Crímenes sin Castigo: en busca del control perdido en cárceles de Venezuela

El lunes 30 de octubre, el país amaneció con la noticia sobre una nueva intervención de las autoridades en las cárceles del país. Esta vez, tocó el turno a Puente Ayala, ubicada en Barcelona. Allí, de acuerdo con una migaja informativa del titular de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, permanecían 1.511 reclusos.

Las redes de la propaganda oficial divulgaron videos del almirante en jefe, parado en la puerta del penal junto con el comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Elio Estrada, mientras que los reclusos abandonaban la instalación, en perfecta fila india. Poco antes, los habían cacheado en un patio interno. Todo de forma muy civilizada, radicalmente distinta a los asedios que presenciamos en reclusorios como El Rodeo, La Planta y Yare, por citar algunos cercanos a la capital.

En esta nueva etapa de intervenciones, cuando las autoridades llegan, los líderes de los presos (pranes) ya se han ido. Cuando esto sucedió en Tocorón (Aragua), el 20 de septiembre, uno podía suponer que se trató de un caso excepcional, consecuencia de la vara alta que Niño Guerrero tuvo en sectores del oficialismo, tal y como lo afirmó el ex vicefiscal Zair Mundaraín.

Sin embargo, al ver que esta situación se repitió en los casos de Tocuyito (Carabobo) y el más reciente de Anzoátegui, es claro que estamos ante un patrón de actuación. Algo similar -aunque con matices, por supuesto- a lo visto durante las intervenciones a las grandes barriadas de Río de Janeiro, Brasil, mejor conocidas como favelas, reproducidas con posterioridad en las comunas de Medellín, Colombia.

En ambas ciudades, había amplios sectores populares donde el poder real lo ejercían los líderes de las bandas. Esta circunstancia, eventualmente, comenzó a impactar negativamente la gobernabilidad de las urbes, con consecuencias tanto en lo político como en lo económico, pues la sensación de caos alejaba a turistas e inversionistas por igual. En las primeras de cambio, las intervenciones a las favelas y las comunas se ejecutaron en forma compulsiva, con saldos de muertos, heridos y civiles desplazados. En Río, los protagonistas de estas grandes redadas (como las OLP) fueron los miembros del escuadrón BOPE, de la Policía Militar. Tal fama adquirieron que inspiraron dos libros -luego llevados al cine-, Tropa de élite.

Las quejas por violaciones a los derechos humanos obligaron a las autoridades a diseñar un nuevo mecanismo de intervención. A partir de ese momento, los blindados de la BOPE no entrarían de repente, sino luego de campañas de perifoneo y reparto de panfletos, que advertían a los líderes de las bandas sobre lo que llegaría. Estos delincuentes, entonces, abandonaron las plazas, junto a sus principales lugartenientes.

La historia de las intervenciones a las favelas y las comunas es más larga. En ambos lugares, luego de la retoma del control, se aplicaron planes de inversión pública y empoderamiento social, con distintos niveles de éxito. El delito, por supuesto, no desapareció. Pero, como me explicó un líder comunitario en la ciudad colombiana -antaño cuna de los más temibles carteles-, fue llevado a “niveles tolerables”.

Control en cárceles por hacinamiento

Como se puede apreciar, en esta nueva etapa de las intervenciones a penales venezolanos, hay algo de las experiencias de Brasil y Colombia.

El criminólogo Luis Izquiel observó que también hay un paralelismo con lo reportado en El Salvador.

“Estamos en época preelectoral. El año que viene habrá unas presidenciales, y probablemente, al estilo Bukele, quieren sacar rédito de una pacificación o normalización del sistema carcelario”, afirmó.

La divulgación a través de los canales oficiales de fotos con los reos en cuclillas, semidesnudos y agolpados en el patio de los respectivos recintos penitenciarios sería, según Izquiel, una evidencia palpable del interés de asemejarse a las ejecutorias del mandatario salvadoreño.

Una de las palabras del titular de Relaciones Interiores luego de las requisas reportadas desde el 20 de septiembre ha sido “control”. Desde luego, si las tres cárceles fueron vaciadas, quedará muy poco por controlar en ellas.

De igual forma, ha dicho que fueron desmanteladas las estructuras de delincuencia organizada. Esto remite a la noción del pranato, es decir, el gobierno ejercido por los líderes delictivos en cada prisión.

Para Izquiel, este propósito requiere de nuevas confirmaciones: tendrán que hacer lo mismo en otros cuatro internados que todavía no han entrado en lo que se conoce como el “régimen”. Son los de San Felipe, Trujillo, La Pica y Vista Hermosa.

