El lunes un tribunal encontró culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe de unos cargos que pudieran acarrearle hasta 12 años de pena. El viernes se conocerá la sentencia definitiva y esto es lo que pudiera ocurrirle
Condenado por delitos de soborno y fraude procesal, el expresidente colombiano Álvaro Uribe conocerá el viernes por parte de una jueza la pena que le espera. ¿Irá a prisión?, ¿podrá defenderse en libertad?, ¿hay lugar a la prescripción del caso? Estos son los escenarios posibles.
El lunes un tribunal halló culpable al exmandatario (2002-2010) de obstruir a la justicia y manipular a paramilitares para evitar que lo vincularan con esos escuadrones de ultraderecha que en medio del conflicto armado con las guerrillas de izquierda cometieron numerosas masacres contra civiles.
El fallo en primera instancia, anunciado en una audiencia que se extendió por 11 horas, lo expone a pasar hasta 12 años en prisión. Pero la defensa del popular político de 73 años anunció que apelará, lo que abre un nuevo capítulo de esta saga judicial.
El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la corte suprema al senador izquierdista Iván Cepeda por asegurar públicamente que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
El caso dio un giro en 2018 y el expresidente pasó de demandante a investigado, al ser señalado de manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
En medio de las investigaciones en 2020 Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros e hizo que el caso pasara a la justicia ordinaria.
Estos son los caminos que se abren ahora:
El viernes «conoceremos cuál es el monto de la sanción», es decir cuántos años debería pasar Uribe en prisión, y si la jueza ordenará que sea capturado de «inmediato» o si «le va a permitir, como lo dice la ley, defenderse en libertad», explica a la AFP el abogado penalista Francisco Bernate.
Para los delitos por los que fue condenado, denominados «soborno en acción penal» y «fraude procesal», el código penal dispone penas de máximo ocho y 12 años respectivamente, precisó Dalila Henao, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Los juristas coinciden en que el escenario más probable es que Uribe se defienda en libertad mientras se resuelve su apelación, recurso que la defensa deberá anunciar luego de que el viernes la jueza exponga el detalle de las más de 1.000 páginas del veredicto.
La ficalía pidió nueve años de prisión domiciliaria.
La defensa anunció que el 11 de agosto presentará una apelación del fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Según el equipo jurídico del exgobernante, «esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes».
Ante la apelación, el Tribunal Superior tendrá dos caminos: «confirmar la decisión de la jueza», es decir la condena, o «revocar el fallo de primera instancia y absolverlo», dice Henao.
Uribe insiste en que la grabación con una cámara instalada en un «reloj espía» para registrar el soborno de uno de sus abogados fue manipulada y no puede usarse como prueba.
En ella el jurista Diego Cadena, que enfrenta su propio juicio, intenta sobornar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, quien acusa al expresidente de haber conformado un grupo paramilitar junto a su hermano Santiago.
La defensa del exmandatario también sostiene que las interceptaciones a su teléfono son una violación a la privacidad.
Miguel Ángel del Río, uno de los abogados de la contraparte, explicó a la AFP que el Tribunal Superior de Bogotá debe tomar una decisión antes del 16 de octubre o «de lo contrario prescribirá la acción penal» y el caso se archivará.
El deseo de los demandantes es que «cada uno de esos hechos jurídicamente relevantes se confirmen y se materialicen» tras un proceso de más de una década.
Pese a la carrera contrarreloj, Henao ve poco probable que el proceso prescriba «por ser un caso tan relevante».
Bernate coincide: «El tribunal nunca deja prescribir un caso».
Sin importar cuál sea la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, si cualquiera de las partes apela, el caso podría volver a donde todo empezó: la Corte Suprema de Justicia.
En caso de estar en desacuerdo con la decisión del tribunal, la defensa, la fiscalía o el ministerio público pueden presentar un recurso de casación ante la corte, que tiene hasta cinco años para dar un dictamen, explica Henao.
Una vez lo haga, no habrá espacio a ninguna acción adicional.
Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda antela Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.
Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.
La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.
El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial.
A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.
La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario.Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.
Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está «muy preocupado y angustiado».Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.
La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: «proceda, doctor Diego».
El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.
El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente «secuestrado». Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.
Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.
Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021.
Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos «no tienen la característica de delito».
Gustavo Petro, archienemigo de Uribe, se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia.
En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país.
Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la fiscalía para que se archive el caso.
Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una «venganza política».
El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.
En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.
La fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas «concluyentes» de su participación como»determinador de las conductas» por las que fue acusado.
El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.
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