¿Y qué hacemos con los escombros? El terremoto nos deja otro gran reto
El debate sobre la disposición final de los escombros generados por la devastación provocada por los sismos del 24 de junio está servido. Y es urgente. La perspectiva científica ayuda a entender la magnitud del problema
La creciente cantidad de fallecidos es la capa más notable e importante de la tragedia que devastó al litoral centro-occidental y a parte de la región capital de Venezuela el 24 de junio de 2026. Pero hay otras capas; el ambiente es una de ellas.
En el momento en que la falla de San Sebastián liberó desde el subsuelo aquel golpe masivo de energía que se abalanzó hacia la Cordillera de la Costa y que en pocos segundos sacudió a Catia la Mar, Caraballeda y Macuto, la tragedia se empezó a alojar también en la capa ambiental. No lo vimos al instante. La necesidad de salvar la mayor cantidad posible de vidas ocupó nuestras urgencias. Pero el paso de los días lo fue dejando en evidencia. Una crisis ambiental que ya no era culpa del terremoto sino de la política, empezó a abrirse paso en forma de ecocidio, producto de arrojar al mar Caribe los escombros de los edificios que se derrumbaron.
Desde la semana pasada distintos medios de comunicación han confirmado que varias secciones del litoral varguense están siendo utilizadas como sitio de disposición final de esos escombros. No está claro si la acción ha sido ejecutada por particulares afectados que lograron contratar maquinaria para removerlos y recuperar los cuerpos de sus familiares o por los propios organismos del Estado, pero es un hecho que tanto la recolección como la disposición de estos se está haciendo de forma arbitraria y anárquica en uno de los ecosistemas más importantes de la geografía venezolana: la hoya caribeña.
“Los escombros se caracterizan por ser materialmente heterogéneos en su contenido. Aproximadamente la mitad de su volumen se constituyen en residuos de concreto, asfalto, arenas y ladrillos, y a su vez incluyen metales diversos, vidrio, asbesto, aislantes, tuberías, cableado. Las zonas costeras no son consideradas, en absoluto, como sitios idóneos para la disposición de residuos ni para relleno sanitario, ya que el contacto permanente con el mar representa un riesgo de difusión de contaminantes”, le explica a El Estímulo el profesor Joel Mejía Barazarte, geógrafo de la Universidad de Los Andes (ULA) y doctor en ciencias de la Universidad Eberhard Karls-Tuebingen de Alemania.
Mejía considera que la disposición masiva de escombros en el litoral no solo afectaría la geomorfología de la faja costera en La Guaira a escala local, sino también la de los ecosistemas acuáticos.
“En una masa de agua como el mar Caribe existen corrientes internas impulsadas por la direccionalidad de vientos que, en este caso, tienen potencial de transporte y difusión. Recuerdo cuando ocurrió el evento de Vargas, en 1999, que muchos solutos y cadáveres humanos fueron arrastrados al mar por los flujos de detritos que bajaban de la montaña. Todo este material fue transportado y depositado en lugares remotos como el Parque Nacional Morrocoy. El riesgo de arrojar los escombros en estos lugares puede repetir ese escenario”, agrega.
Gustavo Carrasquel, director de la Fundación Azul Ambientalista, coincide con Mejía sobre la degradación ecosistémica asociada a la incorporación de sustancias y materiales derivados de los escombros.
“Es una osadía decir que los escombros pueden ser transportados de forma masiva desde La Guaira hasta otros lugares del Caribe. Los escombros son materiales pesados de construcción; concreto generalmente, y el concreto está compuesto de cemento y cabillas”, advierte: “Sin embargo, otros elementos más peligrosos como el yeso, la cal y el plomo que desprenden las pinturas sí pueden viajar por suspensión en el agua, pero es un proceso muy lento que dependerá de las corrientes y de las mareas. Los mayores efectos de esto se producirán en el mediano y largo plazo”.
Biodiversidad en jaque
Hay una certeza en la capa ambiental de la tragedia: la diversidad biológica será la principal afectada por la degradación de sus ecosistemas al recibir los escombros y los solutos que se desprendan de ellos cuando se diluyan en el agua y se diseminen.
Las matrices de opinión que han proliferado, principalmente en las redes sociales, señalan a grandes rasgos y de forma muy general que “los arrecifes coralinos de La Guaira serán los más afectados por la introducción de los escombros”, sin embargo, en esta franja costera –a diferencia de parques nacionales como el Archipiélago de Los Roques, Morrocoy o Mochima– no hay sistemas arrecifales.
Pero es un hecho que otros eslabones de esa diversidad biológica sí llegarán a verse gravemente afectados. Los poríferos (esponjas marinas), por ejemplo, tienen presencia en el lecho marino inmediato a esa zona costera y la introducción en el cuerpo de agua de sustancias y micropartículas externas afectará su capacidad de ofrecer servicios ambientales asociados a su rol de bioindicadores del cambio climático.
