La implantación del Estado Comunal a partir de 2025, a lo que aspira el gobierno de Maduro, enfrenta una fuerte barrera en las comunidades populares que mantienen sus organizaciones naturales, su modo de vida y sus vínculos sociales tradicionales. Por ahora
Estudios como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y los que hace el Centro de Investigaciones Populares “Alejandro Moreno” (CIP), han registrado un proceso que lleva tiempo gestándose: la pérdida de apoyo al gobierno por parte de las bases sociales. Y han documentado también cómo estas comunidades reaccionan ante el intento de penetrar su modo de vida con organizaciones de lo que han concebido como el Estado comunal.
Observan los estudios del CIP que las estructuras comunales son implantadas desde afuera, desde el poder, como una fórmula de estructurar un mecanismo que garantice la alineación con las políticas oficiales.
Mecanismos como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), penetraron en los sectores populares más por necesidad que por compromiso ideológico. Las comunidades conviven con esos mecanismos pero no se sienten parte de esas estructuras impuestas.
Los integrantes de esas estructuras (jefes de calle, comuna o las UBCH) son más militantes del PSUV que representantes de las comunidades. Fundamentalmente, lo que hacen es promover la doctrina chavista y exigen lealtad a cambio de dádivas. Es decir, en su mayoría no son líderes comunitarios sino funcionarios que cumplen una misión política, indican esos estudios.
La ruptura con las estructuras comunales impuestas por el chavismo desde el inicio de la revolución se dio cuando los sectores populares, laborales y gremiales comenzaron a protestar masivamente por las malas condiciones de vida, violaciones a sus derechos más elementales y el intento de quiebre a sus organizaciones comunitarias tradicionales, gremiales, sindicales y civiles.
El proceso alcanzó mayor nivel hacia lo político desde esos sectores a partir de las elecciones primarias del 31 de octubre de 2023 y mayor conciencia con las elecciones presidenciales del 28-J.
El protagonismo de las luchas por un cambio político en el país y el regreso a un sistema democrático de libertades fue pasando en los últimos años de la clase media a los sectores populares.
En una primera etapa, esos sectores de menores recursos protestaban por reivindicaciones básicas como las malas condiciones de vida, bajos salarios y derechos laborales. Las protestas fueron escalando a la defensa de libertades individuales, derechos humanos y políticos al comprender que los males del país respondían más al modelo implantado por el chavismo que a otros factores como las sanciones internacionales.
La corrupción, estatizaciones y controles económicos han jugado un rol fundamental en la crisis que se profundizó a partir de 2012, a lo que se agregan los procesos anticorrupción ejecutados por el mismo gobierno que involucran a altos funcionarios y allegados y el fortalecimiento del crimen organizado.
Importantes dirigentes sindicales y sociales que una vez apoyaron al chavismo terminaron presos y procesados por traición a la patria en los tribunales. Ese conflicto generó la fuga –o la reacción- de gran parte de sus bases sociales e incluso de activistas que en algún momento formaron parte de la estructura comunal. La diáspora de unos 7 millones de venezolanos a otros países también formó parte de la respuesta de quienes buscaron un cambio de vida.
Si se indaga sobre los detenidos por las protestas que se produjeron por el no reconocimiento oficial del triunfo opositor en las elecciones del 28-J, encontramos que la mayoría provienen de sectores populares, no sólo de Caracas sino de todas las regiones del país.
Otro hecho importante es la persecución a los testigos y miembros de mesas electorales. La mayoría de ellos participó y defendió el derecho al voto, aún conscientes de que difícilmente el gobierno aceptaría una derrota.
La estructura de testigos de mesa se organizó con apoyo de los partidos y las organizaciones políticas opositoras, pero junto a la iniciativa de voluntarios de las comunidades. Lo hicieron a pesar de las limitaciones, trabas y amenazas que recibieron de sectores del oficialismo.
Desde el 29 de julio las principales manifestaciones que se realizaron en el país se dieron en sectores populares y allí se concentró la represión.
En medio de la todavía viva discusión sobre el resultado de las elecciones, el gobierno avanza en la imposición de su modelo. El proyecto de Estado comunal, que se concibió desde el período de Hugo Chávez, se ha ido modificando y hoy está ampliamente desarrollado en el Plan Patria 2025-2031 como ruta del gobierno de Nicolás Maduro a partir del próximo 10 de enero.
