. ¿Será por eso que no dejaban que vieran el expediente?, preguntas que van a tener una obviamente una explicación política”, indicó Mármol de León al ser consultada para este enfoque.
La magistrada, que estuvo en la Sala Penal entre 2000 y 2012, indicó que pudiera tratarse de una “electoralización” de la directiva del TSJ.
“Eso tiene total coherencia con lo que dije antes, de la posibilidad de elecciones en el mes de marzo, como dijo un miembro del gobierno. La situación del control y la falta de autonomía, y la proveniencia de estas magistradas ligadas al ámbito electoral… entonces esto pareciera estar enfocado hacia un control de las elecciones que están por celebrarse este año”, afirmó.
“Cuando la política entra al tribunal, la justicia sale por la ventana”
Blanca Rosa Mármol de León
“Esto es lo que nos está pasando, porque entonces las decisiones son políticas», agrega al observar que estos funcionarios «que no cumplen con el perfil y la característica de un magistrado, no pueden ser parte del Tribunal Supremo de Justicia».
«Un magistrado debe tener experiencia en el ejercicio del Derecho, debe haber estudiado, debe haber hecho el postgrado y debe tener también honorabilidad. Pero sí, como única calificación tiene el desempeño como político, eso no tiene nada que ver con el perfil de un magistrado o un juez”, indica la jurista.
La abogada y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, cree innecesaria hoy la discusión sobre los requisitos que debe llenar un individuo para ser magistrado de la República, sencillamente porque quienes ocupan actualmente los asientos en el máximo tribunal no cumplen con lo que está establecido en la Constitución.
“Creo innecesario ocuparnos en un paneo de los requisitos que están en la constitución y las personas que se desempeñan en esos cargos en este momento. No llenan ninguno de los requisitos, todos sabemos que son personas puestas políticamente para constituir el poder público, en este caso el Poder Judicial en la cabeza del Tribunal Supremo que es el órgano que controla al resto de los poderes”, indicó la jurista.
Cecilia Sosa Gómez
“Para un régimen como este es imposible tener personas que tengan independencia, que tengan la capacidad exigida por la Constitución y por supuesto la autonomía y la formación de criterios para sentenciar causas. De manera que para mí eso no es un tribunal, menos un tribunal supremo, es irrelevante el enroque que han hecho de las presidencias de salas. Solo tendrían una razón, y son las declaraciones de quien se atribuye la Presidencia de la República, quien dijo que este año hay elecciones, de manera que ese enroque obedece a esa dirección”, agrega la ex magistrada.
Sosa Gómez, quien estuvo en el máximo tribunal del país desde 1989 hasta 1999 cuando renunció, calificó de “poco legítimas” las decisiones del TSJ porque son sentencias políticas.
“Digan si, diga no, lo único que está en evidencia es que todo este enroque se justifica para tener un poder que diga la última palabra en materia electoral, y eso lo entiende toda Venezuela. Pero hay algo que no pueden ocultar, y es que los venezolanos queremos un cambio y eso se va a traducir en unas elecciones”.
Cecilia Sosa Gómez
La exmagistrada aseguró que el Consejo Nacional Electoral terminará inscribiendo a la persona que genere ese cambio.
“Si se llama María Corina Machado, que fue la que ganó las primarias, y que precisamente demostró que no importa que haya una sentencia del Tribunal que diga que las primarias son nulas porque ella es la candidata a la oposición al régimen, van a tener que inscribirla porque si no la elección de cualquier otro sería ilegítima puesto que no hubo las exigencias propias de la constitución”, argumenta.
Candidatos inhabilitados por la Contraloría tienen plazos desde este 1 de diciembre hasta el día 15 para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso legal y un recurso de amparo contra éstas inhabilitaciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desempolva una sentencia de 2019 que en la práctica significa intervenir en un proceso interno y atenta contra la autonomía, denuncian académicos.
"Instamos a Nicolás Maduro y a sus representantes a mantener los compromisos que asumieron en la firma del acuerdo de la hoja de ruta política en Barbados", dijo un portavoz del gobierno de EEUU. Sin embargo, no indicó cuáles serían las medidas a tomar
