¿Cerrarán el Darién? Así afectará el anuncio de Panamá y EEUU a los migrantes venezolanos

Junto con la toma de posesión de José Raúl Mulino, este 1 de julio, se produjeron dos acciones que apuntan a reducir el volumen de migrantes, quienes deben recorrer unos 160 kilómetros a pie, por zonas boscosas en las que no hay carreteras o caminos apropiados. El tapón o selva del Darién, además, se ha convertido en un territorio controlado por mafias criminales dedicadas al tráfico de drogas y a la trata de personas.

El año pasado se estableció un récord de medio millón de migrantes en tránsito para seguir luego una travesía por Centroamérica y México, pero en su mayoría apostando a lograr ingresar sin documentación a Estados Unidos.

El mismo día que asumió Murilo, el gobierno de Estados Unidos anunció que patrocinará vuelos de repatriación desde Panamá de migrantes que no tengan documentación para permanecer en territorio panameño.

Poco después, en tanto, el mandatario quien como ministro estuvo a cargo de los temas de seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), anunció medidas orientadas al control de Panamá sobre la movilidad humana, que se ha hecho masiva en los últimos años.

El nuevo gobierno de Panamá puso en práctica desde este 3 de julio medidas que incluyen barreras perimetrales en tres puntos estratégicos del Darién, entre ellos accesos no autorizados en las costas pacífica y caribeña, así como en el sector del Hito de Chucurtí, conocido por ser una vía clave utilizada por migrantes irregulares.

Además, se han reforzado los patrullajes costeros y la interdicción marítima de embarcaciones en las que traficantes de personas trasladan a los migrantes. Para el gobierno panameño, la intención es canalizar de manera más controlada el flujo migratorio hacia Bajo Chiquito, el primer asentamiento poblacional panameño al que llegan los migrantes tras días de dura travesía por la selva del Darién.

Durante la campaña electoral, en la que fue un candidato sustituto del ex presidente Ricardo Martinelli, quien por una condena judicial salió de la carrera presidencial, Mulino enfatizó que cerraría el paso por el tapón o selva del Darién, una extensión inhóspita de unos 17.000 kilómetros cuadrados que separa a Panamá de Colombia.

Si bien ambos países comparten la preocupación de que delincuentes están aprovechando este inédito y masivo flujo migratorio de sur a norte en el continente, y por tanto se imponen medidas de seguridad y control, varias organizaciones de derechos humanos han levantado su voz de alerta por la situación de vulnerabilidad de los y las migrantes, que justamente huyen de situaciones difíciles y adversidades en sus países de origen.

Expertos en temas de migración no consideran factible que por las características y extensión del Darién se pueda “cerrar” completamente el paso de peatonal.

A la fecha, por otro lado, el gobierno de Panamá no ha establecido que los y las migrantes deban tener documentos de identidad vigentes o visas para poder cruzar el Darién, luego el territorio panameño y alcanzar la frontera con Costa Rica.

Sin embargo, la alianza de Panamá con Estados Unidos ha quedado refrendada apenas llegó al poder Murilo con los vuelos de repatriación que serán financiados por Washington, para aquellos migrantes sin documentación que se encuentren en territorio panameño. No es explicita la medida sobre la nacionalidad de quienes serían expatriados, pero se presume que es una medida dirigida fundamentalmente a migrantes de la región.

La abogada venezolana Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), advierte sobre el cambio que ha operado en la administración de Joe Biden. “Esta es la primera vez que el gobierno de EEUU utiliza sus fondos de cooperación (foreign assistance) para pagar por deportación de migrantes desde otro país, Panamá en este caso. Esto representa mal precedente de externalización de control fronterizo en la región”, apuntó Jiménez.

El control fronterizo de Estados Unidos, entonces, no estaría en los límites con México, sino que se establecerían desde Panamá, que es la puerta de entrada para Centroamérica. Una medida de este tipo afectaría, en este momento, a migrantes venezolanos (principalmente), ecuatorianos y colombianos (en menor medida).

“La gran mayoría de personas que cruzan el Darién son de países de la región con crisis severas de derechos humanos como Venezuela, Haití o Ecuador. Insistimos en la necesidad de asegurar el debido proceso para su protección ante cualquier deportación”, alerta Jiménez en nombre de WOLA.

El mayor control en los accesos al Darién y el inicio de vuelos de repatriación, patrocinados por Estados Unidos, se suman al nuevo sistema para limitar los accesos terrestres de migrantes y aumentó las devoluciones de éstos a México, que ya abordamos en un artículo previo en El Estímulo, forman parte de una estrategia respaldada desde la Casa Blanca para desincentivar la ruta migratoria que busca ingresar a territorio estadounidense.

Siendo el aumento de la migración sin documentación a EEUU un tema sensible en la campaña electoral, y teniendo como contrincante a Donald Trump, quien acusa de blandengue a Joe Biden en este tema, el presidente octogenario que busca la relección ha apostado a aumentar controles y deportaciones, antes de que los migrantes lleguen como tal a la frontera entre México y Estados Unidos.

A lo largo de este año 2024, en promedio cruzan 1.100 personas por el Darién. Proyectando esta cifra al cierre del año, podría estimarse en un flujo total de unas 400 mil personas, esto antes de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno de Panamá y el apoyo de Estados Unidos a las deportaciones desde el istmo.

Aunque es menor al pico histórico de 2023, cuando superó ligeramente el medio millón de personas, en su mayoría venezolanas, si se compara con años anteriores hubo un crecimiento vertiginoso de este flujo humano. En 2022 fueron casi 250 mil personas y en 2021 un poco más de 130 mil.