Perú insiste en controlar a los migrantes venezolanos, ahora revisarán sus remesas

El gobierno de Perú anunció un paso más en su política de establecer controles sobre la migración, principalmente venezolana. La presidenta Dina Boluarte y sus colaboradores mantienen la tesis de que hay una vinculación entre migrantes y crimen organizado en Perú.

Las autoridades peruanas revisarán las remesas enviadas por migrantes que se encuentran en el país, como parte de las medidas adoptadas para combatir la inseguridad, ratificó el pasado 25 de octubre el primer ministro Gustavo Adrianzén.

“Vamos a revisar las remesas de dinero que se están enviado para conocer cuál es el origen”, dijo Adrianzén al ser consultado por las medidas que adoptará el Ejecutivo ante el incremento de la inseguridad. El jefe de gabinete como la presidenta Boluarte se enfocan en los migrantes cuando se les interpela sobre el auge de la delincuencia y la inseguridad en Perú, particularmente en Lima, la capital de este país andino.

El jefe de gabinete dijo que, “lamentablemente”, hay “algunos extranjeros” que han llegado a Perú “a cometer delitos” y, “en consecuencia, se van dictar medidas en materia migratoria sumamente estrictas”. Es un mensaje contradictorio, puesto que se sostiene que sólo “algunos” migrantes están vinculados al crimen, pero se toman medidas que afectan a “todos” los migrantes sin distinción.

La presidenta Dina Boluarte ya había anunciado que su Gobierno tiene previsto impulsar acciones enfocadas en los migrantes. La población venezolana es la migración más numerosa actualmente en esa nación. De acuerdo con cifras de las agencias especializadas de Naciones Unidas, ACNUR y OIM, alrededor de un millón 600 mil venezolanos están en Perú.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, adelantó el 22 de octubre que entre las medidas oficiales estará, a partir de ahora, exigirle a los migrantes que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país, esto según el gobierno peruano con el objetivo de luchar contra el crimen organizado.

Después de más de 100 días sin declarar a la prensa, Boluarte precisó que van a hacer ajustes en Migraciones para exigir a “cada venezolano”, que aparentemente trabaja de manera lícita, que presente el contrato de trabajo y de alquiler.

En este sentido, la mandataria también pidió a los propietarios de inmuebles tener cuidado de “a quienes alquilan” sus viviendas, en lo que se interpretó como un discurso oficial que puede alimentar, aún más, la xenofobia contra los extranjeros dentro de Perú.

“Vamos a ir de la mano con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para poder controlar a quienes alquilan y a quienes no demuestran de dónde son sus ingresos”, reiteró. La presidenta peruana abordó el tema de la ola de extorsión y crimen organizado que atraviesa Perú, de lo cual responsabiliza a delincuentes extranjeros, en particular venezolanos.

El discurso que apunta a responsabilizar a los migrantes de la delincuencia y la inseguridad parece forma parte de una estrategia oficial, en medio del peor momento que atraviesa el gobierno desde Boluarte, siendo entonces vicepresidenta, sucedió en el poder a Pedro Castillo, en diciembre de 2022, tras un intento fallido de éste de desconocer al Congreso.

La mandataria peruana, que según analistas tiene su base de apoyo institucional en los uniformados (cuerpos policiales y fuerzas armadas) y en los factores conservadores del Congreso de Perú, ha sumado un 92% de desaprobación según una encuesta encargada por El Comercio.

La popularidad de Boluarte, quien aspira a gobernar al país andino hasta 2026, se encuentra en su peor momento desde que llegó a la silla presidencial, según una encuesta realizada por Datum Internacional para el tradicional diario limeño. En algunas regiones, hasta el 94% de los encuestados expresó su rechazo al mandato de Boluarte. Sus ministros también obtuvieron elevados índices de desaprobación.