Son siete los tachirenses que, en su intento de mejorar su calidad de vida, fueron criminalizados y enviados al Cecot de El Salvador. La única razón detrás de su detención parece ser llevar tatuajes. Una fundación intenta ayudar a las familias, que ya cuentan más de 20 días sin respuestas. Estos son sus testimonios
Ya van más de 22 días y siete familias del Táchira todavía no encuentran respuestas sobre lo que pasará con sus hijos enviados al Centro de Reclusión contra el Terrorismo (Cecot) de El Salvador desde Estados Unidos. Ninguno ha parado de recorrer organismos nacionales e internacionales para lograr el retorno de sus hijos, esposos, hermanos y sobrinos. Aparte de la esperanza, los acompaña la tristeza y la angustia.
Hay algo en común entre todas estas familias tachirenses: todos afirman que la única razón por la que sus seres queridos permanecen en esa cárcel de máxima seguridad es el hecho de tener tatuajes en la piel. Casi al unísono niegan que sus familiares tengan algún vínculo con el «Tren de Aragua». Y recuerdan que, hasta los momentos, las autoridades de Estados Unidos tampoco han mostrado pruebas que los incriminen, al menos en el caso de estos siete ciudadanos.
Desde el Táchira hacen lo que pueden: denunciar y mostrar la cantidad de pruebas de que son inocentes. Ya consiguieron sus antecedentes penales nacionales y también de los países en los que algunos estuvieron antes.
Uno de ellos, de hecho, ingresaron como refugiados por reasentamiento en Estados Unidos, cumplió todos los procesos legales, pero igualmente están presos y sin comunicación.
Las familias no dejan de pedir celeridad en una respuesta y piden que sus casos no se tomen como una bandera política.
Los padres de Andry José Hernández Romero, preso en el Cecot, narraron con marcada impotencia y tristeza lo que consideran una injusticia. Su única «acusación» ha sido tener tatuajes alusivos a los Reyes Magos de Capacho (una corona), un patrimonio cultural de Táchira y Venezuela en una de sus muñecas, además de llevar los nombres de su padre y su mamá como un símbolo de identidad familiar.
«Andry ha sido actor desde los siete años, participando en la representación de «Los Caminos de Jesús» durante la Semana Santa. Creció dentro de la fundación y logró desempeñar papeles importantes. Además confecciona sus propios trajes y trabaja como maquillador y estilista. Se desarrolló profesionalmente en Caracas y Bogotá antes de emprender su viaje a Estados Unidos en busca de un nuevo futuro para ayudar a su familia», cuenta su madre, Alexis Romero.
Romero relató que el joven llegó a Ciudad de México a finales de julio de 2024, donde trabajó en una pizzería y un puesto de comida rápida mientras esperaba su cita migratoria. El 29 de agosto se presentó ante las autoridades, pero desde ese momento quedó detenido. «Migración lo capturó el mismo día de su cita», detalla.
Durante su detención, tuvo audiencias mensuales con una jueza y un abogado. Su defensora introdujo una solicitud de asilo político para garantizar que su estadía fuera legal. Su última audiencia estaba programada para el 20 de mayo y se le otorgaron unas semanas para recopilar documentos que respaldaran su caso.
Sin embargo, “fue engañado y deportado arbitrariamente antes de completar el proceso” y hasta entonces su familia solo sabe que fue llevado a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La tía de Gustavo Adolfo Aguilera Agüero comentó que el joven, oriundo de La Fría, estado Táchira, fue trasladado a El Salvador sin la oportunidad de defenderse.
«Mi sobrino emigró, como muchos venezolanos, atravesando el Darién debido a la crisis económica que hay en nuestro país, con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida y apoyar a su familia, esposa e hijos. Permaneció en México por siete meses, esperando su cita migratoria. Finalmente, el 17 de diciembre de 2023 ingresó a Estados Unidos, donde ya trabajaba y tramitaba su documentación de manera legal«, cuenta.
Su detención ocurrió de manera arbitraria y en su propia casa. Mientras arreglaba su vehículo y sacaba la basura, agentes de ICE se acercaron y le hicieron preguntas. Al preguntarle dónde vivía, respondió con sinceridad y permitió que los agentes ingresaran a su hogar, convencido de que no debía nada.
Allí, interrogaron a su esposa, quien se encontraba con su bebé. También le mostraron una fotografía preguntándole si conocía a cierta persona, a lo que él respondió que no. Luego, le pidieron que se levantara la franela y al ver sus tatuajes lo detuvieron para investigaciones.
Estuvo detenido aproximadamente un mes en Texas, luego fue trasladado a Río Negro, donde le notificaron que sería deportado, supuestamente lo enviarían a Venezuela. Hasta el último momento, pudo comunicarse con su madre a través de una tablet proporcionada en la prisión. Le aseguró que pronto llegaría a Venezuela, por lo que lo esperaban en casa.
Sin embargo, al ver los videos de los dos aviones que habían llegado, se dieron cuenta de que fue enviado a El Salvador.
