El Acuerdo de Barbados está lleno de trampas, pero la oposición aún tiene un chance

Cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado y de Henrique Capriles, el 26 de enero, el chavismo y la oposición tuvieron perspectivas tremendamente diferentes sobre el futuro del Acuerdo de Barbados – firmado por ambos grupos en octubre para garantizar condiciones electorales y derechos políticos antes de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

“El régimen decidió acabar con los acuerdos de Barbados”, dijo Machado, “lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”. Mientras tanto, Jorge Rodríguez –jefe de la delegación negociadora chavista– dijo que “A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados”.

Ambos puntos de vista, ambas reacciones a la misma decisión judicial, surgen del talón de Aquiles del Acuerdo de Barbados: carece de un proceso de acompañamiento de reforma judicial o reinstitucionalización. No hay ninguna renovación de las cortes, ningún enfoque para reevaluar los infinitos conjuntos de leyes que han codificado y respaldado legalmente la autocracia en Venezuela.

En cambio, el texto del acuerdo legitima las decisiones arbitrarias de una élite neopatrimonial que controla un Estado depredador como «estado de derecho», respaldado por instituciones independientes y con el debido proceso. Cuando el texto del Acuerdo dice que se basa en “demás normas jurídicas aplicables” y promueve la autorización de candidatos sólo si cumplen con “requisitos establecidos” por los “procedimientos” de la ley venezolana, las supuestas garantías quedan a merced de la arquitectura jurídica de chavismo; de su activismo judicial autoritario, de decisiones verdaderamente políticas.

Así, de manera contradictoria, el Acuerdo de Barbados reconoce la falta de garantías electorales en Venezuela pero trata el actual marco legal discrecional venezolano como el de una democracia liberal. Sus instituciones secuestradas por facciones beligerantes del chavismo, su uso repetido de los tribunales para pisotear resultados electorales desfavorables, se convierten en “procedimientos” y “normas legales”.

Por lo tanto, los puntos del Acuerdo son secuestrados por la arbitrariedad del lawfare chavista consagrado en el texto: como hemos atestiguado esta semana, con la ratificación de las inhabilitaciones a Machado y Capriles. Para el chavismo –como claramente dice Jorge Rodríguez– Barbados se ha cumplido. La oposición, sin darse cuenta, cae en una trampa.

Y el activismo judicial autoritario chavista no es una herramienta nueva. Para Raúl Sánchez Urribarri, decano asociado de la Universidad La Trobe de Australia, el Poder Judicial venezolano –y especialmente el TSJ– “es una institución clave en el funcionamiento de la autocracia venezolana” que perpetúa el activismo judicial autoritario a través de su “falta de independencia” y su “compromiso político e ideológico a defender los intereses del régimen”.

Abundan los ejemplos de esto. Cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias de 2015 con mayoría absoluta, por ejemplo, el TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional por juramentar a tres legisladores de Amazonas y luego despojó a la Asamblea de todos sus poderes. En 2016, un proceso con base constitucional de referéndum revocatorio hecho por la oposición fue cancelado por tribunales regionales controlados por los chavistas después de acusaciones de fraude infundadas. En 2021, el TSJ también invalidó los resultados de las elecciones regionales en Barinas luego de que ganara la oposición y luego ordenara una repetición (el chavismo volvió a perder).

Pero si bien Machado y Gerardo Blyde –el principal negociador de la oposición– tienen razón al reconocer el papel del Acuerdo de Barbados a la hora de permitir que se celebraran las primarias (y, precisamente, evitar una medida judicial del chavismo), la oposición ahora se encuentra dirigiéndose hacia un callejón sin salida. Para Blyde, hubo una “violación” del Acuerdo y la revisión de las inhabilitaciones de Machado y Capriles no tuvo el debido proceso. «Exigimos que la contraparte cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos. Es un acuerdo integralmente diseñado. Y el cese de la escalada represiva», dijo Blyde: «Exigimos también que la decisión tomada ayer sea revertida por haber violado el procedimiento acordado.»

Blyde también dijo que la Plataforma Unitaria de la oposición entregará una queja por escrito a Noruega, el país mediador y otros países acompañantes. También pidió a Lula, Emmanuel Macron y Gustavo Petro que hagan “todo lo que puedan” para salvar el Acuerdo. Estados Unidos también ha dicho que «revisará» sus políticas de sanciones. Como en el pasado, la oposición apuesta por sus aliados internacionales como palanca para presionar al chavismo.