Por lo pronto, si se dan por ciertas las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, debido a las tres intervenciones el Ejecutivo ha trasladado a otros centros penitenciarios a poco más de siete mil personas. Muchas fueron llevadas a Uribana (Lara). Pero es de presumirse que también a otros reclusorios de la región central y centro occidental. Es de esperarse, por lo tanto, que en estos destinos se agudice el hacinamiento.

Esta circunstancia podría retrasar el avance de la operación Gran Cacique Guaicaipuro 2023. Las cuatro cárceles donde todavía prevalece el pranato albergan a unos 4.800 reclusos. Esta cifra es previa a la ronda de intervenciones iniciada en septiembre. Si el Ejecutivo ha trasladado a partes de las poblaciones de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala a estas prisiones, habrá fortalecido a los máximos delincuentes de cada lugar.

De otra parte, cabe preguntarse qué sucederá con los pranes que ahora están en libertad. Según informes de la Policía Nacional, emitidos en 2021, Niño Guerrero y Richardi eran aliados, y junto a las bandas de Víctor Reales (sicario de Francisco Larrazábal y el comunicador Orel Zambrano), Los Sanguinarios del Sur y Los Guaricheros habían extendido su influencia por toda la región central del país.

En Oriente, Puente Ayala se había transformado en el principal centro de extorsiones, de acuerdo con evaluaciones de la Guardia Nacional. La mayoría era a través de mensajes telefónicos, pero también hubo casos en los que las amenazas se daban en forma presencial. Alias Pata é Queso operaba en la vía El Tigre-Ciudad Bolívar, junto a Andrés Sánchez (El Gocho). En esta nueva fase, podrían incrementarse los delitos violentos en esas zonas.

El “control” en las prisiones podría llevar la inseguridad a las calles del país.

Breves

-Las autoridades policiales colombianas solicitaron cooperación a sus pares venezolanos ante la posibilidad de que Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool inglés Luis Díaz, haya sido trasladado por la fuerza a territorio nacional.

La primera solicitud de información se produjo el pasado fin de semana, apenas se tuvo la noticia del secuestro de los progenitores del atleta, en una estación de servicio del municipio Barranca, a 18 kilómetros en línea recta hasta el límite con Venezuela.

Se solicitó una verificación en puntos fronterizos. Como se sabe, apenas horas después del plagio fue liberada Cilenis Marulanda. Pero al momento de la redacción de esta nota Díaz padre permanecía en cautiverio. Unidades especializadas de la Policía Nacional y del Ejército colombianos desarrollan operaciones de búsqueda en fundos adyacentes al municipio. Intentan impedir cualquier movilización de los captores. Pero, simultáneamente, han advertido a los cuerpos de seguridad venezolanos que el hombre pudo ser llevado a algún punto del estado Zulia. Según pulzo.com, las pesquisas apuntan hacia un grupo de delincuencia común, que también se ha involucrado en el tráfico de pequeños alijos de droga a Venezuela.

El gobierno colombiano ofreció 200 millones de pesos en recompensa por información que conduzca al paradero del papá del afamado delantero.

*Mientras aumentan las tensiones entre Venezuela y Guayana, el gobierno de Georgetown da un giro de 180 grados en el tratamiento dispensado a los emigrantes que huyen de la emergencia humanitaria venezolana. El 30 de octubre, el rotativo Kaieteur News informó sobre la deportación de cien personas que fueron detectadas cuando cruzaron la frontera de forma irregular, en lanchas. En la operación participaron efectivos de las Fuerzas de Defensa de Guyana y de la policía de ese país. Los emigrantes fueron retenidos una noche en la estación de bomberos de Anna Regina, y trasladados de nuevo a la línea fronteriza en un avión. Simultáneamente, el Stabroek News reportó que otros venezolanos permanecían en las afueras de la estación policial de la Región II, en la misma población.

“Necesitamos ayuda, tenemos unos niños y tienen alergias, necesitan agua, necesitamos un lugar seguro. No queremos regresar a Venezuela porque Venezuela no está en buenas condiciones, ni para nosotros ni para los niños. Ayúdanos”, dijo una de las venezolanas, poco antes de ser deportada.

Durante los traslados de regreso, algunos de los emigrantes han intentado escapar. Otros, se arrojan de las lanchas que los transportan hacia Guyana, apenas perciben que pueden ser detenidos. Los propios medios informativos observan que, en las últimas semanas, se han multiplicado los puntos de llegada de los emigrantes. En agosto, la plataforma de coordinación de ayuda humanitaria R4V estimó en 21.700 el número de venezolanos que residen en ese país.