«Lo único que pedimos es justicia. Estos jóvenes emigran buscando mejores oportunidades y condiciones de vida, pero ahora enfrentan una situación crítica. Pedimos a las autoridades nacionales e internacionales, así como a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que actúen ante este caso y velen por las personas inocentes que han sido injustamente detenidas. No sabemos en qué condiciones están, cómo los tratan, cómo duermen o si sus derechos están siendo vulnerados», expresa su tía.
La tía de Aguilera Agüero recalcó que esta situación no debe ser vista desde una perspectiva política, sino desde la humanidad. “Como tía de Gustavo y como venezolana, hago un llamado a la conciencia y a la justicia”, dice.
Gabriela Mora comparte una historia similar: su esposo, Carlos Alexis Uzcátegui, asistió a su entrevista de cita CBP One para ingresar a Estados Unidos el 10 de diciembre y acabó detenido. El tatuaje fue el motivo y al instante fue puesto bajo custodia de ICE, siendo trasladado al Centro de Detención Del Valle Facility en Texas.
«Permaneció allí hasta el 15 de marzo, cuando me llamó para informarme que sería deportado a Venezuela y que no podría comunicarse más conmigo hasta su llegada. Posteriormente, no recibí noticias sobre su paradero. Al ver los primeros videos de la llegada de detenidos a El Salvador, me percaté de que mi esposo estaba en uno de los autobuses, entre las personas que fueron llevadas injustamente a ese país«, recuerda.
Carlos no tiene antecedentes penales ni vínculos con el Tren de Aragua, según su esposa. Es un trabajador minero del municipio de Lobatera, en el estado Táchira, que emigró en busca de un mejor futuro para él, su esposa y su hija. No ha cometido ningún delito en Estados Unidos, ya que ni siquiera logró ingresar al país.
«Su detención y deportación carecen de fundamento legal», destacó Gabriela Mora. Exigió que se respete el debido proceso y se demuestre su inocencia para que pueda regresar a casa.
Wilmer Agelvis Sanguino es un joven tachirense de 24 años que también está preso en El Salvador. Su tía Jhoana Sanguino lo describe como “maravilloso, lleno de sueños, inteligente, honesto y colaborador”.
Wilmer Agelvis es el primero en la lista de los deportados venezolanos a El Salvador, a pesar de haber ingresado de forma regular a los Estados Unidos como refugiado por reasentamiento con el apoyo de UNHCR.
«Hoy sumamos 24 días sin saber absolutamente nada de él. Su última comunicación fue el jueves 14 de marzo, cuando informó a su madre que sería trasladado, no deportado, a un centro penitenciario. En ese momento, le cambiaron el uniforme a uno de color rojo, el mismo que usan los criminales en ese país, lo cual generó preocupación«, dice Jhoana.
Continúa: «Al contactar al abogado que llevaba su caso, este aseguró que el cambio de uniforme era una medida interna y que era imposible su deportación porque su proceso de asilo seguía en curso. Tenía una audiencia programada para el 1 de abril a la 1:00 pm».
Cuando una persona está en un proceso de asilo es ilegal que sea deportada porque debe cumplirse el principio de «no devolución». Ese principio establece que no puedes expulsar a alguien que huyó de persecusión política o conflictos en su país de origen o residencia principal. Ese derecho también le fue violado a Wilmer.
«Se le consiguió un abogado e inicialmente se gestionó un parole humanitario, pero fue rechazado. Luego, se intentó una fianza, aunque pagar fianza implica que la persona haya cometido un delito, lo cual no es su caso. Mi sobrino no ha cometido ningún delito en Estados Unidos ni en ningún otro país. Para demostrarlo, contamos con antecedentes penales legalizados y apostillados de Ecuador y Venezuela, donde consta que no posee historial criminal», resalta.
Su detención se basa únicamente en sus tatuajes: un reloj, una rosa y un búho.
Su tía explicó el significado de cada uno: «El reloj y el búho representan una anécdota de su infancia. Desde pequeño, se despertaba a las 3 de la mañana y escuchaba el canto de un búho y se asustaba. Con el tiempo, decidió plasmar ese recuerdo en su piel. La rosa representa a su abuela paterna, quien ama las flores y tiene un hermoso jardín. Es una muestra de cariño y homenaje a ella. Estos tatuajes no tienen relación alguna con actividades delictivas ni con pandillas. Lo único que pedimos es que cada caso sea estudiado detenidamente».
La mamá de Wilmer José Vega Sandía no pudo hablar por él este 4 de abril porque es paciente oncológica en un grado avanzado. El padre de Wilmer tampoco se puede movilizar como consecuencia de un ACV. Su caso lo relata su tía, Doris Sandia, quien se ha movilizado para conseguir su libertad.
«Mi sobrino ingresó a Estados Unidos el 16 de abril. Fue retenido por inmigración durante tres días y le asignaron un grillete electrónico, que tuvo que portar durante tres meses mientras se presentaba regularmente ante las autoridades migratorias. Una vez retirado el grillete, comenzó a trabajar en tres empleos: como conductor de Uber, en un restaurante y en una discoteca, con el propósito de sostener económicamente a sus padres en Venezuela y a su hijo», cuenta.
