Un primer grupo de mujeres demandantes recibirá un pago inicial de 3.000 euros, pero el monto definitivo de lo que deberá cancelar la empresa TÜV Rheinland en conocerá en septiembre y puede llegar hasta los 70.000 euros
Venezuela y Colombia son los países con mayor cantidad de mujeres afectadas por el fraude de los implantes PIP, prótesis mamarias de origen francés que durante 10 años se vendieron a nivel internacional, a pesar de estar rellenas de silicona industrial, una sustancia parecida a aceite para motores. Se estima que 50.000 mujeres venezolanas y 60.000 colombianas llevan o llevaron esa toxicidad en su cuerpo.
En total, son más de 200.000 en el mundo. Según las estimaciones de la Asociación que agrupa a las demandantes, Pipa World, el resto de víctimas se reparten en casi 50.000 en Reino Unido, 30.000 en Francia, 12.000 en Brasil, en México, España, Argentina e Italia, 10.000 en cada país; Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, 5.000; Ecuador, Tailandia y Hungría, 2.000 y China e Irán, 1.500.
En Australia, Turquía, Polonia, Grecia, República Checa, Rumania, Túnez, Panamá y Costa Rica también hay afectadas.
Hoy, 20 de mayo de 2021, el Tribunal francés de Apelaciones obligó a la certificadora alemana TÜV Rheinland (la aseguradora de la empresa francesa PIP) a pagar una indemnización provisional de 3.000 euros a cada una de las afectadas que, agrupadas en la asociación internacional PIPA, demandaron ante la justicia. El monto final se conocerá entre septiembre y octubre.
Por tal motivo, la asociación PIPA representada por Olivier Aumaître y Cédric Joachims, el abogado por parte de las venezolanas, Roberto León Parilli, y víctimas venezolanas y colombianas, ofrecieron una rueda de prensa para evaluar la decisión judicial y para recordar a las víctimas, de cualquier parte del mundo, que aún pueden sumarse a la demanda internacional porque no prescribe.
Las interesadas pueden escribir a [email protected] y visitar la página www.pipaworld.com.
«Es importante precisar a las mujeres venezolanas con implantes PIP, que aún no se hayan sumado al procedimiento, que todavía pueden hacerlo. No es tarde. No prescribe. Esto es porque hemos decidido separar los procedimientos judiciales», explicó Joachims.
Hasta el 30 de junio de este 2021 hay chance de sumarse al próximo grupo que demandará. Como los procesos tienen sus tiempos judiciales, es probable que la indemnización se produzca en 2022. En el caso de las venezolanas que por el control cambiario no puedan recibir su dinero, los abogados en Francia podrán guardar los fondos hasta que puedan contar con una cuenta bancaria en otro país. Otra opción es darles una tarjeta bancaria para que puedan sacar dinero de cajeros automáticos internacionales.
La decisión, que confirma una sentencia previa, cierra un caso de más de diez años al considerar que TÜV Rheinland cometió negligencia.
«Hoy es el día de la victoria para las víctimas de trasplantes fraudulentos en todo el mundo», proclamó Aumaître.
Las indemnizaciones finales para el primer grupo de afectadas se conocerán en septiembre. El abogado avanzó que ha solicitado entre 20.000 y 70.000 euros en función del grado de perjuicio sufrido por cada mujer.
En la rueda de prensa, los abogados de PIPA expresaron que prefieren un buen acuerdo que un «mal pleito», conminando a la certificadora alemana a negociar el acuerdo.
TÜV Rheinland recalcó por su parte, en un comunicado de su abogada Christelle Coslin, que la sentencia de hoy rechazó las demandas de numerosas mujeres que habían recibido su implante antes de 2006 o no pudieron probar que se les colocaron prótesis PIP.
También señaló que la sentencia es contraria a una que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017, y a otra del Tribunal de Apelación de Versalles (Francia) de este mismo año.
