Capriles y Borges se quedan -otra vez- sin Primero Justicia
Nuevamente una decisión del TSJ faculta a José Brito a tomar el control del partido Primero Justicia en medio de un proceso de negociación electoral
Política
Casi cuatro años le tomó al Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, tomar una decisión sobre el destino del partido Primero Justicia. Y lo hace justo ahora, en pleno momento electoral. Este lunes 22 de abril publicó la sentencia 0207 que -en pocas palabras- deja en manos de José Brito la organización política fundada en el año 2000 por Henrique Capriles, Julio Borges y Leopoldo López y presidido en la actualidad por María Beatriz Martínez.
De acuerdo a lo publicado en la sentencia 0207, Brito presidirá una junta directiva ad hoc para encabezar la reestructuración política de PJ y designar nuevas autoridades regionales, municipales y locales; quedó -además- facultado para utilizar la tarjeta electoral, el logo y todo lo que represente a Primero Justicia; para modificar sus estatutos internos; y administrar y mantener sus bienes. La Sala Constitucional, en ponencia de la magistrada Lourdes Suárez Anderson, ordenó también al Consejo Nacional Electoral a no recibir postulaciones que no provengan de decisiones de la directiva ad hoc.
La respuesta a la decisión del TSJ por parte de los militantes y directivos originales de Primero Justicia no se hizo esperar: «Maduro pretende robarse la tarjeta de @Pr1meroJusticia, entregándosela a un alacrán que es un instrumento de su régimen. Todo esto lo hacen para intentar crear frustración, pero no podrán», escribió Julio Borges en su cuenta de X.
«Forzar una reestructuración vía sentencia es una aberración más del poder, que no solo viola derechos políticos, sino que busca confundir a los venezolanos en las próximas elecciones y tapar el rechazo que tiene Maduro dentro de su propio partido y en todo el país», escribió Henrique Capriles: «Pueden nombrar ‘presidencias ad hoc’ y cometer más arbitrariedades pero con esto no ganan simpatizantes, por el contrario aumentan las ganas de participar y VOTAR».
Carlos Ocariz también apuntó al momento electoral: «En cada estado, municipio, parroquia, calle, urbanización o barrio, hay un justiciero luchando por la democracia y por tener un país distinto… eso nadie lo cambiará y así será por años. Esta es una clara maniobra de quienes se ven perdidos y a quienes vamos a derrotar masivamente con los Votos el próximo 28 de Julio!!!».
No es la primera vez
No es la primera vez que José Brito recibe este «mandato» por la vía legal. En junio de 2020, el magistrado Arcadio Delgado Rosales tomó una decisión similar como respuesta a un amparo introducido por los diputados José Brito y Conrado Pérez Linares.
Brito y Pérez Linares esgrimieron ante el TSJ el 16 de enero de ese año -entre otras cosas- que la directiva de ese entonces, encabezada por Borges, «atropellaba» a la militancia y a la dirigencia sancionando y destituyendo sin cumplir con los procedimientos regulares. En concreto, ambos se referían a lo ocurrido con ellos mismos, que habían sido expulsados de Primero Justicia en noviembre de 2019 por estar -presuntamente- involucrados en movidas para paralizar investigaciones de la Asamblea Nacional sobre señalamientos de corrupción en el programa CLAP en beneficio del empresario colombiano Alex Saab.
De eso, por supuesto, no habla el recurso presentado en ese momento al TSJ. Ni la decisión que puso a Brito al frente de la junta ad hoc en detrimento de Julio Borges.
Brito no tuvo tiempo ni de calentar la silla. En septiembre del mismo año la medida fue suspendida. Había intereses más importantes: negociar con la oposición su participación en las elecciones parlamentarias y Henrique Capriles fue uno de los interlocutores más destacados, aunque al final la tarjeta de PJ no participó en los comicios. Pero el TSJ no tomó una decisión de fondo sobre el tema y esa carta guardada permitió una nueva jugada.
El 15 de marzo de 2024, Brito y Pérez tocaron otra vez las puertas del TSJ para pedir que aclararan el estatus legal de Primero Justicia que, a su entender, estaba en un «limbo jurídico». Y así llegamos a la respuesta de hoy de la Sala Constitucional, también en medio de un proceso delicado de negociaciones internas y externas relacionadas a lo electoral.
