Las mafias del narcotráfico, contrabando de oro y corrupción son los principales proveedores del dinero ilegal. Según Transparencia Venezuela, las actividades ilícitas en el país dejan 9.400 millones de dólares al año. La investigación concluye que Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región que ha logrado tejer redes nacionales e internacionales, con participación de funcionarios corruptos
La nueva alianza entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro traerá una dinámica política y económica en el flujo entre las dos naciones con frontera común que han estado enfrentadas en los últimos 23 años de gobierno chavista y un aspecto que tendrá que ser observado es cómo este viraje geopolítico impactará en el fortalecimiento de la “economía negra o subterránea”, que tenderá a crecer como consecuencia del fortalecimiento de dos modelos autoritarios, la alineación a las dictaduras mundiales y las sanciones que pueden ampliarse desde Europa y Estados Unidos.
La “economía negra” abarca las operaciones económicas ilegales que, como el narcotráfico, tráfico ilegal de oro y minerales, trata de personas y la corrupción, generan un gran volumen de dinero que circula en un país, no declarado a los organismos fiscales y monetarios.
Estas prácticas no son exclusivas de los grupos del crimen organizado, sino que en ella incurren cómplices como autoridades oficiales, militares y sectores privados que se benefician de ese negocio. El lavado de dinero o legitimación de capitales es la fórmula común de convertir esos grandes volúmenes de dinero en capital legal. Para ello cuentan con empresas de fachada, asesores financieros especializados, bufetes jurídicos, paraísos fiscales y múltiples mecanismos para hacer legal lo ilegal.
América Latina y África son las dos regiones con mayor volumen de dinero ilegal con porcentajes que llegan hasta 35% del Producto Interno Bruto (PIB).
En estas operaciones ilegales no hay ideología. Políticamente no hay buenos o malos, sean de izquierda o derecha. Los países con instituciones débiles, con escasa separación de poderes o sistemas autocráticos como el caso de Venezuela, Cuba, y Nicaragua han sido territorios propicios para que florezca la «economía negra».
Algunos ex presidentes latinoamericanos como Rafael Correa (Ecuador), Lula Da Silva (Brasil), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua), entre otros, han sido señalados o procesados por corrupción, y manejo de grandes fortunas personales que tienen su origen en la “economía negra”. Hay casos extremos como el del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a EEUU, para ser procesado por recibir millones de dólares de los cárteles de la droga.
En Venezuela el enriquecimiento ilícito se ha reflejado en los miles de millones de dólares que han sido detectados en el sistema financiero mundial y han sido investigados y procesados figuras relevantes del chavismo por legitimación de capitales.
El caso más reciente fue el de un militante de la revolución bolivariana, del ex alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, quien se declaró culpable en Miami de aceptar 3,8 millones de dólares en sobornos a cambio de asignar contratos de empresas petroleras mixtas a funcionarios del gobierno socialista.
Según el último informe sobre corrupción de Transparencia Venezuela, presentado el pasado 26 de junio, 9 mil 400 millones de dólares al año deja la economía ilícita en Venezuela. Del estudio se desprende que “solo el contrabando de drogas, oro, combustible y las actividades ilegales en puertos y aduanas reportan anualmente más de 9.400 millones de dólares a organizaciones criminales amparadas por funcionarios corruptos”
México es uno de los países en donde los carteles de la droga tienen una influencia determinante en su economía, pero también en los distintos niveles de la vida política. Figuras políticas y militares de los distintos gobiernos han sido vinculadas a estos carteles y cientos de periodistas han sido asesinados por denunciar las actividades ilegales de los “narcos” y sus complicidades con autoridades de los distintos gobiernos y partidos políticos.
Edgardo Buscaglia, director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico en México y reconocido experto en temas sobre narcotráfico, asegura que 65% de los sectores económicos del país tienen vínculos con traficantes de drogas, refiere un trabajo publicado por BBC News.
Por su parte, Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que “se ha generado una base social de apoyo a los ‘narcos’, sobre todo en los jóvenes, que participan activamente en actividades en el norte del país como sicarios o exportadores”, dijo a BBC Mundo. La economía ilegal en México se estima entre 23 y 25%.
