Perú deberá repartir gratuitamente la píldora del día después en todas las dependencias de salud pública tras una orden judicial que aceptó que el medicamento no produce abortos, una medida que causó las críticas de la Iglesia católica.
En un plazo de 30 días, el Ministerio de Salud deberá distribuir «de manera provisional en forma gratuita, en todos los centros de salud a nivel nacional» el anticonceptivo oral de emergencia, según una sentencia provisional del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima del 17 de agosto.
La resolución judicial definitiva se conocerá en los próximos días.
Pese a que el medicamento, conocido como Levonorgestrel, es de libre venta en las farmacias peruanas, en 2009 el Tribunal Constitucional impidió al Estado peruano el libre reparto de la pastilla en las dependencias de salud, ante una «duda razonable» sobre sus presuntos efectos abortivos.
No obstante, la corte dejó abierta la puerta a su distribución, si en el futuro había consenso sobre la inocuidad de la misma.
Con esa prerrogativa, la ONG Promsex y una ciudadana peruana presentaron un recurso ante un tribunal con nuevos antecedentes considerando como una «vulneración del derecho de igualdad» que sólo personas con recursos pudieran acceder a la píldora, y no quienes tienen menores posibilidades económicas.
El alegato de los demandantes subrayó, a favor de su causa, que Perú tiene «una de las tasas de violencia sexual contra las mujeres más altas en Sudamérica y el uso de la píldora puede evitar embarazos no deseados» producto de una violación.
La decisión de la justicia se ampara, entre otros argumentos, en que la Organización Mundial de la Salud considera que la píldora «previene el embarazo impidiendo o retrasando la ovulación» y «no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación y no pueden provocar aborto».
De acuerdo con el exministro de Salud, Oscar Ugarte, «se trata de una medida acertada y la rectificación de un grave error que paralizó una política justa y equitativa».
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se dijo dispuesto a cumplir la orden judicial. «Nosotros somos respetuosos de las instancias y tenemos que acatar lo que nos diga el juez», afirmó la ministra de Salud, Patricia García.
De su lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, dijo que respetarán la decisión. «El juez es una autoridad con potestad para resolver una controversia jurídica, ha tomado esa decisión, se verá posteriormente si esta decisión estuvo bien o mal», dijo en entrevista con radio RPP.
Haciendo uso de su humor cáustico, el presidente afirmó que la ministra va a «consultar al cardenal primero», en alusión al arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, una figura del Opus Dei en América Latina y férreo opositor a este método anticonceptivo. Luego lanzó una carcajada.
Para el obispo de Chimbote, el español Angel Francisco Simón Piorno, repartir la píldora en las dependencias públicas de salud equivale a que «con el dinero de todos los peruanos estaríamos promoviendo el aborto».
Perú es un país de abrumadora mayoría católica, donde la iglesia tiene una notoria influencia en la sociedad pese a ser un Estado laico.
La segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, calificó de injusto que «aquellos que tienen plata no la puedan usar y quienes tienen, sí», tras destacar que la píldora no es abortiva.
Según la ONG Promsex, en Perú se venden anualmente alrededor de tres millones de tabletas del anticonceptivo oral de emergencia, una cifra superior a la que se comercializa en otros países de la región
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