El 25% de los nueve tipos de delitos estudiados entre enero y junio de 2022, corresponden a homicidios, muertes por intervención policial y lesiones personales. Los robos y hurtos suman casi la mitad de los delitos, siendo el Distrito Capital la región más insegura del país
El más reciente informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que recoge las cifras de delitos ocurridos en el país durante el primer semestre de 2022 reporta que se cometieron 25 mil 222 delitos en todo el territorio nacional. Estas cifras indican un promedio de 141 delitos diarios y más de mil delitos semanales.
El OVV aclara que el estudio se refiere únicamente a los delitos conocidos por las autoridades y que forman parte de las estadísticas delictivas oficiales. Es decir allí no están incluidos los delitos que no se denuncian; por lo tanto las cifras que alimentan ese reporte “están subestimadas en mayor o menor grado”.
Las cifras corresponden a 9 tipos de delitos que refieren los registros oficiales: homicidios, muertes por intervención policial, lesiones personales, secuestro, violación, robo, robo de vehículos, hurto y hurto de vehículos.
El delito con más frecuencia en el reporte es el hurto (44%), con 10.964 casos que constituyen casi la mitad de los delitos. El de menor frecuencia ha sido el secuestro (0,1%) con 36 casos denunciados. Los delitos en contra de la propiedad, violentos y no violentos, sumaron 75%; y los delitos en contra de las personas ascendieron a 25%, que incluyen homicidios (5%) lesiones personales (16%) e intervención policial (3%).
El delito de homicidio no requiere de una denuncia para que las autoridades procedan de oficio a su investigación y por consiguiente su reporte en los informes cuantitativos está registrado en la actividad de los cuerpos policiales. Sin embargo puede diversificarse como muerte por averiguación o atribuirlo a enfrentamiento policial.
Las cifras sugieren que toda la actividad delictiva registrada en los delitos contra la propiedad, violentos y no violentos, tiene como motivación la obtención de un beneficio económico, pero no deja de asombrar que se ubiquen en 6.336 los delitos en contra de las personas que fueron registrados en el primer semestre de 2022. También hay que tomar en cuenta que los homicidios y las muertes por intervención policial alcanzaron un tercio de todos los delitos en contra de las personas y por sí solas representan 8% del total de los delitos reportados.
No todas las regiones tienen el mismo índice de delitos. La lista de estados con más delitos por cada 100 mil habitantes se establece de la siguiente manera: Distrito Capital (363), La Guaira (207), Miranda (147), Barinas (119), Carabobo (111), Amazonas (93), Cojedes (92) y Apure (91). El grupo restante de entidades tiene tasas entre 41 y 90 delitos, con la excepción del estado Zulia que ostenta la menor tasa con 32 delitos.
En los delitos contra las personas que alcanzaron 25%, el más frecuente fue el de lesiones personales que dan cuenta de 16% con 4 mil 141 casos; homicidios (5%) con mil 322 casos e intervención policial (3%) con 708 casos.
El informe precisa que merecen atención los homicidios y las muertes por intervención policial que “son maquilladas por el gobierno nacional bajo la figura de intervenciones legales”, pero consideran que “existen suficientes indicios obtenidos del propio registro oficial de datos que sugieren, sin que se pueda demostrar, que son homicidios cometidos por los cuerpos policiales, bien empleando uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales”.
Por ejemplo, en los supuestos enfrentamientos de las policías con los delincuentes, en 708 casos registrados, el número de bajas civiles supera al número de funcionarios caídos en una proporción de casi 60:1 lo que debilita la tesis del enfrentamiento.
Uno de los casos más recientes que ha conmocionado a la comunidad, fue el homicidio causado por cuerpos policiales, el pasado domingo 13 de noviembre en el sector Las Casitas de La Dolorita, en Petare, estado Miranda, en el cual murió una niña de 11 años en el interior de su vivienda por disparos realizados por un grupo de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hacia las casas. Habría que preguntarse si esa muerte será clasificada como homicidio, muerte en enfrentamiento policial o pasará al grupo de muertes por averiguación.
La cifra de fallecidos por presuntos enfrentamientos con cuerpos policiales en estos primeros seis meses podría equipararse con los ocurridos durante 2021 que alcanzaron a 2 mil 332. Habría que sumarle los casos que se reportan como muertes en averiguación.
Esta categoría ha sido una de las más complejas para los investigadores y organizaciones de Derechos Humanos en el país. El Informe de 2020 de las Naciones Unidas, ratificado con recientes investigaciones en Venezuela, señala que las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que equivalen a crímenes contra la humanidad.
El informe señala que “la mayoría de las ejecuciones ilegales por parte de agentes estatales no han sido procesadas en Venezuela. La Misión halló argumentos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planearon y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”.
El informe del OVV de 2021 registró que Venezuela cerró el año con un estimado de 11.081 personas fallecidas por causas violentas, es decir 40,9 decesos por cada 100 mil habitantes. Esta tasa fue el resultado de cuatro tipos de muertes violentas: homicidios, resistencia a la autoridad, averiguaciones de muerte y desapariciones. Resaltan que 3 mil 112 homicidios fueron cometidos por delincuentes y se contabilizaron 2 mil 332 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales.
“Estimamos que hubo al menos 4 mil 3 muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte y que se consideran son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar. Adicionalmente, se pudo observar en el país un notable incremento de desapariciones, las cuales implican una presunción de muerte no confirmada por la ausencia del cadáver, lo cual llevó a diferenciar la información y establecer esta nueva categoría en la que se encontraron mil 634 personas”, indica el informe de la OVV.