“Unos 500.000 campesinos están vinculados directamente al crimen organizado, mediante la producción de marihuana y amapola, transporte y todo lo relacionado al narcotráfico” . Edgardo Buscaglia
De las reacciones favorables por el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia destacan los aplausos emitidos las FARC Nueva Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en comunicados de apoyo a la nueva etapa que se avecina. Son estas organizaciones, y las grandes organizadas armadas como El Cartel del Golfo quienes manejan el más importante negocio ilegal, el narcotráfico.
En un comunicado las FARC Nueva Marquetalia, que dirige Iván Márquez, expresó su pleno respaldo a Petro y Francia Márquez. Esta organización armada que desistió de someterse al acuerdo de paz en Colombia señaló que “la llegada de Petro a la Casa de Nariño es la muestra del cambio que venían pidiendo los colombianos desde hace algunos años”.
“Respaldemos al gobierno de la vida y de la esperanza (…) Llegó la política del amor. Protejamos a Petro y a Francia para que no les pase nada y tengan larga vida”
El texto está firmado como FARC-EP Segunda Marquetalia señala: “Metámonos con todo, con cuerpo y alma, en el propósito colectivo de lograr la paz completa para Colombia. Tenemos que dialogar para frenar la guerra”, dice este grupo que según las actuales autoridades colombianas, opera también desde Venezuela bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro.
Así mismo mostraron su respaldo al acuerdo político nacional que está promoviendo Petro y consideran que es “la plataforma de lanzamiento de una nueva era de paz y de patria nueva” y que es un acierto que Petro promueva una integración activa de América Latina y el Caribe.
El Comando Central del ELN se unió a los aplausos de varios sectores a través de un comunicado en el que dijo que “este nuevo gobierno debe encarar los cambios para una Colombia en paz, entre los más urgentes están la inclusión política y económica, una economía soberana sin depredación y una nueva Doctrina de Seguridad y Derechos Humanos”.
Pero también advierten que “si el presidente elegido se posesiona el 7 de agosto para hacer los cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimientos para las mayorías, un plan de Reforma Agraria y le da continuidad al Proceso de Paz, Colombia tendrá un Gobierno respaldado por el movimiento popular; pero si se instala para hacer ‘más de lo mismo’, tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2020”.
“El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017”.
Según los datos ofrecidos por el Departamento de Estado de EEUU, los cultivos ilícitos de coca en Colombia, hasta 2021, llegaron a una cifra máxima de 245.000 hectáreas. Asimismo, se detectó una producción estimada de 1.010 toneladas de cocaína. Le sigue Perú con 88.200 hectáreas.
Según un estudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) la mayor parte de los cultivos ilícitos se generan en los departamentos en donde operan los grupos armados.
En 192 municipios con presencia de cultivos ilícitos, 58,85% han tenido alta y muy alta incidencia las organizaciones guerrilleras. De las hectáreas reportadas, 64% se encuentran en los departamentos de Nariño (31%), Putumayo (21%) y Norte de Santander (12%), observándose la concentración de los cultivos en departamentos con alta afectación por la guerrilla. Los cinco municipios con mayor número de hectáreas cultivadas a nivel nacional fueron Tumaco (18%), Puerto Asís (6%), Tibú (5%), Valle del Guamuez (4%) y El Tambo (4%).
Los reportes por los conflictos armados e importantes decomisos ratifican el protagonismo de los grupos guerrilleros en el negocio de la droga, desde el cultivo, control de laboratorios, exportación y tráfico. En Panamá y otros países de Centroamérica han sido detenidos y procesados por narcotráfico miembros de estas organizaciones disidentes de las FARC y del ELN que se disputan el tráfico con fuertes carteles como El Clan del Golfo.
En Venezuela ya es conocido el enfrentamiento entre el grupo de las FARC Disidente, y Nueva Marquetalia por el control de los espacios al sur y occidente de las rutas del tráfico de drogas y de armas. Entre ambas organizaciones se estima que cuentan con unos 7 mil integrantes y operan desde ambos territorios.