Sobre todo, la compañía alemana recalcó su argumento de haber sido víctima de fraude por parte de la empresa francesa PIP.
Los implantes fueron producidos por PIP, que comercializó durante diez años prótesis mamarias rellenas de silicona industrial, y gracias a la certificación de la compañía alemana pudo colocarles el sello europeo de calidad CE para distribuirlos por más de 60 países.
PIP son las siglas de Poly Implant Prothèse (Poliimplantes protésicos).
Cuando el escándalo estalló, se calculaba que podía haber varios cientos de miles de afectadas, entre ellas varios miles de latinoamericanas.
Según PIPA, más de la mitad de las víctimas han sufrido la rotura de sus implantes. Incluso en los que no se rompieron, la silicona se filtró al cuerpo y llegó a ganglios linfáticos, pulmones y otros órganos.
Los implantes se han ido retirando con el paso del tiempo pero no en todos los casos.
El fundador de PIP, Jean-Claude Mas, fue condenado en 2016 a cuatro años de cárcel por la utilización durante años de un gel fraudulento y engañar a los organismos de control y de certificación. Mas falleció en 2019 pero el efecto del fraude sigue.
En la rueda de prensa participaron algunas víctimas, que han acompañado el proceso durante los 10 años. Una de ellas es la venezolana Iris Álvarez, quien hizo énfasis en las secuelas que dejaron los PIP, tanto del tipo físico, que son las que más destacan, como las psicológicas.
«A pesar que han pasado 10 años, muchas aún portan los implantes PIP. Otras no, pero conviven con el silicón en el cuerpo. Hay cicatrices internas que no se ven. Lamentablemente hay otras que hoy no ven lo logrado, porque han muerto en el camino. Y las que quedamos, no sabemos qué va a pasar con nosotras», dijo.
Acusa a la certificadora alemana porque durante 10 años le puso su sello de garantía a un producto que no era apto para el ser humano. Eso permitió que se vendiera en todo el mundo. «Es culpable», sentenció. Luego agradeció tanto a PIPA como al abogado venezolano Roberto León Parilli.
Por su parte, el jurista venezolano contó que, hace 1o años, recibió a un pequeño grupo de mujeres que le informó de lo que estaba pasando con los implantes PIP. Desde entonces tomó el caso y no lo soltó.
«Hemos soportado 10 años de lucha en Venezuela, donde a veces no podíamos acceder ni a un euro para poder comprar una estampilla. Siempre hemos tenido apoyo de PIPA. Todavía, a diario, llegan víctimas», dijo León Parilli.
Durante esta década han visto terribles experiencias, de esas mujeres que, como dijo Irma, quedaron en el camino. «Uno de los más patéticos fue el de una muchacha que fue a Emergencias porque se le reventó una de las prótesis y, por mal manejo de anestesia, quedó vegetal. Así estuvo dos años, hasta que murió. Y siempre pienso que, si no hubiera tenido el implante PIP, no habría tenido que pasar por eso», contó.
En los próximos meses lo que queda es esperar que la certificadora alemana negocie una indemnización decente y, a la vez, iniciar nuevos procesos de demanda que, lógicamente, se encadenarán a este antecedente que hoy selló la justicia francesa.
Tras estudiar apelaciones sobre varios expedientes de este escándalo que estalló en 2010, la Corte de Casación -máximo tribunal francés- confirmó las decisiones que trataban sobre la indemnización de las víctimas.
Todas las pacientes que tengan o hayan tenido una prótesis mamaria de silicona PIP tienen derecho a una indemnización, aunque no hayan sufrido ninguna complicación, señala PIPA, la asociación de víctimas de este fraude monumental. La mayoría de las víctimas son venezolanas y colombianas.
Esta decisión es la continuación lógica de las sentencias dictadas desde 2013, todas ellas a iniciativa del jurista Olivier Aumaitre, que establecieron definitivamente la responsabilidad de TUV en la ocurrencia del escándalo PIP al que aún hay oportunidad sumar demandas
