Un nuevo caso de corrupción rodea al expresidente de Brasil Lula Da Silva; la Policía Federal formuló este viernes 26 de agosto cargos en su contra por presunto lavado de dinero en una investigación sobre unas propiedades que le pertenecen.
La acusación se extiende a la esposa del ex mandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Esta es la primera acusación formal en contra de Lula por las investigaciones de Lava Jato.
En una investigación realizada por el periódico Estadao, Lula y su esposa son acusados de soborno, lavado de dinero y falsificación. La conclusión de la Policía es que la pareja se ha beneficiado de la trama de sobornos de Petrobras, a través de reformas que realizó a inmuebles de su propiedad.
Los Policía registró la casa de su hijo, Fabio Luiz, y otras residencias cuya propiedad se le atribuye a su familia, como la sede del Instituto Lula, una finca de la localidad paulista de Atibaia; y un apartamento en el balneario de Guarujá.
Las autoridades sospechan que esas propiedades pertenecen en realidad a Lula, aunque figuran a nombre de otras personas allegadas al exmandatario. Son por lo menos R$ 4,5 millones (US$1,2 millones) en lavado a través del estos inmuebles y mobiliario de lujo en ambos, así como almacenamiento de bienes.
Las investigaciones se enfocaron en las remodelaciones que Lula hizo a un lujoso apartamento construido por Bancoop (cooperativa de vivienda de la unión bancaria), que tenía como presidente al extesorero del PT João Vaccari Neto, preso desde abril de 2015.
La propiedad fue adquirida por la OAS (constructora investigada en Lava Jato) y recibió mejoras del contratista acusado por casos de corrupción en Petrobras. El expresidente sería el verdadero titular de la lujosa propiedad.
Lula negó conocer al ingeniero Paulo Gordilho de OAS, el cual participó en la reforma de la cocina del lujoso apartamento y otros bienes que los investigadores atribuyen a Lula, como la casa de cambio de Atibaia en Santa Bárbara.
Los investigadores reunieron pruebas que apuntan a la participación de Lula en el sistema de corrupción que estaba en vigor desde 2004 hasta 2014, en la estatal petrolera Petrobras y que también se reflejó en otras áreas del gobierno, tales como los contratos del sector energético, aeropuertos y carreteras.
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