Pero, si bien el chavismo ha dado marcha atrás con otras violaciones del Acuerdo (como la detención de Roberto Abdul o las órdenes de arresto contra otros miembros del equipo de Machado), parece poco probable que una decisión tan pública y notoria como las sentencias del TSJ sea revocada. No sólo amenazaría públicamente la autoridad legal del TSJ, sino que también se burlaría de las declaraciones bastante públicas de Jorge Rodríguez sobre la imposibilidad de que Machado se convierta en el candidato de la oposición.

De ahora en adelante, la oposición debe seguir presionando para que se levanten las inhabilitaciones y para la supervivencia del Acuerdo –cuya gran mayoría de puntos, desde las auditorías hasta los nuevos puntos del registro electoral y las misiones electorales internacionales, aún no han sido recopilados. Pero la oposición tampoco debería desperdiciar la oportunidad que las elecciones podrían brindar, a pesar de la considerable asimetría de poder entre el régimen y la Plataforma Unitaria.

Tanto la Plataforma Unitaria como Machado han reiterado con razón su firme voluntad de continuar en la “ruta electoral”. Tal movimiento podría significar un candidato sustituto respaldado por Machado, capitalizando su aura y las esperanzas que ha generado su ascenso, tal como lo hizo un Juan Perón inhabilitado con Héctor José Campora en 1973 y una inhabilitada Aung San Suu Kyi con Win Myint durante la transición birmana en 2018. O, sin necesidad de ir a otras latitudes, la forma en que la oposición logró ganar el gobierno del estado Barinas en enero de 2022 con un candidato menos conocido y pese a las inhabilitaciones discrecionales a las tres primeras opciones. Quizás Freddy Superlano tenga razón: si Barinas pudo, Venezuela puede.

Pero las elecciones de Barinas contienen otra lección que la oposición no debe dejar pasar. En la primera vuelta, Freddy Superlano ganó con el 37,60% de los votos frente al 37,21% del candidato chavista. En la repetición, Sergio Garrido ganó con un 55,34% frente al 41,30% del candidato chavista. La indignación por la repetición atrajo el apoyo de fuerzas no chavistas fuera de la Plataforma Unitaria y le dio a la oposición 18 nuevos puntos.

Las primarias han tenido un efecto similar. Manuel Rosales, crítico de las primarias y gobernador de Zulia de Un Nuevo Tiempo, ahora defiende y apoya abiertamente a Machado. Fuerza Vecinal, un partido de “oposición leal”, implosionó después de intentar sabotear las primarias: perdiendo, de un plumazo, ocho alcaldes –incluido uno en el este de Caracas– y alrededor de 60 líderes regionales, incluidos legisladores y concejales regionales. Y, por primera vez desde 2019, los venezolanos que se identifican como ‘opositores’ son ahora el mayor bloque de autoidentificación según las encuestas de Delphos.

Sin embargo, la oposición no debe limitarse a una estrategia meramente electoralista. Debe articular los movimientos sociales en el país y apoderarse del descontento: los sindicatos en las ruinosas industrias públicas del sur y los campos petroleros, las continuas oleadas de protestas laborales encabezadas por los maestros públicos, los partidos regionales menores fuera de la Plataforma Unitaria, las autodefensas indígenas que luchan contra la minería promovida por el Estado e incluso los consejos comunales y chavistas disidentes. De manera similar, la oposición debe unirse con las organizaciones sociales en las regiones rurales del país, que no solo tuvieron una tasa de participación más alta que el promedio nacional en las elecciones regionales de 2021, sino que también votaron abrumadoramente por candidatos no-chavistas en antiguos bastiones chavistas.

Por lo tanto, la oposición no debe desperdiciar esta revitalización y su rápida reconsolidación en un polo que está barriendo las posibilidades de candidatos no unitarios de la “oposición leal” como Benjamín Rausseo, José Brito y Antonio Ecarri. En cambio, el candidato sustituto de la Plataforma Unitaria –en el caso probable de que no se levanten las prohibiciones y Barbados continúe implosionando– debe cosechar los efectos desatados por las primarias y el ascenso de María Corina, mientras capitaliza el descontento dentro del chavismo. Pero la bendición y aprobación de Machado serán fundamentales. De lo contrario, se producirá más fragmentación y la pequeña –e increíblemente frágil– ventana de oportunidad que representa 2024 desaparecerá.

*** Esta nota fue originalmente publicada en inglés en Caracas Chronicles