Un juez federal suspendió el viernes por la noche de manera temporal el decreto del presidente Donald Trump que restringe el ingreso de personas de siete países de mayoría islámica, un fallo surgido de una demanda interpuesta por los estados de Washington y Minnesota.
El juez de distrito James Robart, en Seattle, determinó que los estados tenían derecho a impugnar la orden ejecutiva de Trump, pese a las objeciones de los abogados del gobierno, y señaló que había posibilidades de que ganaran su caso.
«El estado ha cumplido con la carga de demostrar un perjuicio inmediato e irreparable», señaló Robart al emitir su fallo, el cual tiene validez a nivel nacional.
No queda claro por el momento qué pasará ahora con las personas que han esperado años para recibir visas de Estados Unidos. Sin embargo, un correo electrónico difundido el viernes entre funcionarios de Seguridad Nacional indicaba a los empleados que cumplieran el veredicto con efecto inmediato.
El portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer difundió por la noche un comunicado en el que dijo que pedirán «un aplazamiento de emergencia de esta escandalosa orden y defenderemos la orden ejecutiva del presidente, la cual creemos es legal y apropiada».
Poco después, la Casa Blanca envió un nuevo comunicado que eliminaba la palabra «escandalosa».
«La orden del presidente tiene como fin proteger a la patria, y tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense», se afirma en el comunicado.
La prohibición que impuso Trump la semana pasada generó protestas en todo el país y confusión en aeropuertos debido a la detención de algunos viajeros.
Washington se convirtió en el primer estado en entablar una demanda contra la orden presidencial que prohibió temporalmente el ingreso de personas de Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen, y suspendió el programa de refugiados de Estados Unidos.
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, dijo esta semana que las restricciones migratorias ordenadas por Trump perjudican de manera importante a los residentes y que en la práctica son una orden para discriminar. Minnesota se sumó a la demanda dos días después.
Tras el fallo, Ferguson dijo que las personas de los países afectados pueden ahora solicitar su ingreso en Estados Unidos.
«El fallo del juez Robart, que entra en vigor inmediatamente… frena la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal del presidente Trump», declaró Ferguson. «La ley es un instrumento poderoso, puede hacer que todas las personas rindan cuentas por sus actos, y eso incluye al presidente de Estados Unidos».
Gillian M. Christensen, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que esa agencia no hacía declaraciones sobre casos judiciales en marcha. El fallo del juez podría ser apelado ante la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito.
El juez dijo en su orden escrita que no es trabajo del tribunal «crear políticas ni juzgar la sensatez de política alguna promovida por los otros dos poderes» del gobierno.
La labor de la corte «se limita a garantizar que las medidas adoptadas por los otros dos poderes se atengan a las leyes de nuestro país».
La orden de Robart dice que los elementos federales acusados «y sus respectivos oficiales, agentes, funcionarios, empleados, abogados y personas que actúan de manera concertada o participan con ellos» no pueden aplicar la orden ejecutiva.
Un funcionario del Departamento de Estado que solicitó el anonimato porque el asunto aún se dirime en tribunales, dijo el viernes que colaboraban «de manera estrecha con el Departamento de Seguridad Nacional y nuestros equipos jurídicos para determinar cómo este fallo afecta nuestras operaciones. Anunciaremos cualquier cambio que afecte a quienes viajen a Estados Unidos tan pronto como la información esté disponible».
Los abogados del gobierno alegaron que el Congreso otorgó al presidente la autoridad para adoptar decisiones sobre seguridad nacional y el ingreso de inmigrantes.
Washington y Minnesota estados ganaron una orden temporal de restricción mientras la corte considera la demanda, en la que se busca congelar de manera permanente la orden de Trump. Tanto estados como grupos defensores de los inmigrantes han impugnado la medida de Trump en tribunales en diversas partes del país.
Debido al decreto de Trump se cancelaron las visas a unos 60.000 extranjeros, dijo el viernes el Departamento de Estado.
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