Constituyente dispara más violencia política armada en Venezuela

Crisis Group, con sede en Bruselas, Bélgica, una ONG especializada en solución de conflictos, acaba de actualizar su “Lista de Observación” anual, inicialmente publicadas en febrero, para incluir nuevas perspectivas sobre la situación de Venezuela, junto con la de Nigeria, Qatar y Tailandia, que tienen sus propios problemas.
Esta publicación identifica las más serias situaciones de conflicto en las cuales es necesaria una rápida acción a la cual dirigir el respaldo de la Unión Europea o de sus estados miembros, para fortalecer las posibilidades de paz. Fue fundada en 1995 por Morton I. Abramowitz, Mark Malloch Brown, Baron Malloch-Brown, George J. Mitchell y mantiene una plantilla de más de 150 personas de 49 nacionalidades analizando el estado de los conflictos en el planeta.
En junio, otro informe enfocado en Venezuela señalaba que en vista de que el gobierno de Maduro había rechazado posibles negociaciones en el marco de la Organización de Estados Americanos, (OEA) “hay pocas esperanzas de que se logren avances sin que surjan importantes fracturas entre los pragmáticos y los extremistas dentro de los liderazgos tanto militares como civiles”.
“Para alcanzar este propósito, se necesitan zanahorias además de palos. Entre las primeras, la más importante es un plan creíble para restaurar la paz democrática que ofrezca garantías a ambas partes, incluido un régimen de justicia de transición Pero antes el gobierno debe abandonar su proyecto de crear una asamblea constitucional, que solo lograría intensificar el conflicto y hacer que sea aún más difícil encontrar una solución”, decía en junio.
“Sin una fractura en el gobierno (y en particular en el ala militar) el plan de una asamblea constituyente parece indetenible, y una más extendida violencia es probable”, señala ahora en un documento del 20 de julio.
“Venezuela se aproxima a un momento clave de su extendida crisis política: el gobierno se prepara para reemplazar la democracia con una completa dictadura mediante una Asamblea Constituyente de plenos poderes, a ser electa el 30 de julio bajo unas reglas que efectivamente excluye a la oposición. Cerca de 100 personas han muerto en los últimos tres meses de protestas a lo largo del país, muchos de ellos abatidos por la policía, la Guardia Nacional o civiles armados”, recuenta ahora.
Comenzando una semana antes del día de la constituyente el Ejército será desplegado en las calles para evitar cualquier disrupción, señala.
“Hay un grave riesgo de violencia en una escala que no ha sido vista y una nueva ola de emigraciones es probablemente inminente”, dice sobre la salida masiva de venezolanos huyendo de la crisis económica, política y social, y de la violencia criminal.
“La aceleración en el colapso de los servicios de salud y otras vitales infraestructuras, aumentando el hambre y la escasez de productos básicos, junto con explosivas tasas de violencia criminal, suponen una evidente amenaza no solo para los venezolanos sino también para para sus países vecinos y para la comunidad internacional en general”.
Democracia desmantelada
El informe recuerda que en diciembre de 2015 la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática ganó dos tercios de la unicameral Asamblea Nacional, pero desde entonces el gobierno usa su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia para bloquear cualquier movimiento del Parlamento.
Y cuando la oposición intentó llevar a cabo un referendo sobre el mandato de Maduro, el gobierno también lo bloqueó, usando los tribunales y el Consejo Nacional Electoral, que también está bajo su control.
Las elecciones de gobernadores de estados fueron suspendidas, algunos líderes de la oposición han sido impedidos de asumir sus cargos públicos o de salir del país, otros han tenidos sus pasaportes anulados y algunos están encarcelados.
En marzo, el TSJ intentó transferirse a sí mismo los poderes de la Asamblea Nacional, causando que la hasta entonces leal Fiscal General Luisa Ortega Díaz declarara que había sido interrumpido el hilo constitucional y llevando a la OEA a invocar la Carta Democrática, que se activa cuando hay un quiebre de la democracia en uno de sus estados miembros.
«La respuesta del gobierno a las manifestaciones opositoras ha sido violenta y además de los muertos, miles han sido heridos y otros miles arrestados; las fuerzas de seguridad y los civiles armados han invadido residencias privadas, destruyendo y robando propiedad privada y ejecutando detenciones arbitrarias».
Cientos de civiles han sido sometidos a juicios por parte de tribunales militares.
Recuerda que la Asamblea Constituyente anunciada por Maduro el 1 de mayo para ser electa el 30 de julio para reescribir la Constitución tendrá poderes supra constitucionales sin un límite de tiempo para su autoridad.
Los líderes del gobierno han dicho que la asamblea tendrá poderes para disolver el parlamento, despojando a los parlamentarios de su inmunidad y poniendo patas arriba a la Fiscalía, la cual ha declinado perseguir manifestantes pacíficos y ha imputado a altos cargos militares por abusos a los derechos humanos, señala.
