Daniel Lozano Camargo es otro de los migrantes venezolanos que fueron llevados a El Salvador. Este #26Mar tenía una corte de presentación con un juez de migración para saber qué pasaría con su estatus, pero no le permitieron asistir aunque era una obligación. A esto se ha enfrentado su familia
La última vez que Dianis Florido supo de Daniel Alberto Lozano Camargo, su nieto, solo tenía una certeza: lo vería y abrazaría muy pronto. Ya él había avisado que pronto lo deportarían a Venezuela, ya se acabaría la pesadilla que inició el 7 de noviembre de 2024, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron mientras lavaba un carro en una zona residencial.
Desde ese día, lo único que sabe Dianis es que Daniel fue detenido por sus tatuajes. Esa fue la información que le dio Leslie Aranda, la novia de su nieto, quien desde Estados Unidos se encargó de mantenerla informada sobre todo el procedimiento judicial que ha vivido, incluyendo lo más reciente: el posible traslado de su nieto a una cárcel para terroristas en El Salvador junto con otros 237 hombres.
El pasado 20 de marzo, por la tarde, Dianis confirmó que Daniel estaba en el Cecot. Leyó su nombre en una lista extensa que consiguió la CBS. Antes de eso, ella y Leslie solo presumían que podía estar allí. Era un presentimiento porque no vieron nunca una foto. Solo sabían una cosa: antes de ese traslado, Daniel estaba en un centro de reclusión de Laredo, en Texas. Era el mismo lugar donde estuvo Francisco García, uno de los jóvenes identificados por su familia entre los migrantes llevados a El Salvador.
Daniel Lozano Camargo fue criado en Maracaibo, estado Zulia, por sus abuelos. Vivió desde muy pequeño con ellos porque su padre falleció en un accidente. Antes de decidir emigrar a Estados Unidos, un tío los recibió en Colombia para intentar controlar las enfermedades que sufre: hipertensión y cardiopatías.
Un tiempo después, Daniel le dijo a Dianis que se iría a los Estados Unidos por el Darién. La noticia la preocupó, pero ella no lo detuvo. Ya no tenía la misma fuerza de su juventud.
«Lo hizo para ayudarnos. Cuando se fue, no llevaba nada, ni siquiera comida. La pura cédula. Logró atravesar el Darién en menos de un mes y por el camino lo ayudaban personas porque él es muy atento. Les cargaba a los niños y le daban para comer», recuerda Dianis sobre las conversaciones que tuvieron una vez pudo llamarla.
La fecha en que Daniel partió a Estados Unidos no la olvida. También está tatuada en su cabeza: «Fue el 6 de junio de 2022. Tenía 17 años. Los había cumplido el 31 de octubre».
Para entrar a Estados Unidos, Daniel se entregó a los agentes de migración y fue trasladado de inmediato a un centro migratorio para menores. «Ahí estuvo hasta que cumplió los 18 años y lo dejaron salir. Ahí lo atendieron bien, recibía clases de inglés y participaba en deportes. Lo vacunaron incluso», cuenta su abuela Dianis.
Cuando cumplió la mayoría de edad, lo soltaron. Una persona que lo asistió en este centro, lo apoyó para conseguir un espacio para vivir y trabajo. Le explicó que debía intentar regularizarse y cumplir con todos los procedimientos que le solicitaran: presentarse, gestionar su asilo, obtener su permiso de trabajo.
Daniel hizo caso y en el proceso trabajó de lo que saliera: «Albañilería… Allá como son las casas de madera, le tocaba trabajar desarmándolas. El primer trabajo que él tuvo fue en una agencia de festejos».
«A los meses, como al año, le salió su permiso de trabajo. Ellos sabían su historial, que no tenía su papá, porque yo lo envié la copia del acta de defunción. Ellos se lo dieron y pudo trabajar mejor«, expresa Dianis desde Maracaibo, adonde regresó por solicitud de su nieto una vez empezó a enviar remesas.
Luego de pasar por distintos filtros, incluido la revisión de antecedentes y otros historiales, finalmente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) le entregó a Daniel su permiso de trabajo.
El documento fue otorgado el 21 de febrero de 2024 y eso le dio Lozano Camargo más seguridad al momento de buscar empleo. Su familia compartió a El Estímulo una foto de este permiso que indica que tiene validez hasta el 20 de febrero de 2029. Eso significaba una cosa para él: eran casi cinco años con posibilidad de trabajar de forma más regular, o al menos eso creía.
Durante ese tiempo se dedicó a ofrecer sus servicios de lavar carro a domicilio en Houston, Texas. También a cuidar de su nueva familia, pues Leslie Aranda, su novia, tiene una hija a quien crió desde pocos meses de nacida.
Hasta que el 7 de noviembre todo parecía ir bien, pero el ICE lo detuvo ese día mientras hacía un servicio. «Le vieron los tatuajes. Lo pararon y lo detuvieron. Los tatuajes de él son nombres de sus seres queridos. Tiene el de su papá; el de mi nieta, que es sobrina de él; el de Leslie y el de la hija de Leslie, que dice que ese es su papá», relata Dianis.
Leslie Aranda cuenta que ICE mantuvo a Daniel Lozano detenido desde ese día y luego lo vio pasar por distintos centros de reclusión. El 14 de marzo tuvieron su última llamada y le dijo que habían cancelado el vuelo a Venezuela por el mal tiempo, el mismo argumento que recibieron otras familias.
Ella no lo quería creer. Le parecía incongruente la situación: «Yo le dije que no creía porque no había orden de deportación y él tenía corte el 26 de marzo».
Desde el 14 de marzo ni Leslie Aranda ni la abogada de migración han tenido contacto con Daniel Lozano. Han intentado hacer todo lo posible por comunicarse, pero no se lo han permitido. La situación es similar a la que narraron dos abogados salvadoreños, llamados por el gobierno de Nicolás Maduro para llevar el caso, que introdujeron un habeas corpus el pasado 24 de marzo para saber de estos migrantes: no hay mayor información.
De hecho, Jaime Ortega y Salvador Ríos, los abogados encargados, han resaltado que estas 238 personas se encuentran en un limbo legal: «(…) no hay convenios internacionales para recibir a las personas. Consideramos que es menester que se legisle sobre ese punto, para establecer un convenio internacional para que una persona juzgada y condenada pueda venir a cumplir una pena (a El Salvador)».
Para el 26 de marzo, a las 9:30 am, estaba pautada la corte virtual de Daniel Lozano con el juez de migración Timothy M. Cole, pero no se concretó. No permitieron que se conectara.
Desde que Dianis supo que Daniel estaba entre los detenidos, empezó a moverse para buscar documentos que probaran que no ha cometido delitos, al menos en Venezuela. Pidió sus antecedentes penales y apenas el viernes 28 de marzo logró que se los entregaran: su expediente señala que no ha cometido crímenes en su país natal.
«Mi nieto está limpio. Él no es ningún muchacho malo. Los metieron a todos ahí, malos y buenos, en un solo lote», expresa Dianis, quien también sabe que el gobierno de Donald Trump aseguró que 101 personas solo tenían delitos de inmigración.
Agrega: «Él se fue por ayudarnos a nosotros. Somos personas mayores. Mi esposo tiene 70 y yo tengo 64. Era poco lo que tenía allá, pero él nos ayudaba».
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