Israel aprueba pena de muerte contra acusados por terrorismo
El Parlamento israelí aprobó una norma que establece como castigo central la pena de muerte por ahocarmiento para los condenados por terrorismo
Internacionales
Israel ha aprobado este lunes una reforma legal que introduce la pena de muerte para condenados por asesinatos terroristas, un cambio de gran alcance que altera de forma sustancial su marco jurídico y que llega en plena escalada regional, con el país inmerso en la guerra con Irán y Hezbolá. La norma ha sido avalada por la Knéset (Parlamento israelí) con 62 votos a favor y 48 en contra, en una sesión marcada por tensión, gritos y expulsiones de diputados.
La iniciativa, promovida por el entorno del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha contado con el respaldo del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha votado a favor pese a las reservas previas de expertos judiciales y a las advertencias de la Unión Europea.
La aprobación se produce en un contexto político marcado por la guerra iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 —con más de 1.200 muertos y 251 secuestrados— y a pocos meses de las elecciones previstas para octubre.
La pena de muerte deja de ser excepcional
La reforma supone un cambio de paradigma en la legislación israelí. Hasta ahora, la pena capital era una figura prácticamente inactiva, reservada a supuestos excepcionales como crímenes de guerra o genocidio, y solo se ha aplicado una vez en la historia del país, con la ejecución en 1962 del nazi Adolf Eichmann.
Con la nueva norma, la pena de muerte pasa de ser un recurso residual a convertirse en un castigo central en casos de terrorismo, especialmente en el ámbito de los tribunales militares. En la práctica, introduce su aplicación como respuesta directa a los asesinatos en el marco del conflicto.
Aplicación casi automática en tribunales militares
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que obliga a los tribunales militares en Cisjordania a imponer la pena capital en casos de asesinatos de israelíes considerados actos de terrorismo. Solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian «circunstancias especiales», un concepto que la ley no define y que deja un margen limitado de interpretación.
Además, la sentencia no requerirá unanimidad —bastará una mayoría simple— y podrá dictarse incluso sin que la Fiscalía haya solicitado la pena de muerte.
La norma también establece que la ejecución deberá realizarse en un plazo de hasta 90 días desde la sentencia firme y excluye la posibilidad de indulto. Estos tribunales, que solo juzgan a palestinos, presentan tasas de condena superiores al 96%, según organizaciones de derechos humanos, que denuncian además el uso de confesiones obtenidas bajo presión o malos tratos.
Dos sistemas judiciales diferenciados
La reforma consolida una doble vía judicial en función del acusado. Los palestinos en Cisjordania son juzgados por tribunales militares bajo control del Ejército israelí, mientras que los ciudadanos israelíes —incluidos los colonos en territorio ocupado— son procesados por tribunales civiles.
En estos últimos casos, la aplicación de la pena de muerte exige requisitos adicionales, como demostrar que el acusado actuó con la intención de dañar al Estado de Israel, y los jueces mantienen la posibilidad de optar por cadena perpetua. Esta diferencia introduce un tratamiento desigual en función del sistema judicial aplicable.
Ejecución por ahorcamiento y sin indulto
La ley establece que la pena de muerte se ejecutará mediante ahorcamiento y en un plazo máximo de 90 días desde la resolución definitiva, y durante ese periodo, el condenado permanecerá aislado del resto de presos. En la ejecución deberán estar presentes autoridades judiciales, penitenciarias, religiosas y un representante de las víctimas, mientras que la identidad de los verdugos permanecerá en secreto.
A diferencia de otros sistemas, la norma elimina la posibilidad de indulto o conmutación para los condenados por tribunales militares.
Contexto político y presión electoral
La aprobación de la ley responde también a factores políticos internos. La iniciativa ha sido una de las principales banderas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que ya hizo campaña en 2022 con lemas como «muerte a los terroristas» y que ha presionado al Gobierno durante la legislatura para sacarla adelante, llegando a amenazar con abandonar la coalición.
El texto final ha sido suavizado respecto a versiones iniciales más duras, aunque mantiene el ahorcamiento como opción predominante. Su tramitación se ha acelerado en los últimos meses en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones previstas para octubre y la fragilidad de la mayoría del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
En paralelo, la oposición ha intensificado sus críticas y ha elevado la presión parlamentaria sobre el Gobierno, en un clima de fuerte polarización política que se ha reflejado en el tenso debate en el Parlamento.