Sobre la escalada de violencia, ya en junio otro informe puntual advertía que la situación amenaza con salirse de cauce:
“El gobierno de Maduro ha demostrado que está dispuesto a usar la violencia patrocinada por el Estado para mantenerse en el poder antes que acceder a las demandas de la oposición de que se celebren elecciones libres y justas. Las protestas de la oposición por lo general no han sido violentas, pero sus actuales líderes podrían no ser capaces de mantener el control del movimiento contra Maduro, que incluye a sectores de la población que no se identifican con ellos. Y si bien una escisión en las fuerzas armadas podría provocar que el conflicto llegue rápidamente a su fin, también es posible que pueda llevar a prolongados enfrentamientos violentos en las calles, en los que facciones rivales, tanto civiles como militares, luchen por el control”, señalaba Crisis Group en junio.
La decisión del gobierno de convocar una asamblea constituyente o ANC ejemplificó su rechazo de las normas democráticas internacionalmente aceptadas. El presidente Maduro dice que su objetivo es promover el diálogo y restaurar la paz. Sin embargo, las declaraciones de otros importantes partidarios sugieren otras intenciones.
El ex fiscal general Isaías Rodríguez, miembro de la comisión presidencial encargada de promover la asamblea, ha hablado de usarla para “aniquilar” a los rivales.
Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la ANC clausuraría la Asamblea Nacional y eliminaría la inmunidad parlamentaria, mientras que otro miembro de la comisión presidencial, el abogado constitucional Hermann Escarrá, dijo que incluso asumiría funciones en materia de justicia penal.
Si bien el artículo 348 de la Constitución dispone que el presidente es una de las personas que pueden poner en marcha la redacción de una nueva constitución, el artículo 347 establece claramente que solo “el pueblo” puede convocar una asamblea constituyente.
Tampoco está claro si el electorado tendrá oportunidad de aprobar cualquier texto constitucional que resulte del proceso.
Cerca de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea serán electos por sectores, incluyendo los sindicatos y comunas que son ampliamente controladas por el gobierno, «el resto será electo por municipios bajo un sistema que ampliamente beneficia la sobre representación en áreas rurales donde el gobierno es más fuerte”.
La MUD está boicoteando la elección al señalar que el presidente no tiene facultades para convocar la asamblea sin un referendo previo. Encuestas sugieren que solo en torno al 20% del electorado tiene la intención de votar.
Elementos radicales de la oposición (a los que generalmente se les conoce como “La Resistencia”) frustrados con el abordaje no violento de la MUD, hablan en privado de una resistencia armada.
“Con millones de armas ilegales en manos privadas, (la existencia de) guerrillas urbanas no serán difíciles”, observa el informe.
“La MUD misma tampoco está unida: mientras algunos partidos apoyan negociar una transición, otros se oponen”, agregan.
“Pese a la abundante evidencia de descontento en rangos militares (incluyendo docenas de militares arrestados) no ha habido fracturas en las fuerzas armadas”. Sin embargo, «los cuerpos de oficiales podrían enfrentarse a un dilema si el Ejército es llamado a restaurar el orden público”.
“Un movimiento de este tipo inevitablemente llevara a muchas más altas cifras de bajas y algunos podrían rehusarse a obedecer”, observan los analistas de Crisis Group.
Señalan que “un rayo de luz” vino el 16 de julio con una masiva participación en la consulta convocada por la Asamblea Nacional en la que votaron sobre siete millones de personas para rechazar la Asamblea Constituyente, llamar a la Fuerza Armada a obedecer la constitución en vez del gobierno, e instruir al parlamento a designar una nuevo Tribunal Supremo y una nueva autoridad electoral y formar un gobierno de unidad.
Mientras el gobierno minimizó el evento, éste fortaleció las demandas internas e internacionales en pro de un giro de último minuto.
Hambre y colapso económico
Sobre el creciente fenómeno del hambre en Venezuela, señalan que para 2017 los economistas calculan que la economía se habrá hundido alrededor del 30% en tres años. Las empresas de manufactura están produciendo a entre un 20 y un 30 por ciento de su capacidad y las federaciones de productores agrícolas señalan que solamente cerca de un cuarto de las hectáreas destinadas a la siembra serán cultivadas en esta temporada, por la falta de semillas, pesticidas, fertilizantes y equipos. Y los rebaños de ganado están expuestos a epidemias por falta de vacunas.
Brotes de saqueos en masa en muchas ciudades han golpeado seriamente tiendas mayoristas y al detal, mientras las importaciones de alimentos se han desplomado y crecen las protestas por las fallas del gobierno en la distribución de los alimentos racionados a través de los CLAP.
La mitad de la población está viviendo en la pobreza, cifras oficiales muestran un incremento de la mortalidad infantil y maternal, la malnutrición infantil ha escalado a 11% entre 2015 y 2016 y la escasez de medicinas continua en niveles críticos y la infraestructura hospitalaria está colapsando.
En el mediano plazo hay posibilidades de que el gobierno de Venezuela colapse bajo el peso de una impagable deuda externa e ingobernabilidad doméstica, pero sin necesariamente desencadenar la restauración de la democracia, advierten.
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