Terremoto en Venezuela

¿Estamos preparados para un regreso a clase?: esto es lo que dicen Cecodap y Redhnna

A dos semanas del inicio del año escolar, organizaciones especializadas advierten que decenas de planteles siguen afectados, mientras familias y docentes desconocen cómo será el regreso a las aulas y qué instituciones cuentan con condiciones para recibir a los estudiantes

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El 25 de agosto se presentó el informe sobre los riesgos del retorno a las aulas tras los terremotos, elaborado por la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap). En el documento advierten sobre los riesgos que puede enfrentar el alumnado si regresa a clases presenciales, considerando que varios colegios fueron afectados por el doblete sísmico del 24 de junio.

Carla Serrano, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que Cecodap pudo confirmar hace un mes que había 1.405 casos de niños, niñas y adolescentes afectados por el doblete sísmico. En estas cifras hay niños desaparecidos, desplazados y heridos.

También se hizo una distinción de los niños que han fallecido a causa de los terremotos. Hace un mes pudieron constatar, a través de varias fuentes de información, que más de 200 niños habrían muerto. Sin embargo, en un reciente informe de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas esa cifra subió a más de 600.

“No es cualquier regreso a clase. Además, es un país donde sabemos que el sistema educativo viene con una crisis sostenida, una crisis agravada en distintas variables, en distintas dimensiones. […] Se ha mencionado la promesa de rehabilitar 1.500 planteles, pero el hermetismo es lo que sigue reinando”, dice Serrano.

Un comienzo de clases a ciegas

Serrano comenta que no se ha dado información pública sobre cómo será este regreso a clases. Indica que se han estado colocando etiquetas amarillas, rojas o verdes a las instituciones que han sido inspeccionadas, pero no se sabe dónde están, cuáles son ni la cantidad de planteles afectados. Tampoco se sabe cuáles son los niños afectados o los docentes que requieren ayuda.

“Estamos de alguna manera a ciegas y definitivamente cada padre y representante sabe que la vida de su hijo puede estar en riesgo si las condiciones no son las ideales”, dice Serrano.

Gloriana Farías, coordinadora del servicio de atención jurídica de Cecodap, anunció que el informe arrojó que 27,3% de las escuelas en los tres estados más afectados, La Guaira, Miranda y Distrito Capital, reportan daños en vigas, columnas, desprendimiento de techos o colapsos parciales. 65,7% tiene daños leves, como grietas en frisos o mampostería, y 33% habla de un plantel en peligro o intransitable.

“Una grieta, una fisura, puede parecer leve a simple vista, pero requiere una evaluación técnica que pueda determinar si es seguro que los menores de edad y docentes estén en estos espacios”, afirma Farías, quien también indica que nadie puede certificar que esas aulas se puedan utilizar a menos que sea un técnico adecuado.

Hay 84 centros con daños de 93 que fueron evaluados a nivel nacional. 56 están en zonas de alto riesgo, que también han podido verse afectadas por las últimas lluvias que han llegado al país. La afectación directa en estudiantes es de 15.000 alumnos y 12.000 familias.

El duelo escolar

El inicio de clases de este año no solo se refiere a recuperar las instituciones que fueron afectadas, sino también a dar acompañamiento a aquellos que lo perdieron todo: padres, madres, compañeros, cuidadores y hogares.

“La tragedia de Caraballeda, es uno de los puntos cero. Estudiantes y docentes fallecidos, desplazamientos forzados por el desastre, una matrícula reducida de 809 estudiantes a 390, debido a la situación de devastación que ocurrió en la zona. Y lo que implica esto. El impacto de protección, familias separadas, situación de orfandad, duelos colectivos y traumas emocionales severos que no han sido atendidos hasta el momento”, dice Farías.

Hay niños que quedaron al cuidado de otras personas que todavía no tienen una medida de colocación familiar, niños que no viven en otras casas y no se sabe si tienen un espacio para poder estudiar o hacer sus tareas.

Según el informe levantado, 51% de las personas encuestadas, que son maestros, directivos y personal obrero de los planteles, reportaba fallecidos; 23,26% reporta heridos; 45,5% reporta personas desaparecidas y 58,6% tienen personas damnificadas.

Una de las necesidades escolares primarias es el primer auxilio psicológico. 62% indicó que necesita orientación o información sobre cómo protegerse ante la llegada de nuevos sismos, acompañamiento del cuerpo docente y activación de redes de protección de los niños cuando existe una situación de orfandad o separación familiar.

Los servicios

Uno de los aspectos más críticos de la situación tras el doblete sísmico es la precariedad de los servicios de telefonía o internet. 56,6% afirma tener problemas de conectividad todavía, mientras 43% dice que las vías de acceso están dañadas, dificultando la llegada a los planteles escolares, lo que hace que algunos busquen reubicarse en nuevos colegios.

También afirman tener problemas con el transporte y fallas en servicios básicos como gas, luz e internet.

“Es importante tener en cuenta que la comunicación de los docentes, de los padres con la escuela se hace a través de medios electrónicos, como el WhatsApp, llamadas o mensajes. Entonces, la angustia que refleja muchas de las personas que están en el tema escolar como padres y cuidadores es cómo comunicarse cuando hay fallas en el internet y las comunicaciones en los estados afectados, sobre todo en el estado La Guaira”, comenta Farías.