A Wilmer Vega lo llamó ICE un día y lo detuvieron bajo el argumento de que sus tatuajes lo vinculaban al Tren de Aragua.
Wilmer permaneció detenido por seis meses, desde el 1 de octubre. En su audiencia del 17 de diciembre, la jueza le dio a elegir entre pagar una fianza o solicitar la deportación voluntaria. Eligió la deportación voluntaria y se le informó que su salida sería el 17 de enero, pero esto nunca se concretó. «A pesar de que esperaba su deportación, permaneció detenido sin explicación», relata Sandia.
El 14 de marzo, Wilmer Sandia fue trasladado de su centro de detención a la frontera con México, en Texas. Su esposa recibió una llamada en la que le informaban que su nombre había sido mencionado dos veces en la lista de deportación hacia Venezuela, y que el vuelo saldría el 15 de marzo.
El vuelo nunca llegó y cinco días después, su familia se enteró por la lista que filtró CBS, que su pariente había sido trasladado a El Salvador.
«Lo único que pido es justicia. Queremos tenerlos de vuelta con nosotros. No hablo solo por mi sobrino, sino por todos los inocentes que han sido llevados allí sin fundamento. Mi sobrino es una persona trabajadora, con antecedentes penales limpios y sin vínculos delictivos. Desde muy pequeño ha sido un joven intachable», resalta Doris.
Isabel Obayo Sánchez es hermana de William Ramón Lozada Sánchez, un joven originario de Coloncito que se entregó a ICE el 23 de enero de 2024 y fue detenido. Su primera audiencia con el juez se dio el 5 de abril de ese año y le dictaron una orden de deportación.
El proceso de William estuvo marcado por irregularidades. Entró en etapas de cuarentena y llegó el cambio de gobierno, pero nadie dio respuestas claras de su proceso.
«Del 10 al 14 de marzo del 2025 nos enteramos de que él iba a ser deportado», dice Isabel, quien conoció la información a través del hermano de otro detenido con quien William compartía la celda. Le indicaron que lo trasladarían a Río Grande, en México, aunque nunca estuvo claro si su destino sería Venezuela o México.
El 14 de marzo, su familia intentó rastrear su ubicación a través de internet, pero no apareció en los registros del centro de detención. Ante esta incertidumbre, asumieron que había sido enviado a El Salvador. La confirmación llegó días después, con la lista de deportados.
Isabel quiere justicia para su hermano: «Él tiene 27 añitos. Él no ha cometido ningún delito. Solamente porque tiene tatuajes. Todo el mundo tiene tatuajes. Él fue para para Estados Unidos por el sueño que han tenido muchos venezolanos de un mejor futuro, a poder trabajar, pero no lo logró».
La historia de William es similar a la de Edicson David Quintero, un joven de 25 años originario de El Piñal, cuya madre, María de Jesús Montes, solo pide su libertad y retorno a Venezuela.
Conjuntamente con abogados estadounidenses y salvadoreños, la fundación El Amparo Internacional, asumió la defensa de los migrantes tachirenses que han sido trasladados de manera ilegal y arbitraria a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, informó Walter Márquez, presidente de esta organización.
Márquez indicó que estas acciones se basan únicamente en la supuesta pertenencia al Tren de Aragua y estar tatuados. Según sus investigaciones preliminares, tener tatuajes no constituye un delito en ninguna parte del mundo, ya que es una práctica personal e individual.
Para la fundación, la situación se agrava por la violación del debido proceso, afectando incluso a aquellos que ya estaban en proceso de cortes en Estados Unidos y sin una resolución definitiva sobre su asilo o deportación. Gran parte de estos venezolanos habían aceptado un retorno voluntario a Venezuela.
Márquez rechaza el trato inhumano al que fueron sometidos estos siete jóvenes de El Táchira en El Salvador y considera que podría constituir un crimen de lesa humanidad por persecución basada en razones raciales.
«Respetamos el derecho del presidente Bukele a combatir las pandillas y bandas criminales en su país. Sin embargo, no tiene facultades internacionales para mantener bajo custodia a venezolanos que no han sido procesados inicialmente por los Estados Unidos. El Estado estadounidense también debe cumplir con los debidos procesos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual tanto Estados Unidos como El Salvador son parte. Aunque Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, El Salvador sí lo es, lo que podría implicar la comisión de crímenes de lesa humanidad«, destacó Márquez.
El principal interés de la fundación El Amparo Internacional es el retorno de los migrantes venezolanos y tachirenses a su país.
«Estas personas, obligadas por la crisis humanitaria en Venezuela, solo buscaron un nuevo horizonte dentro del sueño americano y es por esta razón que la organización asumirá plenamente la defensa de estos migrantes, trabajando con el gobierno venezolano y el gobernador del Táchira para garantizar su bienestar», expresó.
«Aunque se trata de un tema de política internacional, priorizamos la defensa integral de los derechos humanos. Por ello, se asume la representación de las víctimas ante instancias nacionales e internacionales, reafirmando un compromiso con su protección y justicia», precisó Walter Márquez.
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