Venezuela, (que en este caso el término se refiere al gobierno de Nicolás Maduro), tiene una serie de razones propias para no investigar crímenes de lesa Humanidad ni defender a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, concluye esta primera audiencia en la Sala de Apelaciones de la Corte Panel Internacional.
El gobierno de Venezuela, que encabeza el líder chavista Nicolás Maduro «no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes”, según una de las conclusiones determinantes de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) que llevó a cabo este 7 de noviembre una primera audiencia sobre la “Situación Venezuela I”, una serie de casos recopilados de presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante los últimos años por funcionarios al servicio del Estado.
Según la cobertura de la audiencia, hecha por organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos, como Defiende Venezuela y Provea, los afectados, a través de su representación en la Audiencia, afirmaron que “los elementos contextuales son vitales para determinar los crímenes de lesa humanidad”.
En la audiencia la Delegación «de Venezuela» (es decir, del Gobierno de Venezuela), presentó sus alegatos ante la Fiscalía de la Corte Penal, la Defensoría Pública de las Víctimas y la Sala de Apelaciones.
Ben Enmerson, abogado defensor del Gobierno de Venezuela ante la CPI, afirmó que ante la falta de información sobre los crímenes que la Fiscalía estaba investigando, Venezuela tenía el derecho de investigar estos asuntos internamente.
Afirmó que la notificación enviada a Venezuela en 2021 no contaba con “información suficiente”, al no incluir fechas, número aproximado de víctimas y grupos responsables de estos casos, lo que no bastaba para una respuesta acorde.
A su juicio, resulta “insostenible una respuesta por parte de Venezuela cuando solo ha recibido un listado de los crímenes que se pretenden investigar”, reseña la versión de la ONG Defiende Venezuela.
La Fiscalía respondió que “la situación no es como la describe Venezuela” (es decir, el Gobierno de Venezuela), pues la información suministrada al Estado no eran suposiciones, era información muy específica a la que pudo dar respuesta: fechas, alcance geográfico y tipos de crímenes de lesa humanidad.
A juicio de la representante de este órgano, “es el Estado quien debe demostrar que están realizando las investigaciones de los crímenes indicados”.
Por su parte la Defensoría Pública de Víctimas destacó que “Venezuela (el gobierno de Maduro) sabía cuál era el alcance de las investigaciones del Fiscal y entendió que debían iniciar las investigaciones”.
En esta etapa del proceso, el Estado venezolano debe mostrar información tangible sobre las investigaciones que ha realizado y no mencionar las acciones que hará en el futuro.
La Defensoría Pública de las Víctimas enfatiza que si no se toman en consideración estos argumentos, las investigaciones en el país NO serían efectivas pues creen que el Gobierno de Venezuela no investiga ni investigará los crímenes cometidos contra familiares y amigos de los demandantes.
Por otra parte, la Defensa del Gobierno dijo que “es el Estado venezolano el que tiene la prioridad de investigar debido a sus derechos soberanos, con el fin de evitar un doble enjuiciamiento”.
Para ONG Defiende Venezuela, el desarrollo de esta Audiencia en la Corte Penal Internacional marca un hito crucial para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
«La conclusión de que Venezuela (el gobierno) no está investigando los crímenes que podrían constituir crímenes es una confirmación dolorosa, pero necesaria, de lo que nosotros, como organización defensora de derechos humanos, hemos estado denunciando durante años. Es imperativo que la comunidad internacional se mantenga vigilante y exija la justicia que las víctimas merecen».
Defiende Venezuela
«La respuesta del Gobierno venezolano, argumentando sobre su derecho soberano para llevar a cabo investigaciones internas, no puede utilizarse como excusa para evadir la responsabilidad internacional», agrega.
«Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación, y es responsabilidad de la comunidad internacional garantizar que se haga justicia, especialmente cuando el Estado no cumple con su deber de proteger y defender los derechos humanos de su propio pueblo», agrega esta ONG.
«Las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela no están solas en esta lucha por la justicia. Las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional deben unirse para asegurar que se haga justicia y que aquellos que han sufrido atrocidades en Venezuela obtengan el apoyo y la protección que tanto necesitan», remata.
Para acceder al documento de “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela”, haz clic aquí:
Con reporte de José Ali Linares, Defiende Venezuela
La Fiscalía venezolana defiende que el sistema de justicia actúa, con más de 450 condenas de militares y policías por violar derechos humanos
En un documento de 45 páginas la Sala repasa la situación de la investigación de delitos cometidos por agentes y organismos del Estado, para anunciar que sigue adelante con la investigación.
"En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad", declaró Santiago Cantón a la cabeza del panel de expertos en Derechos Humanos y justicia internacional que estudia los crímenes de Estado bajo el régimen chavista