El proyecto de Ley Comunal fue rechazado en 2007 en el referendo constitucional que convocó Chávez. Sin embargo, en los años siguientes se fue estableciendo a través de leyes orgánicas y decretos.
El profesor Juan Domingo Alfonzo Paradisi, profesor de Derecho Administrativo en la UCV y la UCAB, explica que el Proyecto de Ley de Ciudades Comunales sometido a consulta en marzo de 2021 por la Asamblea Nacional “es el nuevo peldaño en la construcción del Estado comunal paralelo al Estado constitucional”.
Alfonzo Paradisi sostiene que las leyes del poder popular, entre ellas, el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, violan la Constitución vigente ya que establecen un Estado paralelo distinto al constitucional y transgreden sus principios y valores.
“El proyecto de ley de Ciudad Comunal constituye una nueva pieza en el andamiaje en cuanto a la construcción de un Estado paralelo al previsto en la Constitución vigente de 1999”, señala el académico en un documento en el que analiza el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, presentado en 2021.
“Se trata del socavamiento de las instituciones y estructuras constitucionales previstas en la Constitución de 1999 por el modelo de Estado comunal y que puede ser catalogado como de fraude constitucional, de desconstitucionalización o de perversión constitucional, en el sentido de dejar pervivir una estructura constitucional que paulatina y progresivamente va siendo sustituida por otra hasta dejarla vacía de contenido o socavada”, detalla.
Señala en el documento que “se trata de ir infiltrando o penetrando las estructuras constitucionales e institucionales sustituyendo su esencia y cambiándola por otra. Se indica la centralización de recursos financieros, la reducción de ingresos a los municipios y estados para otorgárselos a los consejos comunales y organizaciones de base del poder popular”.
Otro especialista en Derecho Constitucional. El abogado Allan Brewer Carías explica que estas leyes para conformación del Estado comunal tienen a “la comuna” como célula fundamental de conformación del Estado, suplantando inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de unidad política primaria de la organización nacional (Artículo 168 de la Constitución ). A través de las nuevas estructuras se ejerce el “poder popular” directamente y no mediante representantes. Se trata, por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora a la democracia representativa.
Señala el especialista que el sistema que se busca montar, controlado desde el Poder Ejecutivo, lejos de ser un instrumento descentralizado es un sistema de control férreo de las comunidades por el poder central.
Una de las últimas reformas en la Ley Orgánica del Poder Comunal, realizada en junio de 2024, incorporó el nuevo artículo 19 referido al sistema electoral, que igualmente aspiran a modificar. Allí se estipula que “el sistema de agregación comunal, contará con una instancia constituida de manera permanente y electa por las ciudadanas y ciudadanos del ámbito territorial a que correspondan, que asumirá la rectoría de los procesos electorales de esa instancia sin perjuicio de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral”.
Esta modificación podría contrarrestar la experiencia negativa que sufrió el madurismo en el proceso electoral del pasado 28-J cuando perdieron el control sobre gran parte de los testigos y miembros de mesa.
Entre las acciones estratégicas del Plan Patria se concibe “establecer a los Consejos Comunales como células base del Nuevo Estado Popular y Sistema de Agregación Territorial. Se fortalece la figura de los Consejos Comunales como instancia de máxima importancia estratégica en la conformación del tejido organizativo popular”.
El Gran Congreso del Bloque Histórico que celebró el gobierno de Nicolás Maduro del 14 al 16 de noviembre, con asambleas en todo el país, ratificó la intención definitiva de implantar el Estado comunal socialista. La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó que “el pueblo está convocado a construir la transformación del nuevo Estado comunal y popular del socialismo bolivariano”.
La estrategia de Nicolás Maduro para permanecer otros seis años en el poder ha estado acompañada de amenazas de voceros de ejercer un control directo sobre los procesos electorales desde las comunas mediante un nuevo sistema que llaman “democracia directa”.
Pero la implantación del Estado comunal está chocando con el descontento y rechazo del sector popular, no como una fuerza política organizada, sino como principal fuerza de contención desde su modo de vida al proyecto estratégico al que aspira implantar el grupo que se encuentra en el poder.
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