El tema de la conectividad resuena en algunos padres y representantes porque si un evento sísmico volviera a ocurrir en horario escolar, las vías de comunicación a través de servicios de telefonía serían la única manera de contactar a la escuela o tener alguna información sobre el estado de los niños.

Las mujeres son las que sostienen el cuidado

El informe indica que 89,9% de las personas que respondieron en el reporte son mujeres. Madres, directoras o cuidadoras que, además de organizar el refugio, son las que ejercen el cuidado de los menores de edad. Esa carga, en algunos casos, recae en otras mujeres o en adolescentes que quedan al cuidado de sus hermanos o de los adultos mayores.

“Evidentemente esta responsabilidad del cuidado impacta en lo que es el desarrollo educativo y en lo que puede ser la deserción escolar de una niña o adolescente por el peso que van a tener encima, sobre todo de ahora en adelante en la reconstrucción de una familia a nivel de cuidados y a nivel laboral”, afirma Farías.

Serrano sostiene que el regreso a clases de este 2026-2027 es un regreso en jaque, porque todavía hay dudas sobre los criterios con los que se está organizando una vuelta a las aulas después del terremoto en Venezuela.

“Se usa ahora la palabra reconstruir, se habla de la campaña de renacer, pero no es nada más un eslogan, ese eslogan tiene que tener realmente un trasfondo, una inversión, responsables, un cronograma y una serie de planes que hasta ahora no los estamos viendo de manera transparente”, asegura Serrano.

Colegio San José
Foto: Alejandro Cremades

17% de los planteles actualmente funcionan como refugios temporales para familias damnificadas. Otros colegios se han convertido en centros de acopio o comedores de emergencia. Y todavía, a dos semanas de comenzar oficialmente el regreso a clases, no hay una comunicación por parte del Ministerio de Educación sobre cómo va a ser esa transición y dónde se reubicarán estas familias.

“La reconstrucción no puede ser hecha sobre la precarización laboral de los docentes, que son los que han estado siendo sobreexigidos hace bastante años […] Sabemos los sueldos, sabemos el tema con los docentes, sabemos el costo de la vida, sabemos la canasta básica y sabemos que nada de eso se corresponde con la realidad salarial de los docentes […] No puede haber reconstrucción sobre la precariedad laboral y el hambre de los docentes”, explica Serrano.

La profesora Serrano indica que no se debería hacer un llamado a las clases presenciales en el país sin un “aval técnico formal de habitabilidad de cada una de las escuelas”.

“No es aleatoriamente, no es un sorteo […] Es una información que tenemos derecho a manejar, a conocerla”, sostiene Serrano.

Por otra parte, explica que debe ser fundamental el seguimiento continuo de todos los niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por el terremoto. “Hay que apoyar a cada estudiante que quedó huérfano, que está herido o discapacitado”.

“La educación para la gestión del riesgo, tenemos que aprender a protegernos, tenemos que manejar protocolos de evaluación y no protocolos en el papel, sino que los apliquemos de verdad cuando llegue la situación, para eso hay que ensayar”, continúa Serrano.

Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela, explicó que 33 de sus planteles están afectados y que desde ya comenzaron con la reparación de ocho de las escuelas.

“Reparar una escuela, cuidar su reparación y luego que vuelvan a evaluar esa escuela para que nos den certificado de habitabilidad. Eso se va a tardar un tiempo, es decir, quizás las escuelas no comiencen el 14”, dice Aguilar.

Aguilar recalca que, así como se inspeccionaron las estructuras para darles etiquetas amarillas, rojas o verdes, después de las reparaciones también tienen que inspeccionarlas expertos en el área que puedan dar una etiqueta que certifique que el plantel está apto para comenzar las clases.

Otro de los puntos importantes es el cuidado mental de los docentes de los planteles. El informe plantea que debería haber una preparación de los docentes a nivel socioemocional y un seguimiento para aquellos que fueron afectados.

Fernando Pereira, educador y miembro fundador de Cecodap, recalca que se debe tener información fidedigna y transparente.

“El no tener información de hasta cuándo va a estar un campamento en una escuela, si va a venir un personal psicológico a atender a los muchachos, lo que hace es generar dudas e incertidumbre en la gente”.

“Los educadores no están postrados esperando a ver qué les dicen, qué se va a hacer o no, sino que la gente de la comunidad educativa se ha activado en muchos de los casos para atender a la comunidad de su escuela”, añade Pereira.

Pereira insiste en que debe haber un reconocimiento al plantel educativo desde el Estado y que las directrices no se den a través de Twitter o por una comunicación en Telegram.

“Deben haber mecanismos de comunicación y tenemos que reaprender de alguna manera en la cultura institucional que un momento como el que vivimos requiere una comunicación viva, requiere de canales que se abran para los educadores, en diferentes zonas y estados”, dice Pereira.

“Realmente las escuelas reivindican una vez más en la historia del país que son espacios y deben seguir siendo espacio por excelencia para la protección, la contención emocional de los muchachos, el apoyo nutricional, incluso de salud que tanto necesitan en estos momentos”, concluye Pereira.

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