Vizcarra estaba sometido a un juicio político en el parlamento a partir de acusaciones sobre actos de corrupción durante sus años como gobernador de una provincia peruana. Y, finalmente, no encontró apoyo en el Congreso que declaró "la vacancia de la Presidencia de la República"
El Congreso de Perú depuso este lunes al presidente Martín Vizcarra, después de que el pleno del Parlamento lo declarara «incapaz moral», en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.
Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar al mandatario de su poder.
La resolución parlamentaria declaró la «permanente incapacidad moral del presidente» y por tanto «la vacancia de la Presidencia de la República».
En consecuencia, se aplicará «el régimen de sucesión establecido en la Constitución», que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.
Así, ahora la responsabilidad del cargo de Presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular.
Esta decisión del Congreso resultó sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, todo parecía indicar que estaban aún lejos de llegar a sumar los votos necesarios para la vacancia, como se conoce en Perú este proceso.
Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia.
«No existe prueba de flagrancia de un delito, ni la habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis», dijo Vizcarra.
Sin embargo, el Congreso, desde prácticamente todas las bancadas, se mostró desde un inicio muy hostil al mandatario, que fue acusado de «mentiroso», «inmoral», «corrupto» y de ser de hecho el responsable de toda la inestabilidad política que vive el país.
También fueron constantes las declaraciones de los diputados que indicaron que ellos votarían «por el país» y sin considerar «cálculos políticos» ni «presiones mediáticas», referencias todas a los pedidos a la calma y la responsabilidad que medios de comunicación, gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil pidieron a los congresistas ante el riesgo que podría suponer para la estabilidad del país la caída del Poder Ejecutivo.
El debate demostró así la absoluta soledad política del mandatario, que no contaba con ninguna bancada oficialista en la cámara y a quien incluso los diputados que votaron por mantenerlo en el poder consideraron responsable de los actos por los que es acusado.
Las sospechas de que recibió sobornos para adjudicar obras públicas en la región Moquegua, de la que fue gobernador hace seis años, terminaron con la Presidencia del Perú de Martín Vizcarra, el mismo gobernante que cerró el Congreso y que emprendió una dura lucha frontal contra la corrupción en el país.
El ingeniero civil, de 57 años, tuvo una de las presidencias más accidentadas y breves de las últimas décadas, pues asumió al cargo en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cerró el Congreso en 2019 amparado por la Constitución y en el contexto de su lucha frontal contra la corrupción y debía preparar una transición para el siguiente gobierno que lo sucedería en 2021 en plena pandemia de la covid-19.
Vizcarra llegó al Ejecutivo como vicepresidente de Kuczynski en 2016 y en el también corto gobierno de su antecesor, fue ministro y luego embajador en Canadá, antes de asumir el cargo cuando el primero fue forzado a dimitir tras ser acusado de haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht.
Sin apoyos políticos, Vizcarra parecía destinado a ser un gobernador débil en manos de un Congreso abrumadoramente opositor en manos del fujimorismo, y sin embargo, gracias a su confrontación con los congresistas por su supuesta connivencia con la corrupción, llegó a obtener un enorme respaldo popular y vencer a sus rivales hasta el clímax de la disolución del parlamento en septiembre de 2019.
En enero de este año, las nuevas elecciones al Congreso dejaron un parlamento muy dividido, en donde no contó con ningún sector oficialista y que pronto se convirtió nuevamente en su mayor enemigo.
Mientras, una pandemia de magnitud global lo sorprendió en la presidencia y ocupó todas sus actividades en el primer semestre de 2020, cuando el país alcanzó la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid-19, y que ha sumado más de 34.000 fallecidos hasta la fecha.
Vizcarra no tuvo respiro con el nuevo Congreso y tras varios conflictos por temas políticos y leyes aprobadas por la cámara, en septiembre llegaba un primer pedido de destitución por la contratación irregular del cantante Richard «Swing» Cisneros, a quien conoció en la campaña electoral de 2016.
La cercanía de Vizcarra con Swing quedó demostrada en los audios que su ex secretaria de Palacio Karem Roca guardó de las coordinaciones con el mandatario y su círculo más cercano, en un acto que el mandatario calificó como «traición» y que aún sigue bajo investigación.
Más allá del hecho de si Vizcarra ayudó o no a contratar ilegalmente a Swing en el Estado, quedó patente que el mandatario había mentido a la opinión pública al haber negando una relación de proximidad que luego resultó cada vez más evidente.
No obstante, lo que salvó realmente a Vizcarra de la destitución fue conocer que el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, había tenido encuentros con los jefes de las fuerzas armadas con la supuesta intención de complotar en su contra.
Tanto entonces como ahora, Merino es el encargado constitucional de suceder a Vizcarra al frente del país.
Como defensa en las últimas semanas, el mandatario esgrimió que una bancada radical en el Parlamento, dirigida desde prisión por el exmilitar golpista y sentenciado por homicidio Antauro Humala, es la que buscaba su caída, manejando su propia agenda política y que busca, en alianza con otros grupos políticos, postergar las elecciones generales para mantenerse en sus cargos por más tiempo.
Vizcarra insistió este lunes en esas tesis, al defenderse del segundo pedido de destitución que se basa en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía aún no corroboradas.
En su defensa, el ahora exmandatario señaló que hay 68 congresistas (de un total de 130 legisladores) investigados actualmente por el Ministerio Público y que tienen «intereses personales» en que se le destituya del cargo, presumiblemente para mantener privilegios y no ser juzgados.
No sirvió que categórica y repetidamente negara cualquier hecho de corrupción y pidiera que se le investigue conforme a ley cuando en julio de 2021 tuviera que dejar la presidencia.
Vizcarra, que estuvo vinculado al negocio de la metalmecánica en su natal Moquegua antes de su vida política, fue investigado por la Fiscalía por los presuntos sobornos durante su gestión regional, precisamente por la misma obra pública por la que ahora le acusan de haber recibido sobornos, una investigación que fue archivada.
Con las revelaciones que terminaron en su destitución, la fiscalía volvió a reabrir el caso, que se une a otra más que se iba a extender hasta el final de su periodo en la presidencia, por las denuncias del caso «Swing» en vista de que existe mérito para investigarlo por un presunto tráfico de influencias.
En forma paralela, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua son también investigadas, al estar comprometidas en el «club de la construcción», un grupo de compañías que se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
Paradójicamente, Vizcarra alcanzó la notoriedad nacional después de una llamativa gestión en la región de Moquegua, donde logró los indicadores más altos en desarrollo social, especialmente en educación escolar, y el mejor índice de desarrollo humano.
Por estos resultados, Vizcarra había recibido en 2015 las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta (maestro), la máxima condecoración oficial para un docente peruano.
Y como presidente, se ganó una amplísima popularidad por su confrontación directa con los elementos del Congreso que se oponían a sus planes contra la corrupción.
Ahora, Vizcarra perderá la inmunidad presidencial y podrá ser investigado sin impedimentos, para ser así condenado o no por la vía legal, tras haber sido ya condenado por la vía política.
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