Por más de tres horas, la comunidad educativa del colegio San Agustín de El Marqués estuvo en riesgo de un encuentro cercano con presos de “alta peligrosidad”, que recalaron en Caracas tras las intervenciones a siete cárceles. Esto es lo que pasó.
El martes 28 de noviembre en la mañana, efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana tomaron de improviso la calle República Dominicana de Boleíta, este de Caracas.
El despliegue de personal, provisto con armas de guerra, hacía suponer a los empleados del colegio San Agustín de El Marqués que se repetía el episodio de la fuga masiva de reos del vecino retén de la Policía Nacional, reportado en septiembre de 2019. En aquella ocasión, los delincuentes irrumpieron en las instalaciones de ese centro educativo, luego de trasponer la pared de dos metros de altura que lo separa de la llamada Zona 7.
“Eso estaba todo cerrado por los militares, desde mucho antes de la esquina para llegar al colegio. Pregunté por qué no podía pasar, pues necesitaba ingresar, y me dijeron que iba a haber un traslado de reos”, recordó una trabajadora de la institución.
Los uniformados instruían a los empleados del colegio, y a los representantes de los niños que iban al preescolar, para que usaran la entrada de la avenida Sanz.
El propio director del San Agustín, padre Marino Garrido, tuvo que salir a esa vía para cooperar con el personal que orienta el tránsito, y mitigar así el embotellamiento.
“Al rato, nos enteramos que por motivo de lo que harían con los presos habían pedido al colegio que no abrieran la puerta de atrás”, recordó.
A las 7:45 am, cuando las actividades escolares apenas iniciaban, el portón trasero se abrió para dar paso un grupo de aproximadamente 250 sujetos, algunos de ellos vestidos con el ropaje amarillo ahora característico de los reclusos. Fueron llevados hasta la cancha de fútbol del colegio, donde los militares con equipos para control del orden público habían formado un cuadrilátero. Allí, estos individuos permanecerían sentados o en cuclillas, mientras se desarrollaba lo que se conoce como un “pase de número”, es decir, un conteo.
Según el director de la ONG dedicada a la defensa de Derechos Humanos de los presos Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, toda esta movilización fue llevada a cabo en preparativo para recibir a cien reclusos de “alta peligrosidad”.
“Hemos conocido que allí estaban los prames (como laman en Venezuela a los jefes de bandas criminales que dominan las prisiones) trasladados a Caracas desde las cárceles de Yaracuy y Vista Hermosa (Bolívar) luego de las intervenciones por la operación Gran Cacique Guaicaipuro”, explicó.
Por lo tanto, no se trataba de delincuentes comunes, sino de individuos que ejercían cierto liderazgo en las megabandas que operan respectivamente en el centro occidente y el sur del país.
Las gráficas enviadas por residentes del sector, y miembros de la propia comunidad educativa, indicaban que los presos también fueron formados en las gradas del referido campo, donde tradicionalmente hacen sus prácticas los equipos del colegio.
Durante tres horas, los privados de libertad iban y venían. La empleada del centro educativo indicó que, apenas se conoció la información por redes sociales, los padres acudieron a la instalación para retirar a los estudiantes.
Al mediodía, Garrido envió un comunicado a los “padres y representantes”.
“El día de hoy en horas de la mañana se realizó un operativo por parte de la comisaría de la Zona 7.
“De manera inmediata se activaron los protocolos y la asesoría legal para el desalojo de los funcionarios. También se facilitó el retiro de los estudiantes por parte de los padres y representantes que así lo solicitaron (…)
“Garantizamos que esto no volverá a ocurrir en el futuro.
“Agradecemos el respaldo de la comunidad ante este hecho que a todos nos tomó por sorpresa”.
El uso de una instalación educativa privada para llevar a cabo un pase de número de reos de alta peligrosidad es un hecho que no tiene precedentes en la historia del país, de acuerdo con Nieto, quien tiene más de treinta años en contacto con la realidad penitenciaria venezolana.
Los presos trasladados el miércoles estuvieron desde la primera semana de noviembre en un retén de la Policía Nacional de La Yaguara, que anteriormente era un albergue para menores infractores.
Nieto explica que, con la intervención de siete internados judiciales, llevada a cabo desde septiembre por el ministerio de Relaciones Interiores, la población penal del retén de la Zona 7 ha crecido hasta superar el millar de reclusos.
Agrega que la capacidad instalada es para doscientas personas. En su criterio, esta edificación -inicialmente construida para uso industrial y de oficina- es ahora el reclusorio más grande de Caracas.
El incidente del martes ha revivido la exigencia de que esta instalación sea sacada de Boleíta.
“Esto nunca debió suceder, más con el precedente terrible de la fuga masiva de presos que hubo allí hace cuatro años”, afirmó la directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández.
Dijo que lo ocurrido en el colegio puso en riesgo la integridad física de dos mil menores de edad.
“Siete instancias del Estado tendrían alguna responsabilidad por esta situación. Pero nadie respondió, y al final solo los padres tuvieron que ir a sacar a sus hijos. ¿Quién dio la orden de invadir y violar el espacio educativo?”, dijo.
Reveló que a las 11 am se presentaron en el colegio dos jueces con jurisdicción para niños y adolescentes, que se habían enterado por las redes de lo que sucedía.
Según Hernández, era poco lo que el director del colegio podía hacer, toda vez que él “no tiene el poder de las armas que portaban los militares”.
La federación está recopilando información sobre lo ocurrido para formular una denuncia ante el Ministerio Público.
“Ese centro tiene que ser cerrado y trasladado a otro sitio”, afirmó.
*El 27 de noviembre, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, informó a los jefes de todas las unidades operativas de la Fuerza Armada que deberán permanecer acuartelados desde el viernes 1 de diciembre a las 6 pm, y que el personal adscrito a las dependencias administrativas deberá hacer lo propio el domingo 3 de diciembre, a partir de las 6 am.
“Todo el personal militar deberá permanecer localizable”, indicó el jefe castrense.
En esta oportunidad, además, ordenó que los comandantes, los jefes de despachos y los directores de los institutos educativos militares den “facilidades” a las personas bajo su supervisión “para que ejerzan su derecho al voto el día domingo 3 de diciembre, con motivo al referendo consultivo en defensa de nuestro territorio Esequibo”.
Esta decisión de última hora se une a las ya conocidas en cuanto a la activación de “patrullas” bajo el sistema 1 x 10 y la extensión de los ensayos de la votación hasta el alumnado de los institutos de educación superior, y es la consecuencia de la preocupación del oficialismo ante la perspectiva de una baja participación de la ciudadanía en esta consulta.
Un viejo mal de la sociedad ha adquirido dimensiones que amenazan con anular el funcionamiento del Estado. En Venezuela, la corrupción se ha situado nuevamente en la lista de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Las tomas pacíficas de varias cárceles indican que el Gobierno evitará dejar cualquier cabo suelto, ante la proximidad de las elecciones
Venezuela, (que en este caso el término se refiere al gobierno de Nicolás Maduro), tiene una serie de razones propias para no investigar crímenes de lesa Humanidad ni defender a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, concluye esta primera audiencia en la Sala de Apelaciones de la Corte Panel Internacional.
