Abriéndose paso entre las fuerzas retrógradas, están las fuerzas emancipadoras que surgen desde las entrañas del propio Estado. En el caso del Ministerio de las Comunas, sin estar libre de contradicciones y arrastrando todavía muchas reminiscencias de lo viejo, este órgano de gobierno reconoce la persistencia de grandes obstáculos en el entramado del Estado que frenan la organización comunal. Hay muchas quejas de los comuneros en contra de una burocracia que no termina de acompasarse al ritmo de las comunas, cuya dinámica desborda los lentos ritmos del gobierno, incluyendo al propio Ministerio de las Comunas. De allí el reto de constituir órganos de autogobierno que liberen los procesos para superar los problemas de funcionamiento. De lo contrario, las Comunas seguirán siendo una forma de organización administrada por el Estado que, para tener acceso a los recursos, deben comenzar por registrase en un organismo público y atravesar el viacrucis de trámites y procedimientos burocráticos. Como lo reconoció un Ministro de las Comunas:
“El Estado comunal no va a venir desde el cambio dentro de las instituciones, porque eso no se decreta, así como tampoco se decretan las revoluciones. Es algo que se hace en la calle, en las comunas, trabajando con la gente, hasta que llegue el día que sean las comunas quienes nos digan a nosotros en las instituciones cómo deben ser los trámites, cómo debe funcionar la institución; por ejemplo, cuando nos digan si es necesario que exista una taquilla única o cómo deben funcionar los procesos en el ministerio. Es mandar obedeciendo al pueblo, a eso nos referimos con Estado comunal”.
En el debate nacional sobre la construcción del poder comunal, el poder constituido –particularmente gobernaciones y alcaldías- se resiste a ceder espacios de poder para que la ciudadanía organizada ejerza competencias de manera directa a través de las nuevas instancias comunales. Las proyectos presentados por los Consejos Comunales y Comunas (CCC) se centran en la administración de bienes y servicios en las áreas de educación, salud, cultura y deporte; manejo de desechos sólidos; cuidado de los espacios públicos y el ornato; administración de infraestructuras, servicios de agua potable, servidas, alumbrado, vigilancia y seguridad; proyectos productivos para el desarrollo endógeno, todo lo cual históricamente han sido un ámbito de competencia de los gobiernos locales. Esta aspiración se enfrenta a las resistencias del poder constituido, toda vez que las gobernaciones y alcaldías pierden espacios de poder y recursos que comienzan a ser transferidos y asumidos por las comunas. La complejidad de estos proyectos exige fortalecer la capacidad institucional para que los CCC cuenten con las fortalezas para asumir paulatinamente estas competencias en áreas que anteriormente eran exclusivas de alcaldías y gobernaciones.
Estas tensiones en el seno del propio gobierno pone de relieve las transformaciones pendientes de un Estado rentista que reprodujo instituciones con estructuras burocráticas plagadas de obstáculos que conspiran contra las nuevas formas de organización comunal. Estas transformaciones no se hacen desde las instituciones del Estado sino que tienen que ser promovidas y logradas desde la lucha social y comunal. La clave está en fortalecer los procesos de organización de las comunidades para que la vieja institucionalidad colonial, estatista y centralista pueda ser desplazada y sustituida por una nueva institucionalidad a través de la cual se consoliden nuevas formas de democracia directa. Es aquí donde los CCC -como instituciones de autogobierno- están llamadas a hacer un aporte trascendente y duradero, al perfilarse como las nuevas instituciones que se encargarán de introducir las nuevas reglas políticas de la democracia participativa y protagónica que emanan de la Constitución y del nuevo marco legal e institucional que el pueblo se ha dado.
Hasta ahora, los CCC han sido promovidos directamente por el Gobierno Bolivariano a través de un nuevo marco legal y entorno institucional que les sirve de apoyo y le permite al Gobierno transferirles recursos para el financiamiento de sus proyectos. En consecuencia, esta nueva institucionalidad social está sometida a una gran tensión, toda vez que, sin bien son formas para impulsar la democracia participativa y protagónica, lo cierto es que son fomentadas por el propio Estado, el cual tiende a imponer su control y direccionalidad.
Al ser simultáneamente promovidos y frenados por las lógicas contradictorias que pugnan al interior del Estado venezolano, esto hace que éste último no pueda verse en blanco y negro, sino que exige reconocer marcados matices en la valoración tradicional del Estado como un instrumento de dominación de una clase sobre otra. De allí la importancia de identificar y diferenciar los mecanismos de dominación del Estado de las fuerzas emancipadoras que en su seno emergen y se desarrollan. La democratización del Estado, la descentralización y transferencia de competencias, la desestatización de la economía para transferir la propiedad a los trabajadores y la comunidad organizadas, son campos de lucha en las entrañas del propio Estado.
