Fiscal general Tarek William Saab anuncia "detenciones en curso" contra varias personas, entre ellos colaboradores de María Corina Machado, a quienes acusa de recibir financiamiento internacional de la ExxonMobil.
El régimen chavista de Nicolás Maduro, a través de su Fiscalía General de la República, emitió este miércoles 6 de diciembre órdenes de captura contra un grupo de colaboradores cercanos de la candidata presidencial María Corina Machado y los acusa de «traición a la patria». Además ordena a detener a políticos opositores y chavistas como los ex ministros Andrés Izarra y Rafael Ramírez que se encuentran fuera de Venezuela.
El anunció lo acaba de hacer el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, en una alocución transmitida por los medios oficiales de propaganda y por las redes sociales.
Saab anunció un supuesta trama con ramificaciones dentro y fuera del país. «Ya algunos están detenidos, a otros les hemos solicitado las respectivas órdenes de aprensión, lo delitos tienen que ver con delitos económicos y conspiraciones aliados a un gobierno extranjero», dijo el funcionario.
Presentó una serie de nombres y de rostros de personas a las que el Ministerio Público, «con motivo de los hallazgos mencionados ha solicitado órdenes de aprensión por esta trama de financiamiento y conspiración internacional vinculada a la Exxon Mobil contra Venezuela, para intentar fracturar la lucha soberana de nuestro estado y de nuestro pueblo por el Esequibo».
William Saab anunció las órdenes de aprehensión en contra de los militantes políticos, activistas y asesores, en una lista que mezcla a políticos de oposición de varios partidos enfrentados a María Corina Machado, a dos exministros de Hugo Chávez y miembros del equipo de trabajo de Machado. Buena parte de estas personas están desde hace años viviendo fuera de Venezuela.
En la lista figuran Yon Goicochea, (encargado de la defensa de los activos de Venezuela en Estados Unidos, como la petrolera Citgo, amenazada de embargo judicial); el ex diputado Juan Guaidó, ex «presidente interino» reconocido como tal por Estados Unidos y otros 50 países del mundo; el ex presidente del Parlamento Julio Borges, del partido opositor Primero Justicia; el ex ministro de Chávez Andrés Izarra, radicado en Alemania; el ex alcalde y representante de Venezuela en la OEA, dedicado a temas migratorios David Smolansky; y los activistas Carlos Vecchio y Lester Toledo.
También mencionó Saab a Savoy Yan (un ciudadano estadounidense al que señala como enlace entre Donald Trump, la Exxon y los opositores venezolanos) y a Leopoldo López y Rafael Ramírez (éste último el ex zar de la industria petrolera de Venezuela en tiempos e Hugo Chávez y desde hace tiempo radicado en Italia).
También acusa de operadores dentro del país, y ha puesto a la «orden de la justicia» a Roberto Abdul, Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, «todos ellos vinculados a los delitos de traición a la patria, conspiración para lesionar al pueblo legitimación y asociación para delinquir”.
El fiscal afirma que fueron usados fondos para conspirar, que fueron monetizados a través de criptoactivos, por Damián Merlo, quien tenía como contacto a Savoi Jandon Wright y este a su vez con Donald Trump.
También ataca a la organización civil Súmate, una ONG que lleva años dedicada a luchar por los derechos civiles electorales de los venezolanos y que fue fundada hace 20 años por María Corina Machado.
Información en desarrollo
La Asociación Civil Súmate denunció que a 7 millones 553 mil 440 venezolanos se le podría estar impidiendo el derecho a ejercer su derecho al voto y precisó que dichos datos se desprenden del análisis de las Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Organización Internacional de Migración (OIM) y de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), datos del Consejo Nacional Electoral y cálculos propios estimados a diciembre de 2019.
Candidatos inhabilitados por la Contraloría tienen plazos desde este 1 de diciembre hasta el día 15 para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso legal y un recurso de amparo contra éstas inhabilitaciones.
Evangélico Luis Ratti, quien dice que va a las presidenciales de 2024 financiado por Jesús Cristo también amenaza con ir hasta la Corte Penal Internacional. Lo dijo en entrevista con Vladimir Villegas.