En conversación con El Estímulo, el profesor venezolano Lenín Oviedo, doctor en oceanografía del Instituto Interdisciplinario de Ciencias del Mar (México) y consultor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), menciona a algunas de las especies vivas más afectadas por el vertido de escombros en los ecosistemas acuáticos de La Guaira:
“Los organismos más directamente vulnerables son aquellos con baja movilidad o asociados al fondo: esponjas, moluscos, crustáceos y otros invertebrados bentónicos. También pueden verse afectados huevos y larvas de peces. Peces costeros pueden sufrir pérdida o alteración de hábitat y de recursos alimentarios, al igual que las tortugas marinas y las aves costeras, debido a los cambios físicos de las playas donde desovan y anidan. A escalas tróficas superiores, especies como los delfines u otros grandes depredadores, sufrirían efectos indirectos, asociados a cambios en la distribución y disponibilidad de sus presas”.
Para Oviedo, el impacto potencial que recibirá la biodiversidad ante este hecho tiene dos dimensiones, una física y otra química.
“Debido a la heterogeneidad de los escombros, me preocupa el impacto físico a la biodiversidad, pues la disposición de grandes volúmenes de ellos en una playa puede sepultar comunidades del intermareal, modificar la granulometría del lecho marino y alterar procesos erosivos naturales. La segunda preocupación es la composición química, pues no es lo mismo depositar roca limpia que residuos provenientes de estructuras urbanas, ya que éstas últimas le dan cabida a la movilización o lixiviación de contaminantes”, explica.
Además, Oviedo ve plausible una degradación de mayor alcance debido al “rafting biológico”, un proceso de dispersión que ya ha ocurrido en Venezuela, en contextos como el de la proliferación del coral invasor Unomia stolonifera.
“Los residuos flotantes pueden funcionar como sustratos de transporte para organismos adheridos y contribuir a la dispersión de especies fuera de su rango habitual. Los informes técnicos internacionales reconocen explícitamente la dispersión por rafting y el transporte de especies exóticas invasoras como impactos asociados a los residuos marinos”.
El rol del Estado venezolano
La normativa para proceder con celeridad y eficacia ante esta coyuntura ya está establecida, y en todos los estratos de la pirámide de Kelsen hay al menos un instrumento legal que le otorga capacidades al Estado para actuar con transparencia. Sin embargo, no ha sido el caso.
La Ley Integral de la Gestión de la Basura, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres y el Decreto N° 2.216 conforman el marco legal más específico para lograr una correcta disposición de escombros en La Guaira.
Existen, además, otros instrumentos como la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley de Bosques, la Ley de Aguas, la Ley de Zonas Costeras, el Plan de Ordenación y Gestión de Zonas Costeras y la propia Constitución de la República, que prescriben recomendaciones directas e indirectas para proceder ante la problemática.
El 12 de julio, Jorge Rodríguez desmeritó las denuncias hechas por la sociedad civil ante las evidencias de la disposición de escombros en el litoral varguense. Un día después, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) emitió un comunicado que exhorta a la ciudadanía a abstenerse de arrojar escombros en la costa, al mismo tiempo que facilitó vías de contacto para denunciar ilícitos ambientales de este tipo.
Fotos: Daniel Hernández
En distintas publicaciones oficiales en redes sociales, el Minec informó sobre la creación de once (11) puntos de clasificación, separación y tratamiento de los escombros in situ, así como la habilitación de vertederos y rellenos sanitarios destinados a la disposición de los escombros. No queda clara, sin embargo, la ubicación exacta de esos lugares. Nelson Rodríguez, ministro de Ecosocialismo, informó que “han sido recolectadas 6.712 toneladas de desechos sólidos y escombros, que han sido dispuestos en sitios seguros”.
Una fuente interna del Minec, cuya identidad es preservada, le explicó a El Estímuloque apenas se supo de la disposición indebida de escombros en la faja costera, el ministerio elaboró un informe técnico basado en la normativa legal con recomendaciones para la gestión post-terremoto de los residuos sólidos, el cual sería entregado a los rectores de la Misión Venezuela Renace.
La fuente comentó que algunas dependencias de Naciones Unidas contactaron a las autoridades ministeriales para articular esfuerzos a favor de la búsqueda de soluciones con base en los protocolos y procedimientos estandarizados de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA), creados en el año 2008 y actualizados en 2025.
Una nota de prensa del Minec confirmó dicha información, cuyo corolario es un “plan para el manejo seguro de escombros”, del cual no se conocen detalles más allá de lo que menciona el propio comunicado, pues no ha sido publicado. La nota de prensa menciona la articulación del ministerio con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC); además, dice que “el objetivo del plan es lograr un manejo de escombros que mitigue los riesgos ambientales y que no comprometa la salud pública”.
Hasta el momento del cierre de esta edición, ni la alcaldía del municipio Vargas, ni los voceros de la Misión Venezuela Renace, entes encargados de la gestión de los escombros, respondieron a la solicitud de información para este reportaje.
El plástico: otra cara del problema
El Caribe venezolano es una de las regiones oceánicas más contaminadas con plástico en Sudamérica. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país genera casi 15 mil millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales más de 500 mil toneladas son plásticos y apenas cerca del 2% se recicla.