El líder de las FARC Disidente, Gentil Duarte, murió en una emboscada en mayo de este año en territorio venezolano. Por su parte, Iván Márquez, líder de Nueva Marquetalia, ha sido un gran aliado del proceso bolivariano y tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro expresaron públicamente su respaldo a este guerrillero y su organización. Por su parte el ELN controla territorios en los estados Amazonas y Bolívar, incursionando también en el tráfico de oro.
“La economía negra representa la quinta parte del total de ingresos de la economía venezolana y hoy es más grande que el propio gasto del Estado”: para el economista Asdrúbal Oliveros la “economía negra” se ha potenciado en los últimos años tanto por el modelo autoritario del gobierno de Maduro y la imposición de las sanciones internacionales. Según los datos analizados por su firma consultora, Ecoanalítica, al menos 20% del PIB de la economía venezolana funciona en “negro”.
Según Oliveros la “economía negra” ha contribuido a sostener al gobierno de Maduro a pesar de la crisis política y económica generada por el modelo implantado en el país. Explica que se genera un circulante de dinero que tiene incidencia en lo social.
Son dólares que van pasando de manos, en procesos de compraventa de bienes, que no sólo benefician a “enchufados” o corruptos, sino que incluso llegan a otras capas de la población y tienen impacto en el consumo. Por ello hay una valoración social positiva de esa “economía negra” que le ha dado oxígeno al gobierno para enfrentar las sanciones.
Varias son las fuentes de “ingresos paralelos” que manejan las mafias organizadas y factores del gobierno venezolano. La principal es el tráfico de drogas proveniente de Colombia y parte de la cual ya se ha comenzado a producir en el país. El Cartel del Golfo, Nueva Marquetalia, FARC Disidente, ELN y bandas del crimen organizado impulsan ese entramado por lo que Venezuela figura como uno de los mayores exportadores de cocaína hacia los mercados de EEUU y Europa, en alianza con organizaciones de Centroamérica.
Otra fuente de ingresos está vinculada al tráfico de oro ilegal que sale por vía aérea sin ser reportado, para ser vendido a través de terceros países.
Analistas han señalado que han crecido los ingresos que carecen de fiscalización mediante la triangulación “secreta” de operaciones para evadir las sanciones que se realiza con países socios a los cuales les conceden grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción, por ejemplo, de crudo y oro.
También convienen en pagarles elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas y electrodomésticos que el gobierno utiliza para sus políticas sociales, como fueron los negocios que llevaba el colombiano Alex Saab.
No puede precisarse cuáles pueden ser los nuevos negocios de la «economía negra» que podrían abrirse con la llegada al poder de Petro en Colombia. Un elemento clave serán las políticas que siga con las organizaciones armadas y en especial con Nueva Marquetalia y el ELN, ya asentadas en Venezuela.
En esas variables hay que tomar en cuenta que Colombia aún tiene instituciones sólidas como el Parlamento en las que el Pacto Histórico que respaldó a Petro aún no tiene mayoría; el sistema judicial es autónomo con órganos que no controla y ha tenido mucha distancia con las fuerzas militares.
El sector militar colombiano ha desarrollado estrechos vínculos con el Comando Sur de EEUU y tiene acuerdos en materia de seguridad regional, en la lucha antidrogas, y contra los carteles organizados y grupos armados. Colombia es uno de los principales aliados de EEUU en Latinoamérica.
La alineación de Petro con países como Rusia, China e Irán que han sido vitales para el sostén del gobierno de Maduro tendrá una importante incidencia.
Tanto Petro como Maduro han hablado de un nuevo orden político y económico mundial liderado por estos países que no se acogen a las normas del sistema financiero y político occidental.
En Europa y EEUU solo en 5% de sus ingresos circula el “dinero negro”. De allí que cada año miles de millones de dólares y euros son congelados o incautados en esos países a las mafias internacionales y funcionarios corruptos.
Cuando Petro y Maduro hablan de un nuevo orden es porque en la agenda se encuentra como prioridad manejar una economía que se escape de los controles y sanciones occidentales y las leyes que regulan el sistema financiero de los países del eje democrático.
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