El gobierno francés presentó este miércoles su plan de «ayuda a morir», una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron que permitirá el suicidio asistido bajo estrictas condiciones.
«No es ni un nuevo derecho ni una libertad», sino «una respuesta ética a la necesidad de acompañar a los enfermos», aseguró la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin.
Ante el riesgo de reavivar fuertes divisiones éticas y religiosas, el gobierno evita hablar de eutanasia o suicidio asistido y prefiere evocar un «modelo francés» de «ayuda a morir».
Sin embargo, el objetivo es ofrecer la posibilidad a determinados pacientes de suicidarse y, cuando son incapaces de llevar a cabo el acto fatal, ayudarlos a hacerlo.
El proyecto contempla la posibilidad de administrar una sustancia letal a los adultos que lo soliciten, si corren el riesgo de morir a corto o medio plazo por una enfermedad «incurable» y que provoca dolores que no se pueden tratar.
La medida, avanzada por Macron en marzo, excluye a los menores de edad y a los pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas que afecten al discernimiento, como el alzhéimer.
Cuando un paciente solicite «ayuda a morir», un médico deberá pronunciarse en un plazo de 15 días, tras consultar con otro doctor y un enfermero, precisó Vautrin.
Líderes religiosos, especialmente católicos y musulmanes, y asociaciones de trabajadores sanitarios, en particular de cuidados paliativos, ya expresaron su rechazo a este proyecto de ley.
Según un estudio de la Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos publicado por el diario católico La Croix, un 80% de sus miembros rechazaría «prescribir, suministrar, preparar y/o administrar un producto letal».
El gobierno también prevé reforzar el sistema de cuidados paliativos con más fondos y una «estrategia decenal».
Los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido celebraron la presentación finalmente de la ley, aunque criticaron unas condiciones de acceso muy estrictas.
Sin embargo, la aplicación de «ayuda a morir» no será rápida. Aunque el Parlamento bicameral francés empezará su examen en mayo, el trámite para su adopción podría tomar hasta dos años.