Gran parte de este plástico termina en la hoya Caribe, por contaminación directa en el cuerpo marino o porque se incorpora en sus ríos tributarios. En cualquier caso, el plástico mezclado entre los escombros y residuos urbanos heterogéneos que están siendo arrojado a la franja costera luego del terremoto, aumentará a niveles preocupantes la cantidad existente de este tipo de material.
Sobre ello, Mariana Hernández Montilla, bióloga de la Universidad del Zulia (LUZ) e investigadora de la Universidad de Manchester, explica: “La costa que hoy recibe los escombros ya venía recibiendo plástico de forma crónica. Aunque la mayor parte de esos escombros es concreto, también hay una fracción importante de pertenencias y enseres; hay cifras que estiman unas 332.000 toneladas de pertenencias. Además, hay que incluir los plásticos propios de la construcción: tuberías de PVC, aislamiento de cables, marcos de ventanas, espumas aislantes, pinturas, textiles sintéticos. Todo eso aporta una carga plástica difícil de calcular, pero alarmante”.
La bióloga considera, además, que depositar residuos plásticos directamente en la zona de rompiente de la marea hace que el oleaje los fragmente más rápido hasta convertirlos en meso y microplásticos, facilitando su entrada en la cadena trófica, lo cual perturba la salud no solo del ecosistema, sino de los seres humanos.
Hernández Montilla coincide con el oceanógrafo Lenín Oviedo en cuanto a las afectaciones a la biodiversidad. La investigadora considera que, además de las esponjas y comunidades bentónicas, otras especies como los erizos, caracoles y mejillones, bivalvos y balanos, las macroalgas y los poliquetos, se verán especialmente afectados, sobre todo con el aumento exponencial en la presencia de microplásticos y cuando el agua se haga más turbia por la desintegración de los escombros.
¿Soluciones?
Es imperativo que el Estado venezolano interrumpa la inacción sistemática que lo ha caracterizado al atender el problema, y que al menos en la capa ambiental de esta tragedia predomine la cordura.
Los escombros que hasta ahora han sido dispuestos en la franja costera de La Guaira ya han causado un impacto ambiental inconmensurable. Todos los procesos físicos y químicos mencionados por los expertos entrevistados empezaron desde el momento en que la marea hizo contacto con la mezcla heterogénea de residuos. Entonces, las soluciones que han de aplicarse inmediatamente son acciones de mitigación.
El profesor José Ramón Delgado, oceanógrafo venezolano de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil) y director ejecutivo de la Fundación Caribe Sur, ofrece a El Estímulo algunas luces procedimentales para la coyuntura:
“Es urgente la conformación de centros de triaje donde se clasifiquen y separen los diferentes tipos de escombros. De allí saldrán materiales para emplearse en distintas obras ingenieriles”.
Delgado explica que la costa varguense tiene una particularidad topográfica determinante y es que prácticamente carece de plataforma. El continente se hunde en el mar como una prolongación del perfil de tierra firme y a solo 15 kilómetros de la costa, aguas adentro, el fondo marino cae rápidamente cientos de metros (entre 250 y 400 metros de profundidad).
“Esta característica hace que la dinámica del oleaje y de las corrientes marinas sea muy activa y eso intensifica los procesos erosivos en la costa rocosa, donde las playas son inestables. En tal sentido, es una buena oportunidad para darle un tratamiento adecuado a todo el concreto que fue arrojado al litoral. Es un material idóneo para ser procesado, construir espigones y reforzar los rompeolas que ayudan a controlar la inestabilidad de esas playas”.
La bióloga Mariana Hernández, por su parte, considera que, así como ocurrió con la ventana de tiempo para lograr el rescate de la mayor cantidad de vidas humanas posible luego del terremoto, los lapsos para actuar con eficacia y evitar un ecocidio se achican cada día.
“Lo urgente es detener el vertido, pero además, retirar y reubicar lo ya depositado antes de que el oleaje lo fragmente y lo distribuya. Hay talento técnico y científico venezolano suficiente para ello. Lo imprescindible es trasladar los escombros tierra adentro, alejados de la costa y de otros cuerpos de agua, para así clasificar, triturar y reciclar el concreto. Luego de eso, es necesario el monitoreo ambiental con una línea base de la calidad del agua, y así medir su impacto futuro, considerando la turbidez y la presencia de metales pesados, hidrocarburos, sedimentos y microplásticos”, agrega la bióloga.
Para el oceanógrafo Delgado, todas las acciones deben enfocarse con miras a un plan de recuperación ambiental de zonas afectadas.
“En el año 1999, además de sobreviviente de la tragedia de Vargas, yo era director de Áreas Marino-Costeras del extinto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN). Luego del deslave elevamos un plan maestro que incluía estrategias para delimitar el suelo en función de sus vulnerabilidades y riesgos. No fue tomado en cuenta. Quizás esta sea una nueva oportunidad para planificar seriamente la ocupación del territorio en ese litoral, estableciendo un modelo inédito para Venezuela en el que se tome en cuenta la vulnerabilidad socioambiental y se respete la capacidad de carga; que considere el desarrollo sostenible como premisa y la infraestructura se erija sobre la base de la gestión de riesgos ambientales”.
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