En el informe del OVV de 2021 se destaca que hubo una disminución de las muertes violentas en el país; aunque las cifras siguen siendo elevadas, esa reducción mantiene una tendencia a la baja desde 2017 y desde hace tres años en las muertes por resistencia a la autoridad; pero, a diferencia, la tasa de averiguaciones de muerte se incrementó ese año.
Según el registro las muertes por resistencia a la autoridad cerraron en 2021 con una cifra promedio de 6,3 personas fallecidas cada día del año por la acción de los cuerpos de seguridad.
El informe 2021 indica que se incrementaron de manera importante los casos en los cuales la causa de la muerte permanece en “averiguaciones”; un vacío de la información criminalística que deja en el limbo a un grupo importante de fallecidos por actos violentos, por ausencia de investigación calificada o por la intención de arrojar sombras en lugar de luces sobre las causas reales de las defunciones.
En cuanto a la reducción de los homicidios, que también se registra en el primer semestre de 2022, explica el OVV que podría influir la parálisis de la economía, el control del crimen organizado de las rutas del tráfico de las drogas y de los negocios por el dominio cada vez mayor de territorios, en los cuales es el crimen organizado y no el Estado quien regula o pone coto a los asesinatos.
Una dimensión importante para entender las razones de la disminución de los homicidios en el país son los cambios que ha experimentado la composición demográfica debido a la emigración masiva. Los estudios de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi 2021) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) encontraron que más de la mitad de la población que ha migrado durante los últimos cinco años está compuesta por jóvenes entre 15 y 29 años, exactamente el mismo grupo etario más involucrado en la violencia.
Si asumimos que la migración se calcula conservadoramente en cinco millones de personas, deberían haber salido del país alrededor de 2,5 millones de jóvenes de ese renglón que ha constituido el núcleo de la violencia, ya sea como víctimas o victimarios, lo cual permite especular que pudiera haber “disminuido” drásticamente la población en riesgo de sufrir o infligir la violencia.
A ello habría que sumar los efectos causados por la deserción y la ausencia de programas de acompañamiento educativo en los sectores más vulnerables de la población. El estudio de Encovi de 2021 reportó 550 mil estudiantes menos que en el período 2019-20 y en el estudio de 2022 se reportó una ausencia de 190 menos para el período 2020-21.
Lo más sorprendente del estudio del OVV es el notable crecimiento de las llamadas “desapariciones”. Por esa razón los investigadores separaron esa categoría de la de muertes en averiguación, pues consideran que es un fenómeno creciente e importante que la sociedad debe conocer e interpretar.
Uno de los delitos que más daño ha causado a la población venezolana ha sido la corrupción; no figuran en las estadísticas oficiales y solo algunos casos muy puntuales han sido investigados parcialmente por las autoridades. La ONG Transparencia Venezuela, en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI) ha registrado cifras del monto y número de delitos que se han cometido desde instituciones del Estado.
En su investigación siguió la pista de personas de interés naturales y jurídicas con relaciones directas o indirectas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En los hallazgos determinaron la existencia de 751 personas de interés con cerca de 3 mil 919 relaciones con cientos de empresas, instituciones y agentes en 61 países. La sistematización de los datos arrojó que 182 venezolanos han sido sancionados por 57 países y que fiscalías y parlamentos de 21 naciones de América y Europa han abierto 86 investigaciones relacionadas con la corrupción en las gestiones de Chávez y Maduro. Solo en 52 de esas causas el patrimonio público venezolano comprometido asciende a 30 mil 87 millones de dólares.
El inventario de Chavismo INC. establece que fiscales estadounidenses han abierto 38 investigaciones en las cuales se habría incurrido en un daño patrimonial al país por el orden de 16 mil 49 millones de dólares, principalmente provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Por esos casos 44 personas se han declarado culpables.
Al lado de delitos, que pocas veces son reportados o procesados por los organismos delEstado como la extorsión, invasiones a la propiedad y matraca se suman también los generados por las bandas armadas organizadas que operan fundamentalmente en la frontera y en las zonas mineras, especialmente en el estado Bolívar, en donde han establecido organizaciones como el ELN, muchas de cuyas acciones no son registradas ni denunciadas.
Entre las conclusiones que destaca el OVV sobre este aspecto es que “como resultado de ese abandono y retraimiento del Estado se ha generado una nación fragmentada territorialmente. Un país en el cual las bandas armadas dominan zonas controlando el tránsito por carreteras y autopistas en las que cometen crímenes con impunidad. Son áreas en las cuales el Estado no está presente debido a la entrega voluntaria de soberanía de la política de las Zonas de Paz, por incapacidad o falta de voluntad para garantizar la protección ciudadana”.
La ONG FundaRedes ha denunciado la desaparición de 26 personas en las zonas mineras del estado Bolívar desde 2019. Según su más reciente informe “Contexto Violento” correspondiente al mes de septiembre, en ese estado la violencia ha aumentado en 31% comparado con 2021.
Estudios como los presentados por el OVV, ENCOVI y Transparencia Venezuela, entre otros, señalan que el auge del crimen organizado y la violencia, que ubica a Venezuela entre los países más inseguros del continente, tienen como principales factores el deterioro y falta de independencia de las instituciones democráticas, generado por el modelo político y económico. No es factible un camino al desarrollo, la convivencia democrática y la inserción en la economía global, si no se cambia el modelo de gestión que corrija todos estos factores asociados a la violencia.
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