"El gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el PSUV", dice un comunicado del PCV
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), opositor a Nicolás Maduro, denunció este sábado 11 de agosto un «asalto» a su organización, al rechazar la medida judicial que designa una nueva directiva, una resolución que «deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático» del gobierno.
«El gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el PSUV», el partido gobernante, dijo la organización en una nota de prensa.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es similar a otros veredictos emitidos por esa corte en 2020, cuando también ordenó la intervención de varios de los principales partidos opositores.
La máxima corte nombró una «junta directiva ad hoc» para que organice los «procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados» al PCV.
La nueva junta del PCV estará presidida por Henry Parra, un dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, según indica el fallo.
El PCV considera que la Justicia incurrió en un «error inexcusable de derecho» y asegura que quienes promovieron el recurso no forman parte de su organización.
«Este fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del gobierno», apuntó el partido.
El PCV fue aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), pero rompió con Maduro cuando el actual mandatario empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana.
La organización política cuestiona igualmente la disolución de los salarios por la inflación y la depreciación de la moneda local, cuando el sueldo mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementado con diversos bonos estatales.
En julio de 2020, el TSJ suspendió a la directiva de Voluntad Popular, el partido de los exiliados opositores Leopoldo López y Juan Guaidó.
Y en junio de ese mismo año, el máximo tribunal había tomado medidas similares contra otros dos de los mayores partidos opositores: Acción Democrática y Primero Justicia.
Guaidó calificó en ese momento al TSJ de «brazo judicial» del gobierno de Maduro.
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